Marco Vinicio González

Históricamente hemos visto como los trabajadores de más bajos salarios suelen ser ignorados o puestos en el último lugar de las consideraciones políticas y económicas de los gobernantes de turno, sean estos del partido que sean. Porque el gran capital controla al gobierno detrás de la escena, y muchas veces de manera no tan discreta, con multimillonarios equipos de cabildeo que redactan legislaciones, y jugosas donaciones de campaña a los candidatos a puestos de elección popular; sean estos alcaldes, gobernadores, legisladores o presidentes de Estados Unidos. Y aunque hay similitudes esenciales entre los partidos políticos dominantes, sin embargo hay también una importante diferencia entre ellos.

Como hemos visto particularmente en la última década, controlando Asambleas y congresos estatales a través de manipulación de líneas distritales (gerrymandering) y tácticas de supresión del voto los republicanos ahora con mayoría en el Senado, la Suprema Corte y con el presidente de Estados Unidos han llevado este paradigma de dominación a niveles francamente perturbadores. Sobre todo ahora que el país vive una pandemia de Covid-19 que ha matado en dos meses a más de 60 mil estadunidenses –contados-, casi el mismo número de los que murieron en la guerra de Vietnam en 10 años o más.

Además, sin saber qué pasa con por lo menos el 90 por ciento de los habitantes de Estados Unidos, a los que no se les ha hecho una prueba de coronavirus, y se sabe que muchos de los casos positivos son asintomáticos, el millón de personas que han dado positivo en Estados Unidos le confiere a este país la tercer parte de las infecciones de Covid-19 de todo el mundo.

Dejaremos de lado por un momento al epicentro de la pandemia en Estados Unidos, o sea al área metropolitana de Nueva York, para enfocarnos en el Estados Unidos rural. Y de los tres principales focos del brote de este mortal virus (empacadoras de carne, prisiones y centros de cuidado a largo plazo o nursing homes), hablemos de las plantas procesadoras de carne para señalar un comportamiento de las autoridades estatales y federales que visto con honestidad y a la luz de los hechos y datos más recientes debe considerarse criminal.

Escojamos sólo por esta vez a Iowa, con 6 mil 843 casos de Covid-19 confirmados y 148 decesos según cifras muy conservadoras del New York Times.

El Sheriff Tony Thompson, del condado de Black Hawk, expresó ayer en cadena nacional a MSNBC su profunda frustración con la planta procesadora de carne Tyson, que está en el centro de un importante brote de coronavirus. Y veamos también lo que hace el liderazgo estatal y federal, que está impulsando una peligrosa agenda de reapertura de la economía poniendo aún más en peligro “no sólo a sus trabajadores sino a toda nuestra comunidad”, dijo el Sheriff.

Cualquier persona con un grado mínimo de entendimiento podría pensar que un centro de trabajo con tal número de infectados simplemente no puede operar. Con todo, “Nuestra principal preocupación es que Tyson es una parte importante de nuestra agroeconomía”, afirmó Thompson.

En el condado de Black Hawk hay actualmente mil 300 infectados y 13 muertes, casi un 40% de ellas en la planta procesadora. Pero lo mismo pasa en South City, o en Waterloo, donde de acuerdo con la fuente 44% de los 2 mil 700 trabajadores de dicha planta se hallan infectados, así como otros condados de en Iowa en general, y en Arkansas, Dakota del Sur, Ohio y otros estados de esa área rural estadunidense.

“Nosotros definitivamente queremos que abra -Tyson. Reconocemos que esos 2 mil 700 empleados probablemente viven de cheque a cheque… Pero la reapertura de la planta –que cerró temporalmente por recomendaciones de las autoridades de salud-, debe hacerse de manera segura. Y yo no siento que ahora esto sea posible. Porque la orden ejecutiva –que Radio Bilingüe publicó oportunamente-, liberada por el presidente indica que nosotros no vamos a tener ningún control sobre la situación”.

Thompson hizo un recorrido con las autoridades locales de salud, que condujo al cierre temporal de la planta hace unas semanas. dichas autoridades ordenaron también se realizaran pruebas de coronavirus a los trabajadores de la planta. Pero las pruebas se suspendieron súbitamente y el cierre también, cuando los ejecutivos de Tyson comenzaron a ver el enorme número de casos de infecciones y la gobernadora republicana, Kimberly Kay Reynolds ordenó que cesaran las pruebas, excepto para los ejecutivos y el personal administrativo de alto rango, y ordenó que la planta reanudara sus operaciones.

“El daño está hecho. Ahora en nuestra defensa, las instituciones correccionales, las salas de emergencia, los nursing homes, 5 de los cuales estamos monitoreando con nuestras propias enfermeras y personal de cuidado… Hemos descubierto casos positivos en la cárcel. Un compañero de habitación de un trabajador de Tyson infectó a su esposa y ésta trajo el virus al nursing home donde trabaja. Quiero decir que ¡esto es ridículo! Y ahora tenemos a la gobernadora apoyando la apertura de la planta. Obviamente nos importa la economía del condado, pero de nuevo, mi mayor preocupación son mis ciudadanos y su seguridad pública. Y me gustaría estar persiguiendo a los delincuentes en lugar de estar persiguiendo al virus”, dijo Thompson a MSNBC con visible enfado.

En medio de tanta mortandad, que desde luego en este ejemplo que escogimos recae en los trabajadores, la gran mayoría de ellos inmigrantes latinos, la gobernadora Reynolds no sólo ordenó la reapertura a los negocios de Iowa, sino que ordenó también que los trabajadores que decidan no ir a trabajar por temor al brote de coronavirus en su centro de trabajo serán despedidos sin derecho a ningún beneficio de compensación laboral o de desempleo.

Y lo mismo hizo el gobernador republicano de Nebraska, Pete Ricketts, en lo que parece ser la estrategia política de los republicanos para reabrir la economía de sus estados, y en general del país, como forma de “combate” a la pandemia.

Por si esto no bastara, donantes de campañas políticas a republicanos y líderes de este partido han lanzado un ataque legal contra las restricciones que intenten estados y gobiernos locales –demócratas- para tratar de detener la propagación del coronavirus.

William Barr, Procurador General de EE UU. Foto: https://www.youtube.com.

Estas acciones de los republicanos se han visto reforzadas no sólo por la orden ejecutiva del presidente Trump y los medios de comunicación conservadores, léase Fox News y Breitbart, principalmente, para impedir que cierren las plantas procesadoras de carne preocupadas por el brote de cornavirus. Ahora se ha sumado a la carga el Departamento de Justicia liderado por el abogado de Trump que hace las veces de Procurador General, William Barr.

Lo que ha hecho Barr es desmantelar los esfuerzos legales de las entidades locales y estales que intentan detener la propagación de la pandemia y limitar el número de muertes por esta causa. Amenazándolos con demandas legales.

Por eso estas acciones del gobierno federal, los legisladores, los cinco jueces en Corte Suprema republicanos, así como de los referidos medios de comunicación se antojan criminales.

Otros casos similares ocurren en las prisiones, y otros brotes de coronavirus están golpeando fuertemente a los centros de cuidado a largo plazo, los nursing homes o asilos de ancianos. Pero este último tema será abordado hoy con mayor amplitud en el programa de Línea Abierta de Radio Bilingüe en su horario habitual de mediodía (tiempo del Pacífico).

Esté pendiente■