Manifestantes se reúnen en Battery Park y marchan a las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas en Manhattan para protestar contra la orden del Presidente Trump . Foto: Bryan R. Smith/AFP.

Luego de la reciente aparición hace unos días del Procurador General de la nación, Jeff Sessions en la fronteriza ciudad de Nogales, Arizona, donde anunció que Estados Unidos vive ya una nueva era, ‘la Era de Trump’, que entre otras deleznables medidas criminaliza el cruce fronterizo sin documentos legales, según un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el gobierno federal acelera la contratación de su Fuerza de Deportación. 

The New York Times sostiene que aun cuando las cortes federales retienen la prohibición de Trump a los viajeros de varios países predominantemente musulmanes, la administración federal está presionando para contratar apresuradamente a por lo menos unos cinco mil agentes de la Patrulla Fronteriza.

Pero estos procedimientos de contratación de agentes son complicados. Uno de los primeros obstáculos, descontando el financiamiento, es el de la prueba del polígrafo, que detecta la verdad en las declaraciones como parte de la prueba de admisión de los agentes que serían contratados.

Como se recordará tal vez, durante el primer término de la administración de George W. Bush se contrató apresuradamente a miles de agentes fronterizos omitiendo la prueba del polígrafo, y como resultado de esto muchos oficiales terminaron enjuiciados por haberse vinculado a cárteles del narcotráfico y con traficantes de personas.

Aun así, el plan de DHS para expandir enormemente su Patrulla Fronteriza de manera exprés, permite que los solicitantes pasen por alto dicha prueba de polígrafo en las contrataciones futuras.

La Patrulla Fronteriza aplaudió dicha medida, aduciendo que “el polígrafo es excesivamente difícil y cuestionado por algunos expertos». El memorándum de DHS, que fue reportado la primera vez por The Washington Post, “esbozó varias otras maneras en que la administración está considerando relajar las normas de contratación y aumentar el reclutamiento”.

La fuente agrega que además de levantar el obstáculo del polígrafo, “el memorando discute la eliminación de una parte del examen de nuevo ingreso que evalúa las habilidades del idioma español en las contrataciones anticipadas”, explicando que «pocos aspirantes fallan el examen de entrada solamente debido a estas pruebas». El memorando, que incluye otros requisitos menos relevantes, como tener buena condición física, entre otras cosas, es todavía un borrador, afirma la administración.

Sin embargo, hay voces sensatas en este país, sostiene el Times. Por ejemplo, el ex comisionado asistente de asuntos internos de Aduanas y Protección Fronteriza, James Tomsheck dijo que cualquier intento de acelerar la contratación mediante la reducción de los estándares “deja a la agencia vulnerable y susceptible de contratar a agentes corruptos o comprometidos”. Y fue más lejos: «No puedo ver cómo esto hace que la frontera sea más segura», calificando la omisión de la prueba del polígrafo como algo «absurdo».

Y aún hay más. Según el memorando, incluso pasando la prueba del polígrafo, la agencia carece del dinero para procesar rápidamente las contrataciones. Para el mes de marzo, dice, contratar a un agente de frontera tomó un promedio de 300 días, lo que representó “una mejora con respecto al promedio de 469 días hasta enero de 2016”.

Y para procesar dichas contrataciones de manera acelerada, la administración ha pedido al Congreso que destine más de 60 millones de dólares, adicionales a los 21 mil millones que costaría la construcción del famoso muro, “para incentivar a los agentes a que se muden a regiones menos deseables a lo largo de la frontera y expandir los esfuerzos de reclutamiento”.

En tanto, el número de personas aprehendidas en la frontera ha disminuido drásticamente en los últimos meses, y algunas camas en los centros de detención están vacías. El gobierno federal insiste en que México mantenga a los potenciales inmigrantes detenidos en la frontera mientras sus casos pasan por tribunales estadunidenses de Inmigración. Y para acelerar esas audiencias, la administración está considerando celebrarlas a través de videoconferencia o enviar más jueces de inmigración a la frontera.

El memorando concluye afirmando que “más de 50 departamentos de policía están interesados en asociarse con la agencia federal para ayudar a hacer cumplir las leyes de inmigración”, a través del programa conocido como 287 (g), que la administración de Obama suspendió “por el perfil racial y otros abusos”. Pero DHS ya está en proceso de firmar con otras 26 jurisdicciones.

Por otro lado, de acuerdo con Los Ángeles Times, los departamentos de policía de California insisten en que «no hacen cumplir las leyes federales de inmigración». Sin embargo, «los manuales del Departamento de Policía de ciertas jurisdicciones parecen sugerir algo diferente». En lugares como Culver City y Azusa, sostiene la fuente, “los manuales dan a los oficiales orientación sobre cómo detener a las personas sospechosas de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, lo cual es un delito menor bajo la ley federal”. Pero muchas ciudades dicen que no siguen estos manuales.

Por último, el gobernador de Texas, Greg Abbott acaba de anunciar la “brillante” idea de utilizar los fondos que serían retenidos para las ciudades santuario, en la construcción del muro, dice el diario/La Prensa de Nueva York, mientras se enciende el debate sobre la propuesta de ley SB 54, del líder del Senado estatal, Kevin de León, para convertir a California en Estado Santuario. Esta propuesta prohibiría a las agencias estatales y locales, incluyendo a la policía escolar y a departamentos de seguridad “utilizar recursos para investigar, interrogar, detener, detectar o arrestar a personas con fines de inmigración”, reporta Los Ángeles Times■