Niños centroamericanos haciendo fila para conseguir un boleto de autobús. Foto: www.washingtontimes.com.

Maribel Hastings
America’s Voice

Sigue lloviendo sobre mojado en la comunidad indocumentada y en gran parte de los casos para sus familiares residentes permanentes y ciudadanos, muchos de ellos votantes.

Como si no fuera suficiente lidiar con la retórica incendiaria del puntero presidencial republicano, Donald Trump, y sus propuestas antiinmigrantes, incluyendo su plan de deportar a más de 11 millones de indocumentados, esta comunidad tiene que lidiar de nueva cuenta no con una potencial propuesta, sino con la realidad de que la administración demócrata de Barack Obama pretende reanudar la remoción de madres y niños centroamericanos a naciones plagadas de violencia.

Obama, a seis meses de las elecciones presidenciales y a ocho de abandonar su cargo, sigue sumando deportaciones a su récord nada envidiable para un político que cortejó a la comunidad latina con una promesa de reforma migratoria amplia que nunca se concretó por las razones que fueran.

La administración Obama insiste en que sólo trata de priorizar las deportaciones de criminales, de personas que suponen una amenaza para la seguridad nacional y de cruces recientes, desde 2014, aunque se trate de familias y niños que huyen de la violencia, especialmente en Centroamérica; individuos y familias que en algunas instancias pueden ser enviados a una muerte segura. Madres y sobre todo niños que también en muchas instancias no han tenido la oportunidad de presentar adecuadamente sus peticiones de asilo por falta de representación legal adecuada.

Eso sí, la administración es «magnánima» y asegura que no habrá operativos en escuelas, hospitales ni iglesias. Qué considerada.

Ante la ola de violencia que arropa a Centroamérica y a México, estas familias siguen arriesgando lo que sea con tal de sobrevivir. Y la respuesta de la administración Obama es tratar de persuadir a otros deportando a madres y menores, poniendo en riesgo su integridad física y emocional.

Hace unos días la Prensa Asociada reportó que en ocasiones el gobierno federal ha liberado a verdaderos criminales porque no pueden ser deportados a sus países de origen. La pieza documenta la perturbadora historia de un haitiano que, tras cumplir múltiples sentencias por diversos delitos, fue dejado en libertad porque Haití no lo acepta, pero una vez en la libre comunidad terminó matando a una persona.

Es decir, si no son deportables quedan libres aunque sean criminales, pero si son deportables y no son criminales, son repatriados, como madres y niños centroamericanos, a países violentos.

Se trata de refugiados que deben ser tratados como tales.

Y el momento en que todo esto se produce no podría ser peor.

Estamos en medio de un crucial ciclo electoral en el cual el bando republicano y su líder Trump han optado por seguir explotando el tema migratorio para acumular puntos políticos, mientras los precandidatos demócratas condenan al virtual nominado republicano por sus ataques contra la comunidad inmigrante e hispana.

Pero es una administración demócrata la que, en efecto, durante los pasados siete años ha deportado a una cifra récord de indocumentados, incluyendo a padres y madres de familia sin historial criminal, y la que se apresta a reanudar las remociones de madres y niños a Centroamérica.

Me pregunto cómo todo esto incidirá en los esfuerzos de registrar y movilizar votantes latinos y cómo reaccionarán los familiares votantes de muchos de esos inmigrantes afectados que, en pleno año electoral, están entre la espada y la pared: entre las propuestas antinmigrantes de Trump y las deportaciones de Obama.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice.