El Equipo de Control de Marihuana del Sheriff del Condado de San Bernardino cumplió con las órdenes de registro en varias residencias en Phelan, California el jueves 21 de junio de 2018. Las áreas del Desierto alto, como el valle de Lucerna, Newberry Springs y Phelan, se han convertido en un punto caliente para el cultivo de mariguana. Aunque la droga se ha convertido recientemente en legal, aún es ilegal crecerla con la intención de vender. Foto: Sarah Alvarado / The Sun.
De la redacción
La vida puede cambiar radicalmente de un momento a otro cuando se comete una ofensa –aún menor- relacionada con el uso, venta y/o distribución de drogas, incluida la mariguana, por ejemplo. Porque un sólo arresto por drogas puede desencadenar una oleada de consecuencias colaterales que incluyen barreras para desenvolverse en la sociedad. Sin embargo, en esta crucial coyuntura electoral de medio término, que han despertado un inusitado interés en la afluencia del voto temprano y del registro en el padrón electoral de las minorías, la participación informada sobre este tema puede representar la posibilidad de un cambio. No todo está perdido todavía. Se pueden y se están combatiendo las políticas hostiles del gobierno federal en la materia, que de acuerdo a la evidencia merman la vida de las comunidades marginadas o de las minorías principal y ostensiblemente.
La Guerra -de baja intensidad- contra las Drogas, que más bien debiera llamarse la Guerra contra los Pobres, que endereza desde hace más de medio siglo este país no sólo contra su población sino contra países extranjeros, le cuesta al erario público 51 mil millones de dólares anuales en el plano doméstico y sólo ha arrojado destrucción de millones de vidas y la pérdida de derechos civiles, como el de votar, que es tan importante en estos momentos cruciales. Además, esta perniciosa empresa del gobierno está enriqueciendo a constructores privados de prisiones y le brida a Estados Unidos el dudoso honor de ser el país con la mayor población carcelaria del mundo.
En junio de 1971, el presidente Nixon declaró una «Guerra contra las Drogas». Aumentó dramáticamente el tamaño y la presencia de las agencias federales de control de drogas, e impulsó medidas como sentencias obligatorias y órdenes de no-detonación. Foto: http://www.drugpolicy.org.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Judiciales / US Bureau of Justice Statistics (BJS), hasta 2013 existían –y la cuenta ha seguido creciendo desde entonces-, 2 millones 220 mil 300 presos adultos. Es decir, 1 en cada 110 adultos de la población estadunidense está preso. Estados Unidos representaba entonces alrededor del 4.4 por ciento de la población mundial, y sin embargo albergaba en sus cárceles !alrededor del 22%! de los prisioneros del mundo.
Las consecuencias pueden notarse en distintos planos de la realidad social. En el terreno de la educación, existen actualmente en Estados Unidos más de 200 mil estudiantes que han perdido la ayuda financiera federal debido a una condena por drogas. Incluso por posesión de pequeñas cantidades de mariguana. Además, las personas pueden ser bloqueadas de trabajos en escuelas, hospitales y departamentos de policía, y se les pueden negar licencias ocupacionales para casi todas las profesiones, incluida la de pasear perros, dice la Alianza de Políticas de las Drogas (DPA). También, la ley federal permite que los estados nieguen a las personas la asistencia y los servicios públicos debido a una condena por drogas. Y lo que resulta algo muy delicado para la vida política del país, a alguien con un arresto por drogas se le puede negar su derecho a votar; se le puede prohibir participar en jurados, e incluso puede ser deportado si no es ciudadano estadunidense.
No obstante, existen diversas iniciativas que están combatiendo el abuso de la Guerra contra las Drogas contra la población civil, que lleva a cabo el gobierno federal. Por ejemplo, una iniciativa en la boleta de California, la ‘Proposición 64’, y elecciones locales para las fiscalías estatales están brindando a la población en esta coyuntura electoral distintas maneras de combatir el abuso de poder del gobierno federal y eventualmente una manera de cambiar esta suerte para salir del laberinto.
Las barreras que levanta el gobierno federal contra su población más vulnerable económica y socialmente, como los afroestadunidenses, los latinos y los asiáticos pobres principalmente, dañan de manera desproporcionada el tejido social.
Los prisioneros deben conservar su derecho a votar. Foto: www.thebelltowers.com.
