De La Redacción

Estados Unidos es el único país desarrollado que niega permiso de trabajo y ayuda gubernamental a solicitantes de asilo político, empujando muchas veces al solicitante a mendigar o a ubicarse al margen de la ley, acusa un informe de la organización de Derechos Humanos (Human Rights Watch, HRW ) y de la Facultad de Derecho de la Universidad Seton Hall, dado a conocer hoy por el periódico Huffington Post.

El informe, de 56 páginas y que lleva el nombre de «Al menos déjenlos trabajar: La denegación de permisos de trabajo y asistencia a los solicitantes de asilo en Estados Unidos» (At Least Let Them Work: The Denial of Work Authorization and Assistance for Asylum Seekers in the United States), recomienda dejar de prohibir al solicitante de asilo el permiso de trabajo; pues sus casos, dice, no son para nada frívolos sino que se tratan de abusos atroces cometidos contra su integridad en sus países de origen.

Un caso concreto que ilustra estos crímenes y abusos es el del empresario Alfredo Olguín, quien solicita actualmente asilo político desde El Paso Texas, Texas, y que tuvo que salir huyendo con su familia de Ciudad Juárez, Chihuahua tras el una serie de amenazas y extorsiones del crimen organizado que culminaron primero con el asesinato de su hijo, y después con la huida de esa ciudad. Él denuncia el horror de cómo el crimen organizado extorsiona, secuestra y asesina a las familias con auspicio de las autoridades mexicanas, federales, estatales y municipales, según declaró en días pasados a Línea Abierta, de Radio Bilingüe.

“En el año 2009, que me asesinan a mi hijo, de 23 años, en mero enfrente de la Procuraduría General de Justicia federal, ni siquiera la policía federal fue para salir al oír los disparos, para ver que pasaba… Una impunidad terrible”, dijo el empresario, quien a través de los micrófonos de Noticiero Latino pidió al presidente Obama aligerar los requisitos para otorgar asilo político a las familias afligidas y expulsadas por la violencia del narcotráfico y otras causas que viven familias como la suya.

“Quisiera pedirle -a Obama- que no sean tan severas las leyes con los mexicanos que pedimos asilo político en Estados Unidos. Nosotros somos gente de trabajo, empresarios que no venimos en busca de ‘papeles’ ni de algunos beneficios del gobierno. Simplemente queremos vivir en paz y empezar una nueva vida dentro de este país… No somos rufianes, somos personas que vivíamos en paz en nuestro país, pero que desgraciadamente tuvimos que salir… prácticamente nos echaron fuera”.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) impone restricciones al trabajo y a la asistencia pública para los solicitantes de asilo, “al parecer con el objetivo de desalentar las solicitudes frívolas… dañan y degrada precisamente a las personas que más necesitan apoyo y protección», sostiene Bill Frelick, director del programa de refugiados de Human Rights Watch.

Los lapsos de espera que el gobierno de Estados Unidos somete al solicitante de asilo político suelen ser de 150 días después de presentar una solicitud, más 30 días adicionales para procesar la aplicación; a menos que se le conceda el asilo al solicitante -cosa muy rara- antes de que se acabe este plazo. “El reloj que cuenta los días se detiene cada vez que el gobierno determina que el solicitante ha retrasado el proceso por algún error de papelería o cualquier otra razón. Sin embargo, en la práctica no está claro exactamente por qué lo detiene dice el estudio, y después reinicia el reloj.

“En 2011 el reloj se detuvo en algún momento para 262 mil 25 solicitantes”, o el 92 por ciento de todos los casos pendientes, de acuerdo con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. “Una vez que el reloj se detiene, también lo hace la posibilidad de solicitar la autorización de empleo, lo que deja a muchos solicitantes de asilo sin medios para mantenerse durante muchos meses o incluso años”.

En julio el Senado aprobó el proyecto de ley de reforma migratoria S.744, “que eliminaría el procedimiento de detención del ‘reloj’ de asilo durante el período de solicitud”, afirma la fuente. El Congreso aún no ha examinado dicha enmienda.

Bill Frelick señala que «El proyecto de ley del Senado mejora la ley actual al eliminar el reloj de asilo, pero mantendría la prohibición de trabajar durante los 180 días después de presentar la solicitud de asilo… Dentro del marco de una reforma integral de la ley de inmigración, el Congreso debería permitir que los solicitantes de asilo pidan autorización para trabajar al mismo tiempo que presentan sus solicitudes de asilo, a menos que sus aplicaciones sean consideradas frívolas», recomendó Frelick en el estudio.

Fotos: Human Right Watch