Presidente Barack Obama. Foto: La Casa Blanca.
Maribel Hastings
America’s Voice
Esta semana el presidente Barack Obama pronuncia su último discurso sobre el Estado de la Unión en medio de dos grandes contradicciones. De una parte, la Corte Suprema de la nación podría decidir si considera o no el caso que tiene el potencial de destrabar las acciones ejecutivas migratorias que ampararían de la deportación a millones y que el Departamento de Justicia de esta administración está defendiendo. Y de otra, el mismo gobierno, a través de su Departamento de Seguridad Nacional (DHS), está deportando a madres y niños centroamericanos, en muchos casos quizá a una muerte segura, sin el debido acceso a una asesoría legal que garantice la obtención de asilo. Y en el proceso está aterrorizando a toda una comunidad inmigrante.
Si supuestamente las deportaciones se centran en criminales y personas que representen una amenaza a la seguridad nacional, la pregunta obligada es qué peligro suponen niños y madres que vienen huyendo de una violencia rampante y de miseria, producto no sólo de la corrupción de los gobiernos de sus países de origen, sino del reinado de pandillas y de narcotraficantes, cuyo negocio se lucra de los consumidores de drogas de este lado de la frontera. Y ni entremos a hablar de las políticas intervencionistas de Estados Unidos en América Latina para avanzar sus intereses, dejando una estela de destrucción que se convirtió en caldo de cultivo para muchos de los presentes problemas.
Cuando en 2014 comenzó la oleada de menores centroamericanos llegando solos a la frontera o con sus madres, la reacción inicial fue depositarlos en centros de detención como criminales. Pero luego de la presión comunitaria, el gobierno accedió a escuchar sus peticiones de asilo. Sin embargo, uno de los problemas centrales ha sido la falta de representación legal adecuada que permita el éxito de dichas solicitudes de asilo.
La administración Obama argumenta que hay que «enviar un mensaje» para evitar oleadas como las de 2014 y 2015. Los recientes ingresos, dicen, son prioridad de deportación aunque el sesudo argumento pase por alto adónde los deportan y la oscura suerte que correrán, e ignore que es un problema de refugiados buscando asilo, no un asunto meramente migratorio.
Ahora que Obama entra en el último año de su presidencia, paso revista por sus desaciertos migratorios; el primero de ellos, el no haber impulsado la reforma migratoria cuando su Partido Demócrata controlaba el Congreso. Fue un error garrafal magnificado por la ola de deportaciones, casi 3 millones, que han marcado su presidencia, y que supuestamente habían priorizado para centrarse en criminales, aunque ahora se contradigan.
En honor a la verdad, lo positivo se obtuvo por una lucha a muerte de parte de una comunidad inmigrante liderada por los Dreamers o Soñadores, que no cejó ante la negativa de la administración Obama de concederles una Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que se dio en año electoral y ante el temor de que la falta de alivios migratorios generara apatía entre los votantes latinos.
para amparar de la deportación a muchos de los padres de los Soñadores. Las acciones ejecutivas aún están en un limbo legal.
Pero cuando Obama pronuncie su último discurso sobre el Estado de la Unión, lo hará aplicando una política cruel contra refugiados centroamericanos, más probable de parte de un republicano recalcitrante que de un demócrata que ganó la presidencia prometiendo una reforma migratoria. Lo que revuelve sus desaciertos y la cruda realidad de que la comunidad inmigrante aún aguarda por el cambio y la esperanza que prometió en 2008.
El estado de su actual política migratoria hacia centroamericanos buscando un merecido asilo es, Señor Obama, una verdadera vergüenza■
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
