A pesar de que la ley federal establece el derecho de todos las personas a recibir instrucción escolar en las escuelas públicas de este país independientemente de su estatus migratorio, el caso del estado de Alabama contradice el espíritu de la ley. Porque la gran mayoría de sus escuelas piden a los padres inmigrantes el número de seguro social o el acta de nacimiento de sus hijos al momento de inscribirlos. No obstante, el Superintendente escolar de esa entidad, Tommy Bice envió una circular a todos planteles públicos del estado, aclarando que no es obligación o necesario mostrar dichos documentos. Esto lo hizo Bice luego de que el Proyecto Legal para la Pobreza del Sur (The Southern Poverty Law Center) sometiera una queja basada en un estudio que señala que el 70 por ciento de las escuelas del sistema de educación pública de Alabama ha estado utilizando prácticas de inscripción que violan las prohibiciones federales contra la negación o que desalientan la inscripción de los niños inmigrantes. Porque los formularios de inscripción siguen pidiendo un número de seguro social o certificado de nacimiento.
En esta primera parte del Programa de Línea Abierta que se transmitió ayer en Radio Bilingue, con ayuda de una especialista del Proyecto Legal para la Pobreza del Sur, y con la participación de una madre de familia inmigrante en Alabama se analiza este asunto bajo la conducción de Chelis López, como parte de nuestra serie Diploma en Mano. El programa es parte también de American Graduate, Let’s Make it Happen!, una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar, con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública.
Cuando estos defensores de los derechos civiles investigaron a fondo cada uno de los 134 distritos escolares de Alabama y descubrieron que casi cien de esos distritos pedían indebidamente a los padres de familia el número de seguro social y/o el acta de nacimiento, así como otros documentos de sus hijos a la hora de matricularlos, pusieron manos a la obra.
Sharada Jambulapapi, activista comunitaria del Southern Poverty Law Center en Montgomery, Alabama, fue parte del equipo encargado de hacer una investigaciones sobre el tema. Ella dice que notificaron sobre sus hallazgos al Departamento de Estado de Alabama y a los distritos escolares sobre las violaciones que muchas escuelas públicas estaban cometiendo, y sostuvieron una reunión con el gobierno estatal y el superintendente escolar del estado, Thomas R. Bice, a quien enviaron una carta sobre la situación de los distritos escolares en el contexto de la ley federal y lograron que se estableciera un formulario uniforme para todas las escuelas, que evita que se repitan estas prácticas y que Bice circuló a todos los planteles educativos del estado.
“Ellos ya no pueden pedir un seguro social o un certificado de nacimiento”, dijo Sharada Jambulapapi.
Pero, ¿qué hay en el trasfondo de estas políticas de admisión y registro de estudiantes inmigrantes? ¿Se tratará realmente de falta de información o mala comunicación entre el sistema escolar y los padres de familia al momento de la inscripción? ¿O estamos ante un problema de racismo?, pregunta Chelis López.
Jambulapapi acepta no saber cuál es el problema, en general, “pero después de la ley antinmigrante, HB 56 de Alabama, hubo problemas; porque esa ley permite a las escuelas solicitar el seguro social, y esto ha sido así durante los últimos tres años… Hoy son claros los efectos de la ley, aunque en el pasado sometimos una queja al estado… En este momento las escuelas necesitan más ayuda para entender la ley federal, y usar el formulario uniforme para proteger los derechos de los niños”.
La Ley HB 56 (Beason-Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act), fue promulgada en junio de 2011 y es más restrictiva que su contraparte de Arizona, la SB 1070. Prohíbe a los inmigrantes indocumentados asistir a escuelas y universidades públicas en los niveles elemental, medio y avanzado, y exige a las autoridades escolares comprobar si los alumnos son inmigrantes indocumentados (apartado de la ley actualmente bloqueado). La asistencia no está prohibida para esos estudiantes, pero los distritos escolares tienen la obligación de presentar recuentos anuales sobre la sospecha de que existe un número de inmigrantes sin estatus de residencia legal, al hacer el informe a los funcionarios de educación del estado.