Las campañas para poner fin al encarcelamiento masivo se vuelven locales. Las contiendas de los fiscales de distrito, por ejemplo, se han vuelto más competitivas atrayendo grandes donaciones y retadores que se comprometen a transformar el sistema de justicia penal. El enfoque en las contiendas locales se produce cuando los esfuerzos de revisión se han estancado a nivel federal.
Es por eso que, después de desempeñar un papel clave en aprobar el proyecto de ley de legalización de la marihuana de California, la Proposición 64, que incluía disposiciones para reducir o anular las condenas previas por marihuana, la DPA comenzó a organizar clínicas de eliminación en todo el estado para ayudar a las personas a limpiar sus registros… y darles una segunda oportunidad en la vida.
En general, de 2016 a 2017, el número de personas en California que enfrentan un posible encarcelamiento, fuertes honorarios legales y antecedentes penales como resultado de los delitos relacionados con la cannabis se redujo en casi 8 mil. Y estos hallazgos complacieron a las personas que hace dos años trabajaron para aprobar la Propuesta 64.
Sí, todavía puedes ser arrestado por algunos delitos relacionados con la mariguana en California. Pero ahora que el uso recreativo es legal, el número de detenciones está disminuyendo rápidamente. Esas son dos conclusiones de un informe sobre crimen publicado esta semana por el Fiscal General de California, Xavier Bacerra. Los datos mostraron una gran caída en los arrestos relacionados con la marihuana el año pasado, y con todos los arrestos en un 56% por ciento y los arrestos por delitos graves un 74 por ciento.
Este nuevo informe de Bacerra sobre la delincuencia en California, que se espera rastree las estadísticas anuales de delincuencia en todo el estado, también muestra que las reglas para la producción y el consumo de cannabis todavía pueden llevar al contacto con las autoridades policiales.
El Centro para el Progreso Americano sobre personas de color muestra las disparidades raciales inherentes a las políticas y prácticas de justicia penal de nuestra nación, en el Departamento de Correccionales de California. Foto: AP.
Así mismo, en Nueva Jersey por ejemplo el senador demócrata Cory Booker impulsa la ‘Ley de Justicia de la Marihuana’, un proyecto de ley innovador que presentó en el Senado de Estados Unidos, que pondría fin a la prohibición federal de la marihuana, apoyaría la justicia racial y ayudaría a reparar las comunidades más devastadas por la guerra contra las drogas.
Por su parte la Fiscal de Distrito del Condado de Dallas, Texas, Faith Johnson a menudo les recuerda a los votantes que ella recientemente ganó una rara condena por asesinato, contra un oficial de la policía de la raza blanca que le disparó a un auto lleno de adolescentes y mató a un niño negro de 15 años de edad.
En un reciente foro de candidatos en el Museo Afroamericano de Dallas, Johnson, una republicana que se postula para permanecer en el cargo en noviembre, dijo ante una multitud mayoritariamente negra que «No pudieron obtener esa convicción en Nueva York. No pudieron conseguirlo en California. No pudieron conseguirlo en Ohio… Lo conseguimos aquí, en el condado de Dallas».
Pero luego su oponente demócrata, John Creuzot tomó el micrófono y se comprometió a ser aún más fuerte con la policía. Y prometió que de ser electo reduciría la cantidad de residentes del Condado de Dallas que terminan tras las rejas. «En los primeros 90 días, les daré un plan para poner fin al encarcelamiento masivo», dijo Creuzot, un ex juez que espera destituir a Johnson en noviembre.
Un prisionero de California recibe certificado ded educación durante su cautiverio. Foto Rand Corporation.
No todo está perdido todavía. Dile al Congreso que es hora de hacer justicia a la marihuana. Que pase el proyecto de la Ley de Justicia de la Marihuana de 2017, que ordena a los tribunales federales a eliminar condenas por el uso o posesión de marihuana y que prohíbe y reduce ciertos fondos federales para un estado que carezca de estatuto que legalice la marihuana. Si la Oficina de Asistencia Judicial determina que dicho estado tiene una tasa de arresto desproporcionada étnicamente o una tasa de encarcelamiento desproporcionado por delitos de marihuana, terminaría con la prohibición federal de la Ley de Substancias Controladas y apoyaría la reforma al sistema de justicia penal para acabar con las disparidades raciales y ayudaría a reparar las comunidades más devastadas por la Guerra contra las Drogas■
