De la redacción
Tras la juramentación de Joe Biden como presidente y de Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos, el mandatario procedió a firmar una serie de órdenes ejecutivas para comenzar a combatir enérgica y metódicamente la pandemia de coronavirus, que ayer registró un nuevo record de muerte, al reportarse 4 mil 357 decesos en un solo día, para elevar esta alarmante cifra a más de 406 mil defunciones.
La toma de posesión fue un día histórico en múltiples frentes. Por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris es la primera mujer en ocupar este puesto y la primera generación inmigrante procedente del sur asiático y de El Caribe –y culturalmente negra-; tras de suproia juramentación, procedió a juramentar a tres senadores también de las minorías y de de procedencia inmigrante: Alex Padilla, californiano de ascendencia mexicana; Jon Ossoff, de ascendencia judía; y Rafael Warnock, el primer senador afroestadunidense quu representa a Virginia.
Como se ha dicho, la nueva administración enfocará primero sus principales esfuerzos en atacar la pandemia del Covid-19, con un presupuesto de 1.9 billones (trillones) de dólares. Pero poniendo esto por un momento de lado, apenas juramentado el presidente Biden acudió a la Oficina Oval de la Casa Blanca en su primer día en el cargo para afinar los detalles de un proyecto legislativo de gran calado, que enviaría supuestamente ayer mismo al Congreso.
El referido proyecto de ley daria a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país –cerca de la mitad mexicanos-, la oportunidad de convertirse en ciudadanos. También impulsa otros esfuerzos para regularizar la situación de otros inmigrantes y poner un alto a la construcción del fracasado muro fronterizo, cerrándole la llave de los fondos que asigna el Congreso para tal efecto.
El ‘Acta de Ciudadanía de Estados Unidos 2021’, nombre del proyecto que enviaría ayer el presidente Biden a la Cámara de Representantes, busca ‘restablecer la humanidad y los valores estadunidenses’ al vapuleado Sistema de Inmigración.
Se trata de una iniciativa para abrir una ruta hacia la ciudadanía, luego de transitar por varias etapas durante ocho años. Los inmigrantes que cumplan con ciertos requisitos, entre otros una verificación de antecedentes y el pago de sus impuestos, obtendrán primero un estado temporal durante cinco años. Entonces podrán acceder a una tarjeta verde o Green Card que mantendrían durante tres años, y es ahí cuando podrán someter su solicitud para convertirse en ciudadanos estadunidenses con plenos derechos.
Asumiendo los riesgos políticos que corre con un Congreso y una sociedad divididos y polarizados, y tras los efectos del asalto que durante cuatro años sufrió la comunidad inmigrante con la política hostil del presidente que salió ayer por la puerta trasera y haciendo un desaire al nuevo inquilino de la Casa Blanca, Biden propone suspender todas las deportaciones durante los primeros 100 días de su presidencia, haciendo permanente el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA.
Con esto, la nueva administración federal abre la puerta a los beneficiarios actuales de DACA, conocidos como Dreamers o Soñadores. Y también allana el camino para otros inmigrantes en programas de protección temporal contra la deportación (TPS), a fin de permitirles solicitar inmediatamente la residencia legal permanente.
La legislación, la más grande en la historia de Estados Unidos desde por lo menos la era de Reagan, o la reforma migratoria de 1986, también restauraría y expandiría los programas para refugiados y solicitantes de asilo, después que no pudieron aniquilarlos el anterior inquilino de la Casa Blanca y su principal y avieso asesor en inmigración, Stephen Miller, arquitecto de una de las agendas más antinmigrantes y xenófobas en el último medio siglo, que previene la entrada a Estados Unidos de quienes buscan refugio de la pobreza, la violencia y la guerra.
El proyecto de ley de Biden-Harris proporcionaría también nuevos fondos para la ayuda extranjera a los países centroamericanos, a fin de atacar una de las principales causas de la migración desde su raíz. Además, aumentaría las oportunidades de trabajo para los extranjeros que viven en Estados Unidos, y mejoraría la seguridad en la frontera a través de nuevas tecnologías en lugar del mentado muro fronterizo.
El nuevo gobierno de Estados Unidos ha comenzado pues a dar muestras de querer corregir un problema histórico, actuando ágilmente con medidas, primero, que no requieren de la aprobación del Congreso, ya que muchas medidas contra la inmigración durante la pasada presidencia fueron implementadas a través de órdenes ejecutivas o procesos administrativos, mismos que Biden busca derogar.
Como se sabe, además de la comunidad inmigrante en general, la nueva administración Biden–Harris cuenta también con un amplio apoyo de sectores empresariales, religiosos y otros, que reconocen la inmensa contribución de los trabajadores inmigrantes “esenciales”. Una contribución no sólo económica, que es enorme, sino también en lo relativo a lo electoral, como pudo verse en las pasadas elecciones, desde la presidencial a la de otros puestos de elección, tales como al Senado, principalmente en Georgia, y a la Cámara de Representantes, entre otros■
Echa un «vistazo» al evento de la inauguración del nuevo gobierno, visto desde las cercanías del evento y narrado por el corresponsal en Washington, D.C., José López Zamorano, en entrevista con Samuel Orozco, Director de Noticias de Radio Bilingüe, en el programa de Línea Abierta:
