De la redacción

Familias migrantes retenidas durante meses en instalaciones de Estados Unidos auguran lo que miles de personas podrían enfrentar en un futuro cercano si la administración Trump se sale con la suya y logra crear uno de los pocos sistemas de encarcelamiento a largo plazo para familias migrantes, en comparacion a los países desarrollados en el mundo.

Una amplia campaña de larga data es impulsada por el presidente Trump, prometida a su base electoral para desalentar la migración hacia Estados Unidos, que intenta poner fin a la práctica que él llama, «atrapar y liberar». Según esta práctica, los inmigrantes pueden vivir libremente en Estados Unidos mientras sus largos casos de inmigración están en proceso.

Como se ha podido apreciar a lo largo de los casi tres años que lleva la administración Trump, se trata de expandir el sistema de instalaciones carcelarias privadas y lucrativas,  donde las familias migrantes pueden ser encarceladas de forma presuntamente segura durante meses o más.

Y es que a fines de noviembre los abogados del Departamento de Justicia apelaron la decisión de un juez federal que bloqueó el intento del gobierno de eliminar el Acuerdo de Flores, que establece un límite de 20 días para la mayoría de las detenciones de familias y niños menores de edad.

Por eso, si la apelación es exitosa los migrantes detenidos “podrían ser institucionalizados mucho más tiempo de lo que permiten los estándares actuales”, dice Tehe New York Times. Y lo peor de todo, sostiene, “podría convertirse en la norma”.

Instalaciones como las que buscan convertirse en centros de detención permanente como el de Dilley, un Centro Residencial Familiar del gobierno federal en el Sur de Texas para retener a familias inmigrantes, dirigido por la compañía privada de prisiones, CoreCivic, “podrían multiplicarse para encarcelar a más de 15 mil padres e hijos en todo el país”.

La fuente afirma que “La práctica de encarcelar a familias migrantes se ha debatido ferozmente en tres administraciones, en parte debido a años de consenso científico de que detener a niños, incluso con sus padres, puede causar daños permanentes e irreversibles en el desarrollo”.

En el referido Centro Residencial, donde «Siempre estamos siendo observados», dijo a la fuente una mujer detenida, y donde a pesar de que los uniformes de la prisión fueron reemplazados por camisetas, la asistencia sanitaria y la escolarización mejoraron, los expertos dicen que “todavía no hay una forma segura de encarcelar a las familias”.

Amy J. Cohen, una psiquiatra infantil que trabaja con la organización, Physicians for Human Rights y que ha servido como asesora en casos legales sobre detención familiar, dijo a la fuente que “Los detenidos tienen más dificultades para aprender, y tienen más dificultades para socializar».

Por otro lado, una investigación realizada en los centros de detención familiar existentes encontró “niveles elevados de estrés, que pueden dañar las neuronas y provocar masas cerebrales más pequeñas en los niños que han estado detenidos durante largos períodos”.

Después de controlar el trauma, «Se hace extremadamente claro que es la detención la variable que está creando, literalmente, una enfermedad mental en estos niños», dijo la Dra. Cohen.

Y en unas declaraciones que pueden considerarse además de crueles, cínicas, el gobierno afirma que “las condiciones en las instalaciones familiares son mejores que las que muchos migrantes dejaron en sus países de origen”.

El año pasado la administración Trump anunció un plan para quintuplicar el número de camas de detención familiar en el país. Actualmente hay espacio para unos 3 mil 500 detenidos en los tres centros existentes en Pensilvania y Texas.

Al parecer, actualmente hay un estándar similar al de Estados Unidos, que se sigue en Canadá y en gran parte de Europa para procesan a las familias de los migrantes y a la mayoría de los detenidos sólo temporalmente al entrar o salir del país.

Según el plan de la administración Trump, Estados Unidos se uniría a Australia para convertirse en el segundo país del mundo con una política para detener a las familias migrantes hasta el final de sus largos procesos legales, que a menudo duran meses o años bajo la política de » cero tolerancia». Pero las familias son separadas mientras sus abogados demandan al gobierno sobre sus casos de asilo.

Con todo, graves problemas persisten en las instalaciones de Inmigración. En un amplio reporte la fuente afirma que “La madre de un niño presentó una demanda contra el gobierno el año pasado, alegando maltrato y negligencia después de que su hija Mariee Juarez, de 20 meses, muriera de una enfermedad respiratoria que contrajo en el Centro Residencial de Dilley.

Como se recordará tal vez, José Ibarra Bucio, de 27 años de edad murió el verano pasado mientras estaba detenido en el centro de procesamiento de ICE en Adelanto, y según NBC News, 24 inmigrantes han muerto bajo custodia de ICE durante la administración Trump.

Así las cosas, todavía a fines de este verano, Matthew Albence, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en una visita dirigida para periodistas en el complejo Dilley declaró que estaba «extremadamente cómodo y extremadamente orgulloso» de la instalación■