Aunque luego de ganar la elección el presidente Trump declaró su simpatía hacia los ‘dreamers’, hoy varios jóvenes protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, han sido deportados al ser vinculados con actos ilícitos. El caso del joven Juan Manuel Montes es diferente. Pese a estar amparado, Juan Manuel fue detenido en febrero en la fronteriza ciudad de Caléxico y deportado de inmediato a México, convirtiéndose en el primer beneficiario de DACA en ser deportado, según reportes. Juan Manuel pidió explicaciones y, al no obtenerlas demandó al gobierno federal pidiendo que se le permita regresar a Estados Unidos, y esta semana una corte de San Diego ventiló su petición. Con los detalles desde San Diego, Manuel Ocaño.
Inician las primeras diligencias para ventilar por qué fue deportado Juan Manuel Montes, de 23 años de edad, a pesar de ser beneficiario del programa DACA.
“Desde el principio de este caso nosotros hemos dicho y explicado que, Juan Manuel, fue deportado ilegalmente”, dijo Mónica Ramírez.
La abogada Mónica Ramírez encabeza el equipo que defiende a Montes. Dijo que solicitaron al juez que permita que regrese al país mientras dure el juicio ya que desde que fue deportado vive en Mexicali, Baja California, donde no conoce a nadie.
“Estamos listos para presentar un juicio en aproximadamente tres meses y la corte quiere saber exactamente lo que pasó el 18 de febrero de este año”, afirmó la abogada.
Montes asegura que caminaba por una calle de Caléxico, en la frontera, cuando oficiales de Inmigración le pidieron una identificación. Respondió que la tenía en un vehículo cercano, pero sin más trámite lo deportaron. Desesperado reingresó saltando el muro fronterizo pero fue arrestado, y obligado a firmar su salida voluntaria. La abogada Nora Preciado, que es parte del equipo defensor señala las inconsistencias de la Patrulla Fronteriza sobre el incidente:
“Primero negando que tenía DACA, después admitiendo que la tenía pero que la había perdido por dejar el país involuntariamente”
Preciado señalo que las autoridades todavía no han entregado documentos ni videos de la detención de Montes.
“La corte ha ordenado que el gobierno presente más evidencia que sólo ellos poseen”, dijo Preciado.
Esta falta de transparencia y las deportaciones sumarias no son nuevas para Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades Fronterizas:
“De manera sistemática la Patrulla Fronteriza oculta la verdad, obstaculiza la justicia, no hace de manera pública la evidencia”
La deportación de Juan Manuel Montes mantiene en la incertidumbre a unos 800 mil jóvenes con DACA que de acuerdo con cálculos de la Universidad de California hay en el país.
Muchos viven en California, como Jesús Méndez, a quien le preocupa lo qué va a pasar el 5 de septiembre, plazo que los apoyadores más radicales de Trump le pusieron para que elimine este programa firmado por Obama.
Añade más de esa leña de ansiedad, de miedo, de incertidumbre al fuego, que ya ha existido pero que resurgió después de la elección del presidente Trump.
El juez que ventila el caso de Montes es Gonzalo Curiel, quien condujo el caso por fraude contra la Universidad Trump en San Diego. El entonces candidato Trump aseguró que el juez no podía ser imparcial por su herencia mexicana. Por eso el veredicto de Curiel repercutirá en todo el país, afirma Christian Ramírez.
Para decirle al resto de los muchachos que tienen DACA que su estancia en el país está protegida. Mientras exista esta duda, pues claro está que el resto de las muchachas y muchachos que tengan DACA están preocupados, sobre todo los que viven aquí en la frontera.
Mientras tanto en Mexicali y alejado de la opinión pública, Juan Manuel Montes no tiene sosiego, señala su abogada Nora Preciado:
“Está ansioso de regresar a casa, está contando los días; cada día que pasa obviamente la separación de sus familiares, de sus amigos, de su hogar, de su casa, de la escuela lo pone muy triste”.