La jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor enderezó fuertes cuestionamientos contra los argumentos del abogado de Texas. Foto: Wikipedia.

Marco Vinicio González

Hoy la Corte Suprema deliberó a cerca de la discreción de la administración Biden para deportar a ciertos inmigrantes indocumentados, en un desafío legal presentado por los fiscales generales de Texas, Kent Paxton y de Luisiana, Bo Duhé, en representación de un grupo de estados gobernados por republicanos que acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de eludirla ley federal de Inmigración.

Y es que en un memorando de septiembre de 2021 el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas había establecido las prioridades para el arresto de ciertos inmigrantes indocumentados, su detención y deportación, revirtiendo los esfuerzos del expresidente Trump para aumentar las deportaciones.

Antes, la procuradora general Elizabeth Prelogar había dicho en documentos judiciales que el Congreso nunca proporcionó los fondos para detener a todos los inmigrantes indocumentados, unos 11 millones aproximadamente, lo que llevó a la administración Biden a priorizar los fondos limitados para tal propósito.

“Especialmente dadas las limitaciones perennes en la capacidad de detención, el Ejecutivo conserva la autoridad para concentrar sus recursos limitados en aquellos no ciudadanos que son las prioridades más altas para la detención”, escribió Prelogar en su oportunidad, de acuerdo con CNN.

En la audiencia sostenida hoy entre el gobierno federal y los referidos estados quejosos se enumeraron los factores agravantes que pesan a favor de de la deportación, “incluida la gravedad del delito y el uso de un arma de fuego», pero también se enumeraron los factores atenuantes que incluyen, entre otras cosas la edad del inmigrante”, dice la fuente.

Los abogados de Texas y Luisiana argumentaron que el gobierno carecía de autoridad para emitir el memorando de Mayorkas, porque entra en conflicto con la ley federal. La contraparte sostuvo que la ley de Inmigración señala que sólo algunos inmigrantes “deberán” ser detenidos o expulsados.

Pero guerra que Texas y otros estados han venido sosteniendo contra la administración Biden en este renglón, que incluye transportar con engaños a indocumentados a estados gobernados por demócratas, además de perseguir llamar la atención sobre el tema también tiene fines electorales; pues el gobernador texano, Greg Abbott busca con esto la candidatura republicana por la presidencia de Estados Unidos en 2024, dicen expertos.

Ya en documentos judiciales el fiscal general de Texas, Ken Paxto había argumentado que “Cuando el Congreso requiere que el Ejecutivo actúe, el Ejecutivo carece de la autoridad para ignorar esa instrucción”, y denunció que las pautas de la administración violan la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley federal que rige cómo una agencia puede emitir regulaciones, lo que fue cuestionado duramente por casi todo los magistrados hoy, otorgando esta facultad al ejecutivo federal.

Cuando en el mes de julio de este año el tribunal federal de apelaciones del Quinto Circuito se negó a emitir una suspensión de la demanda de Texas y los estados representados por Paxton, la administración Biden solicitó entonces ayuda de emergencia a la Corte Suprema.

Pero un tribunal de 5-4 falló en contra de la administración, lo que permitió que la decisión del tribunal inferior permaneciera en vigor mientras se desarrollaba la impugnación legal, que hoy comenzó a dirimirse en la Suprema Corte.

Maña a las 10 de la mañana, tiempo del Este, continuarán las deliberaciones y es posible que se emita un veredicto final.