Carolina Ramírez y Abogado Noah Grynberg, de barba, se preparan para anunciar la victoria contra el desalojo. Foto: Rubén Tapia.
Una corte federal del Condado de Los Ángeles evitó el desalojo de una familia inmigrante mexicana que se había negado a pagar el súbito y estratosférico aumento a la renta de su vivienda. La familia se amparó a través de una demanda judicial, argumentando que el aumento viola el Acta federal para una Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la compra, renta o financiamiento de viviendas en Estados Unidos. Según defensores de los derechos civiles, este caso pudiera tener repercusiones en todo el país. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia, tiene los detalles. Este reportaje es parte de la serie ‘Hablando de la Raza’, auspiciado en parte por la Fundación W.K. Kellogg.
Carolina Ramírez, de 43 años, es casada y madre de 6 hijos… ¡No cabe de alegría!
“Claro que sí, estoy muy contenta…, y decirle a la gente que está pasando por mi situación, que si se puede, y no nomás porque son dueños nos pueden sacar así nomás”
Condiciones deplorables de vivienda. Puerta con bisagra suelta en el apartamento de Cristina Ramírez. Foto: Rubén Tapia.
Ramírez luchó por más de tres meses en una corte estatal contra la poderosa compañía, Winstar Properties, Inc., quienes a principios del año compraron el edificio de apartamentos donde él ha vivido por más de 2 años. Carolina pagaba una renta de mil 250 dólares mensuales, y en mayo le notificaron que ahora debería pagar 2 mil dólares; o sea, de un día para otro le aumentaron la renta más del 60 por ciento. El abogado que representó a Carolina es Noah Grynberg:
“Un jurado tomó la decisión de que esta unidad, por las condiciones que existen en la unidad no vale ni 2 mil, ni los mil 250 dólares que estaban pagando antes. Que la unidad sólo vale mil 50 dólares al mes”
Y esa cantidad es lo que pagará Carolina hasta que le reparen las deplorables condiciones en que está su apartamento, que mostró a quien esto escribe.
Sonido de objetos en el apartamento, que se halla en malas condiciones, incluidas las piernas de su hijo de 10 años, que dice lo mordieron las cucarachas.
La lucha de Carolina Ramírez y su esposo Roberto Pérez, no se quedará a nivel local. Hace más de dos meses el abogado Grynberg y su colega Brent Boos presentaron una demanda en contra de Winstar Properties. Inc. y Manhattan Manor, LLC, compañías que según los demandantes asociadas son dueñas de mil 700 propiedades tan sólo en el Condado de Los Ángeles. La demanda fue presentada ante la División Occidental de la Corte Federal Central de California.
Heridas por piquetes de cucarachas en las piernas del hijo de Carolina Ramírez. Foto: Rubén Tapia.
“La alegación de esa demanda es que ese aumento de renta tuvo un impacto desproporcionado a una clase protegida bajo la ley y esta clase en este caso sería, los inmigrantes de México a los Estados Unidos”, afirma Grynberg.
Y es que la sección VIII del Acta de Derechos Civiles protege en contra de la discriminación en la venta, renta o financiamiento de la vivienda a todos los que viven en Estados Unidos. El abogado Grynberg sabe que la demanda no se resolverá pronto, pero de triunfar enviaría una señal de esperanza a los inquilinos, aunque también sería una advertencia a los dueños que elevan las rentas a su antojo, dice:
“Estamos acá para pelear y no va a ser fácil establecer ese tipo de aumento en el Condado de Los Ángeles”
Buscamos la opinión de las compañías demandadas pero aun no responden.
Los problemas que enfrentan los inquilinos en el país son muy serios, señala Elizabeth Blaney, vicecoordinadora de Inquilinos Unidos, organización que ayudó a Carolina a entablar la demanda.
“La mayoría de personas en las ciudades grandes, especialmente Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle, está pagando más del 50 % de su ingreso en su renta”
Elizabeth Blaney, directiva de Inquilinos Unidos se dirige a vecinos y activistas pro vivienda justa. Foto: Rubén Tapia.
La situación es desesperante para muchas familias pobres de todas las razas y orígenes étnicos del país. Por eso el 22 de septiembre se sumarán a una protesta nacional en más de 30 ciudades del país. Alzarán la voz con un mensaje directo a los políticos en campaña electoral, que buscan el control de ambas cámaras del Congreso, la activista, Blaney:
“No más desalojos, no más desplazamiento, control de renta para todos. Si hay evicciones -que sean- justos, sólo con razones y no más hostigamiento”■
