De la Redacción
El último esfuerzo del presidente Trump para limitar la entrada a Estados Unidos de viajeros procedentes de países con mayoría musulmana porque presuntamente representan una amenaza para la seguridad del país, esta siendo sometida a prueba hoy miércoles por la Suprema Corte de Justicia de la nación.
Como es sabido, apenas una semana después de asumir su mandato el presidente Trump emitió su primera prohibición de viajar, causando caos en los aeropuertos del país y comenzando una cascada de demandas y apelaciones. Luego vinieron las demandas judiciales y las revisiones a la constitucionalidad de la prohibición “y una racha perdida sostenida en los tribunales inferiores”, dice The Guardian, hasta que la Corte Suprema tomó el caso y ahora se espera una decisión a fines de junio.
La Corte Suprema decidirá hoy si el presidente, actuando por su cuenta, puede impedir que los ciudadanos extranjeros ingresen a este país, o si recibirá otro revés de los magistrados, “por parcialidad contra los musulmanes”, pero indicaciones preliminares de los jueces hacen pensar que los contendientes que desafían a Trump “enfrentan una lucha cuesta arriba”, dice por su parte Los Angeles Times.
Por otro lado, según el presidente del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, uno de los académicos más agudos y reflexivos en el tema es Josh Blackman, quien sostiene que “Varios tribunales han dictaminado que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) no otorga al presidente el poder legal para implementar las prohibiciones de viajar”. Y no obstante, “ninguno de estos tribunales se ocupó de la cuestión más apremiante: ¿el artículo II –de INA- otorga al presidente el poder inherente para emitir la proclamación?”.
En opinión tomada en el pleno del Cuarto Circuito, emitida el 15 de febrero de 2018, “el Juez Principal, Roger Gregory responde esta pregunta en forma negativa”, señala el académico.
Dicho juez, dice, encuentra que “el presidente no tenía la autoridad constitucional ni la legal para emitir la proclamación”. Blackman añade que otros jueces en el Cuarto Circuito resolvieron el caso completamente por motivos legales mediante la aplicación del canon de evasión, y que el Noveno Circuito ya había respondido sobre la cuestión constitucional.
“Que los tribunales afirmen que el poder del presidente para excluir sólo puede rastrearse en la opinión de los jueces basadas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad es sostener que el presidente no tiene ningún poder inherente en este campo… No abordar esta cuestión, a través del canon de evasión o de otro modo, es equivalente a negar que este poder exista en primer lugar”.
Con todo, la Suprema Corte ha sido sin embargo más amigable con la Casa Blanca. En junio pasado, los jueces confirmaron la mayor parte de la segunda orden de viaje de Trump, que expiraba en el otoño, retoma Los Angeles Times.
Y a principios de diciembre, el tribunal otorgó una apelación inusual a los abogados de Trump, dejando de lado varias órdenes de los tribunales inferiores y permitiendo que la tercera y permanente prohibición del presidente tenga pleno efecto.
“Esa decisión, tomada a puertas cerradas y con sólo dos disensiones registradas, sugirió que la mayoría de los jueces creía que la acción de Trump era legal”. Y la versión actual de la orden prohíbe la entrada a la mayoría de los inmigrantes y viajeros de Irán, Siria, Yemen, Libia, Somalia y Corea del Norte, así como a funcionarios de Venezuela.
Los pedidos anteriores habían incluido a Chad y Sudán, indica la fuente. El abogado de Washington, Neal K. Katyal, que se desempeñó como procurador general interino bajo Obama, lidera el desafío, representando al estado de Hawai, en el caso Trump vs. Hawaii, dice por otro lado The New York Times.
Katyal argumenta en su informe que “la orden de Trump es extraordinaria e injustificada. Trump busca imponer un cambio radical al sistema de inmigración, imponiendo una prohibición a la entrada de 150 millones de extranjeros, la gran mayoría de ellos musulmanes».
Katyal dice además que «la evidencia es abrumadora de que -la orden de prohibición de viajes- fue emitida con el propósito inconstitucional de excluir a los musulmanes de los Estados Unidos».
Finalmente, los abogados de Trump le piden al máximo tribunal que decida si la orden del juez de distrito en Hawai que bloqueó la prohibición de viajar a nivel nacional era demasiado amplia.
“La administración espera que el tribunal refrene la práctica cada vez más común de los jueces de distrito que dictan órdenes a nivel nacional en base a una demanda presentada por un puñado de demandantes”, señala el Times.
En tanto, los magistrados de la Corte Suprema formularon duras preguntas a ambas partes hoy miércoles, sopesando la autoridad del presidente Trump luego de que éste prometió durante su campaña imponer una «prohibición musulmana».
Sin embargo, al final de la discusión, “era difícil identificar a cinco jueces listos para anular la prohibición en la votación de hoy”.
Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes habían esperado que el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., o el juez Anthony M. Kennedy se unieran al ala liberal de cuatro miembros del tribunal para oponerse a la prohibición. “Pero su interrogatorio fue casi uniformemente hostil a los desafiantes”, concluye el Times