En el centro de la foto, el juez de la Corte Federal para el Distrito Sur de Manhatt, Geroge B. Daniels. con la barra de abogados progresistas de NY. Foto: Network of Bar Leaders.

De la redacción

Durante esta semana se ventilará el juicio «Make the Road NY et al vs Cucinelli» en Nueva York, para determinar si la próxima semana entra en vigor la nueva regla de “carga pública” propuesta por la administración Trump. Las partes comparecieron ayer en la Corte federal para el Distrito Sur de Manhattan, en un litigio que es visto por muchos inmigrantes que aspiran a ajustar su estatus legal como la última esperanza para evitar que entre en vigencia dicha norma que oficialmente comenzaría a aplicarse a partir del 15 de octubre si el gobierno gana esta disputa.

Como hemos señalado ya en estas mismas páginas, la nueva regla de «carga pública» busca que los inmigrantes que solicitan entre -otras cosas- cupones de alimentos y subsidios de vivienda no podrán aspirar a obtener la residencia permanente.

Y ayer lunes el juez federal, George B. Daniels escuchó la solicitud de los inmigrantes para que se dicte una orden judicial preliminar que evite la entrada en vigor de los cambios propuestos por el gobierno federal, considerados por los demandantes como “racistas”, “discriminatorios” y “un castigo para los pobres”.

Ghita Schwarz, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, que forma parte de la defensa, destacó en su deposición que como ha ocurrido con otros intentos de la Administración Trump, al atacar a la comunidad inmigrante el presidente “va en contra de la Constitución”. Porque “la regla discrimina por motivos de raza, discapacidad e ingresos para reducir drásticamente la cantidad de inmigrantes que obtienen el estatus de residente permanente en este país”, según reportó hoy el diario / La Prensa de Nueva York. La abogada aseguró además que dicha norma “ignora la voluntad del Congreso, y no puede ajustarse a los principios del estatuto de Inmigración”.

Ghita Schwarz principal abogada del Centro de Derechos constitucionales. Foto. Centro de Derechos Constitucionales.

En la comparecencia de ayer otros abogados defensores de los inmigrantes dijeron al juez Daniels que la norma de carga pública vigente “tiene más de 120 años”, y que “se ha aplicado de manera balanceada” durante dicho lapso. Y señalaron que la norma de Trump “ataca directamente a los inmigrantes de bajos recursos, mayormente latinos y asiáticos”.

Por su parte la Fiscal General de Nueva York, Letitia James presentó ayer una demanda por separado contra la regla de carga pública, anticipando una posible respuesta en el primer día de debates orales.

“La regla de carga pública de la Administración Trump”, dijo la Fiscal James, “es un intento atroz de infringir las leyes y los valores de este país. Si la regla se aplica la próxima semana, los neoyorquinos -tanto ciudadanos como no ciudadanos- se verán afectados negativamente. El precio de los seguros médicos aumentará y los niños pasarán hambre innecesariamente. Es por eso que estamos buscando detener inmediatamente la implementación de esta regla errónea y continuaremos usando todas las herramientas legales disponibles para frenarla permanentemente».

en tanto, el abogado del gobierno federal intentó -sin éxito- convencer al juez de que la referida norma “es justa porque no sólo evita que los inmigrantes se vuelvan una carga para el país a nivel económico, sino que de paso “predice” quienes pudieran convertirse eventualmente en carga pública, punto que no convenció al juez, dice la fuente.

Tras la comparecencia de ayer, el mexicano Martín Gil dijo sentirse optimista y esperar que el tribunal frene la entrada en vigor de la nueva norma.

En una manifestación de los miembros de Make the Road New York, en la misma ciudad, contra el Muro de Trump. Foto: Make the Road NY.

La defensa de los inmigrantes está formada por las organizaciones, Make the Road New York, Comité de Servicios Africanos, Federación Asiática Americana, Servicios Comunitarios de Caridades Católicas y Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), representados legalmente por The Legal Aid Society, el Centro de Derechos Constitucionales, y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, quienes solicitaron el interdicto judicial preliminar para impedir que la regla entre en vigencia el 15 de octubre■

Datos sobre la aplicación de la nueva norma (tomados de, el diario / La Prensa):

• 15 de octubre es la fecha en que entra en vigor la nueva norma de carga pública.

• Esta semana la corte federal de Nueva York emitirá su decisión sobre la demanda interpuesta para frenar la implementación de los cambios.

• 380,000 personas anualmente en Estados Unidos se estima se verían afectadas con la nueva norma, de ser implementada.

• 75,000 neoyorquinos se calcula se verían afectados por la nueva norma

  4,000 neoyorquinos adicionales se verían afectados por daños colaterales.

• Oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicarán la regla de “carga pública” a prácticamente todas las peticiones de beneficios migratorios, como Residencia Permanente y extensión de estancia en los Estados Unidos.

• La regla propuesta define una carga pública como un extranjero que recibe uno o más públicos beneficios. El Gobierno establece que un inmigrante considerado “carga pública” es aquel inmigrante que recibe una o más ayudas sociales durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses (tres años).

• Además basados en otros factores analizarán qué inmigrantes pudieran eventualmente convertirse en carga pública, negando beneficios.

• La autoridad divide en dos los beneficios públicos que afectan: los monetizables, como cupones de comida (SNAP), apoyos de vivienda y asistencia de alquiler; y los no monetizables, como Medicaid, Parte de Medicare, vivienda subsidiada.

• Hay una larga lista de ayudas que se integran y afectarán la petición de visa de un inmigrante. Entre los programas que serán un problema están SNAP, Medicaid en casi todos sus casos, Asistencia de Vivienda bajo el Voucher de Elección de Vivienda (HCV), asistencia de alquiler basada en proyectos, y otras formas de vivienda subsidiada, SSI, TANF, asistencia general, entre otros.

• La norma no aplicará a seis grupos: refugiados; asilados; peticionarios de Visa T, es decir, víctimas de trata protegidas; protegidos con Visa U, o sea víctimas del crimen protegidas bajo este permiso de estancia, considerado de no inmigrante; víctimas de violencia doméstica, bajo el programa VAWA, y los Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, en inglés), es decir, aquellos menores que han sido maltratados o abandonados por sus padres y podrían recibir la Residencia Permanente. Recientemente también se hizo una corrección y se excluyó a los familiares de militares desplegados en el extranjero.

• Cuando un extranjero solicite su extensión de estancia en el país o su “green card”, si el funcionario de USCIS considera que es una “carga pública” y le niega la petición, esa determinación pondrá al inmigrante en proceso de deportación.

• Es importante destacar que ninguna aplicación presentada antes del 15 de octubre de 2019 será revisada bajo la nueva regla de “carga pública”, aunque ya existen criterios sobre “carga pública” que los oficiales aplican.

• Qué se debe hacer si actualmente recibe beneficios públicos. El consejo número 1 es que consulte un abogado inmediatamente porque cada caso es distinto. Puede encontrar uno gratuito llamando a la línea 311 diciendo “Carga pública”.