La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció hoy que junto con otros 14 estados principalmente, más miles de otros gobiernos lucales alcanzaron un acuerdo histórico, por valor de 26 mil millones de dólares para ayudar a brindar el alivio que necesitan desesperadamente comunidades de Nueva York y del resto del país en la lucha contra la adicción a los opioides, que hasta el momento ha causado la muerte de más de medio millón de estadunidenses.
De la redacción
Luego de casi dos años de disputas con los tres principales distribuidores de medicamentos del país, y con un gigante farmacéutico, se ha llegado a un acuerdo de 26 mil millones de dólares con los estados que padecen los estragos de esta otra pandemia que desde 1999 en total ha causado la muerte de más de 500 mil estadunidenses, por sobredosis de opioides vendidos con receta y otros opioides ilegales, según datos del gobierno federal. Acuerdos previamente suscritos con la gigante farmacéutica Johnson & Johnson, otorgarían tan sólo a Nueva York mil 250 millones de dólares.
No obstante, dicho acuerdo libera a algunas de las empresas más grandes de la industria farmacéutica, de toda responsabilidad civil en la epidemia de opioides, un público sumido en una crisis de salud durante décadas.
Comandados por la Fiscalía General de Nueva york, un grupo bipartidista de fiscales estatales estableció el marco legal para que miles de millones de dólares comiencen a fluir a las comunidades de todo el país, a fin de otorgar los recursos necesarios para el tratamiento de adicciones, servicios de prevención y otros gastos elevados por la epidemia.
De acuerdo con Letitia James, Fiscal General de Nueva York, “Si se finaliza el acuerdo, miles de gobiernos locales y estatales abandonarían las demandas contra las empresas y también se comprometerían a no emprender ninguna acción en el futuro”, dice un comunicado de la Fiscalia estatal de Nueva York.
El trato llega cuando la crisis de adicciones está empeorando
Y es que las muertes por sobredosis de opioides rompieron récord en 2020, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a principios de este mes. El aumento habría sido impulsado en parte por “el aislamiento y el cierre de los servicios -para atender esta otra letal crisis de salud- durante la pandemia de coronavirus, señaló por su parte el fiscal general de Tennessee, Herbert H. Slatery III, en la conferencia de prensa que anunció el acuerdo en Nueva York.
Tennessee, cuyo propio aumento en las muertes por opioides fue particularmente pronunciado en 2020, podría recibir más de 500 millones si se finaliza el acuerdo. «Es simplemente implacable», dijo Slatery III respecto al poder destructivo de los opiodes.
Por su parte, The New York Times reporta hoy que “Se considera que las cuatro empresas que estarían obligadas por el acuerdo (Johnson & Johnson y los distribuidores de medicamentos, Cardinal Health, AmerisourceBergen y McKesson), tienen algunos de los bolsillos más amplios o profundos entre los acusados corporativos de los opioides, y este acuerdo se anticipó con entusiasmo como un pilar importante en el litigio nacional”.
Por ley, hoy los distribuidores deben monitorear las cantidades de envíos de medicamentos recetados, tras haber sido acusados de hacerse de la vista gorda durante dos décadas mientras las farmacias de todo el país ordenaban millones de píldoras para sus comunidades, poblaciones que en muchas ocasiones no rebasaban los 100 mil habitantes pero recibían millones de píldoras mensualmente.
“Las numerosas empresas que fabricaron y distribuyeron opioides en todo el país lo hicieron sin tener en cuenta la vida o incluso la crisis nacional que estaban ayudando a alimentar”, dijo la Fiscal James. “Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen no sólo ayudaron a encender el fósforo, sino que continuaron alimentando el fuego de la adicción a los opioides durante más de dos décadas. Hoy, hacemos responsables a estas empresas e inyectamos decenas de miles de millones de dólares en comunidades de todo el país, al tiempo que tomamos medidas importantes para que estas empresas rindan cuentas”.
Johnson & Johnson detendrá la venta de opioides en todo el país, y McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen finalmente acordaron coordinar y compartir sus datos con un monitor independiente para garantizar que este “incendio forestal” no continúe propagándose más. Si bien ninguna cantidad de dinero ni ninguna acción pueden compensar los cientos de miles de vidas perdidas o los millones más adictos a los opioides, dice el comunicado, “podemos tomar todas las medidas posibles para evitar cualquier devastación futura”.
De ser aprbado, el acuerdo global propuesto, por una cantidad sustancial de gobiernos estatales y locales en todo el país, resolvería los reclamos de casi 4 mil entidades gubernamentales que han presentado demandas en tribunales federales y estatales contra las cuatro empresas.