El estudio del referido Proyecto Legal establece que estas prácticas ilegales no han quedado atrás, y por eso Chelis López pregunta ¿qué tanto agrava esta situación, que se siga pidiendo a los padres el seguro social sin informarles que esto es un requisito totalmente voluntario?
La activista sostiene que “la ley antinmigrante SB 56 crea un ambiente hostil… pero después de un caso legal contra la ley y la carta al superintendente las escuelas no los pueden pedir… Es necesario recordarle a las escuelas que ellos no pueden pedir un seguro social o un certificado de nacimiento”, reitera Jambulapapi.
El Superintendente ha enviado la carta y establecido el formulario de admisión para que todos los distritos respeten la ley y los niños inmigrantes puedan ser inscritos. Pero, ¿será esto suficiente para poner fin al artopello de los inmigrantes y sus padres?, insiste López.
“Nosotros creemos que las escuelas van a usar los formularios uniformes, porque es muy fácil para los niños entrar a las escuelas, y que no les pueden pedir el seguro social o el certificado de nacimiento; entonces, esperamos que esto sea una solución. Pero es solamente en una reunión donde las escuelas hablaron en esa forma. Necesitamos derrotarlo en realidad. En este año escolar esperamos que las escuelas van a cooperar en esta forma. En agosto, cuando empiecen las escuelas vamos a ver si es una solución, o solamente están hablando”, concluyó Sharada Jambulapapi.
Las familias inmigrantes
Marisol Aguilar es una madre de familia en Birmingham, Alabama, víctima de la discriminación en una escuela pública. Durante el programa de Línea Abierta, cuenta cómo ha sido su suerte a la hora de inscribir a sus hijas en la escuela:
“Realmente con la mayor es con la que he tenido más problemas. Ella tiene 15 años, y he tenido problemas desde que pasó la ley HB 56, y desde que ella entró a la high school”, en el condado de Jefferson.
Aguilar relata que el año pasado su hija llegaba a casa con notas que le pedían el número de seguro social, “que porque no la encontraban registrada en la escuela”. Ocurrió en tres ocasiones, dice esta madre de familia. “Pues sí me preocupé, porque para empezar, en la mayoría de las escuelas de aquí no hay un intérprete que hable español, y el inglés que uno tiene es aveces el inglés básico”. Afirma que hizo una cita entonces para buscar ayuda sobre sus alternativas, y la citaron en la escuela para platicar sobre la situación de su hija: “Pues fui a la escuela, y la directora me dijo que ella no estaba bien informada del problema; ahí trabaja otra señora con la directora, una consejera, que era la que pedía los ‘papeles’”.
Marisol Aguilar sostiene que no se trataba de una carta formal de la escuela la que recibió de manos de su hija, sino de una nota escrita a mano en un papel cualquiera y en inglés, que le mandaba la escuela con la niña, solicitándole el número de seguro social de su hija. “Entonces yo le pregunto a mi hija, pero ¿por qué te piden el seguro social, si de hecho saben que no lo tienes?; yo no sé cómo serán las leyes pero así pasaba”, deplora la mujer. La segunda ocasión fue lo mismo. La consejera abordó a Marisol Aguilar en un pasillo de la escuela y le preguntó de nuevo qué había pasado con su seguro social. “Entonces yo dije, ya se me hace como algo grosero, que te esté pidiendo a ti, por qué no mejor habla a la casa, o manda una nota pero por correo. Entonces yo hablé y pedí una cita, y cuando llegué a la escuela le dije a la directora que si podía hablar con ella. Le dije que la trabajadora social me estaba pidiendo que llevara el número de seguro social de mi hija. Y me dijo, así como sorprendida, ‘¿tu hija está registrada?’ Sí, le dije, pero ella está mandando notas y está hostigando a la niña pidiéndole el número de seguro social…, y es algo incómodo. Y le dije, por favor, cuando pase algo así mándeme una nota, o dígame a mi directamente que necesita algo. No le digan a ella”.
La directora se disculpó alegando que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Y habló entonces con la trabajadora social, “pero no supe de qué habló, no oí nada porque cerró la puerta”.
Ahora que inicia este nuevo ciclo escolar Aguilar dice haber llenado la solicitud de registro desde marzo. Pero nuevamente su hija volvió a casa con un nuevo recado de la consejera. “Me dijo: ‘Mami, dice ella que se perdieron los papeles y que hay que volverlos a llenar’. Y los volví a llenar y los mandé. Y ya hoy que fui a la escuela, porque me tocó ir a registrar en la mañana, me dijo la la directora: ‘No, aquí no hay nada registrado, ustedes no han mandado nada’. Y mi niña le dijo: ‘Sí, yo traje los papeles y se los di a la misma consejera de la vez pasada’. Y dijo la directora, ‘oh no, no hemos encontrado nada, incluso mandamos a todos los padres de familia las formas por correo y todo lo que iban a ocupar’. Y le digo, nunca nos llegó nada por correo”.
Cuando Aguilar acudió a la escuela la primera vez dice que preguntó cuáles documentos necesitaba y cuáles no, para estar segura. “Y me dijeron que hablara a un número y hablé con una chica y me dijeron que lo que ellos me deben pedir a mi nada más es el acta de nacimiento de la niña, pero nunca me deben de pedir el número de seguro social…, que eso es como algo ilegal”.
Ni Marisol Aguilar ni su hija perciben esto como un situación de falta de organización por parte de la escuela, afirma la madre: «Yo lo siento más bien como algo de discriminación; porque incluso cuando uno va a llenar la solicitud para la escuela, no te piden un ID sino que te dicen: ‘Necesito tu driver license‘. Entonces yo le saco mi matrícula consular, que es lo que tengo, y se quedan viendo como diciendo, ‘¿Qué es esto?’. Y luego dicen, ‘voy a preguntar si puede pasar este ID’. O sea, a veces como que son como muy racistas; pienso yo que en las escuelas a veces como que sí hay personas que trabajan ahí que sí son racistas, más con los hispanos que con los de otras razas”.
Fuera del Aire
En una entrevista por separado que el Director de Noticias de Radio Bilingue, Samuel Orozco realizó fuera del aire con el abogado Jay Singh, encargado de investigar a los distritos escolares, al enterarse de las dudosas políticas de pedir ‘papeles’ a los niños inmigrantes señaló entre otras cosas lo siguiente:
– Que esto de pedir documentos a los niños inmigrantes al inscribirse en la escuela es un problema viejo, pero que se agravó al pasar la ley HB 56.
– Que los documentos que se piden con mas frecuencia son el número del seguro social y el acta de nacimiento.
– Que no son pocos los distritos escolares que violan la ley federal que protege a los niños, incluidos los inmigrantes. Y que al menos 70 distritos son los peores violadores.
Al preguntarle si esto es un caso de falta de información, de ignorancia o de prejuicio racial, el abogado Singh respondió:
«Descubrimos que las formas de inscripción en español piden el número del seguro social y el acta de nacimiento. En cambio, no lo piden en las formas en inglés. Para esto no hay otra explicación que el racismo».
Agregó:
– El mes pasado, el superintendente escolar del estado de Alabama (Tommy Bice)envió una carta y una nueva forma de inscripción a los directores escolares, a tiempo para el nuevo ciclo escolar que empieza en agosto.
Y dijo también:
– Que su organización vigilará para ver que en el próximo año escolar los gobiernos escolares cumplan con la ley y desechen para siempre la práctica de ‘enséñame tus papeles’.
Continúa…