Nueva York ya firmó el acuerdo de hoy, mientras que otros estados tienen 30 días para firmarlo. Los gobiernos locales de los estados participantes tendrán hasta 150 días para unirse. Los estados y sus gobiernos locales recibirán pagos máximos si cada estado y sus gobiernos locales se unen para apoyar el acuerdo■
Se cree que las agencias gubernamentales y los sistemas de salud pública deben difundir mejor la naloxona a las comunidades rurales que están viendo cada vez más muertes por sobredosis. Foto: https://www.psychiatryadvisor.com.
Otros datos propuestos por la Fiscalía General de Nueva York
Financiamiento mundial:
- Los tres distribuidores pagarán colectivamente hasta 21 mil millones de dólares durante los próximos 18 años.
- Johnson & Johnson pagará hasta 5 mil millones durante nueve años, con hasta 3 mil 700 millones de dólares pagados durante los primeros tres años.
- El financiamiento total distribuido será determinado por el grado general de participación de los gobiernos estatales y locales, tanto litigantes como no litigantes.
- A nivel nacional, la mayor parte del dinero se gastará en el tratamiento y prevención de opioides.
- La participación de cada estado en el financiamiento ha sido determinada por un acuerdo entre los estados, utilizando una fórmula que toma en cuenta el impacto de la crisis en cada entidad; específicamente, el número de muertes por sobredosis, el número de residentes con trastorno por uso de sustancias y el número de opioides recetados así como la población del estado.
Medidas cautelares globales:
- El acuerdo propuesto de 10 años dará lugar a órdenes judiciales que requieran que McKesson, Cardinal y Amerisource Bergen establezcan una cámara de compensación independiente, centralizada para proporcionar a los tres distribuidores y reguladores estatales datos agregados y análisis sobre a dónde van los medicamentos y con qué frecuencia, eliminando los puntos ciegos en los sistemas actuales utilizados por los distribuidores.
- Utilizar sistemas basados en datos para detectar pedidos de opioides sospechosos a las farmacias por parte de los clientes.
- Poner fin a la capacidad de las farmacias de los clientes para recibir envíos e informar de esas empresas a los reguladores estatales cuando muestren ciertos signos de desvío.
- Prohibir el envío y notificar pedidos sospechosos de opioides.
- Prohibir al personal de ventas influir en las decisiones relacionadas con la identificación de pedidos sospechosos de opioides.
- Exigir a los altos funcionarios corporativos que participen en la supervisión regular de los esfuerzos contra el desvío.
- El acuerdo propuesto de 10 años dará lugar a órdenes judiciales que requieran que Johnson & Johnson:
- Dejar de vender opioides.
- No financiar ni otorgar subvenciones a terceros para promover los opioides.
- No ejercer presión sobre actividades relacionadas con los opioides.
- Compartir datos de ensayos clínicos en el marco del Proyecto de acceso a datos abiertos de la Universidad de Yale.
Los fabricantes nombrados en la queja incluyen Purdue Pharma y sus afiliadas, así como miembros de la familia Sackler (propietarios de Purdue) y los fideicomisos que controlan; Janssen Pharmaceuticals y sus afiliadas (incluida su empresa matriz Johnson & Johnson); Mallinckrodt LLC y sus afiliadas; Endo Health Solutions y sus afiliadas; Teva Pharmaceuticals USA, Inc. y sus afiliadas; y Allergan Finance, LLC y sus afiliadas.
Los distribuidores mencionados en la queja fueron McKesson Corporation, Cardinal Health Inc., Amerisource Bergen Drug Corporation y Rochester Drug Cooperative Inc. Los casos contra Mallinckrodt y Rochester Drug Cooperative ahora se están moviendo por separado a través del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos.
El caso contra Purdue y los Sacklers también está pasando por el referido Tribunal de Quiebras pero a principios de este mes la Fiscal General James y la mayoría de los estados anunciaron su aprobación de un acuerdo que obligaría a los Sacklers y a las entidades que controlan a pagar más de 4 mil 500 millones de dólares para la reducción de los opioides, así como cerrar Purdue y prohibir a los Sackler que nunca más vuelvan a vender opioides.
El acuerdo está pendiente de aprobación judicial. El juicio contra los tres acusados restantes, Endo Health Solutions, Teva Pharmaceuticals USA y Allergan Finance, está actualmente en curso y continuará en un tribunal estatal.
