Trabajadoras H-2B de la industria marisquera
De La Redacción
Otorgan el derecho a una copia del contrato de trabajo en un idioma que el trabajador pueda comprender; garantizan que se pagará por lo menos tres cuartas partes de las horas prometidas en el contrato de trabajo, y el reembolso de los gastos de viaje de entrada a este país, después de un terminar el 50 por ciento del contrato; y el empleador pagará el transporte de ida si el trabajador sigue siendo empleado hasta el final de la orden de trabajo o si el trabajador es despedido antes del final de la orden de trabajo.
En respuesta a largas disputas legales por la falta de actualidad en las reglas que rigen para los trabajadores huésped que laboran en este país a través del Programa de Visas H-2B en varias industrias de Estados Unidos, los Departamentos de Seguridad Interior (DHS) y del Trabajo (DOL), promulgan dos “importantes aunque modestas” regulaciones relativas a métodos de contratación y obligaciones del empleador, así como salarios devengados por estos trabajadores contratados en el extranjero, indica un comunicado del Instituto de Política Económica (The Economic Policy Institute, EPI).
Las disputas legales sobre este tema se habían prolongado por más de cinco años, luego que en diversas jurisdicciones inmigrantes y sus defensores retaran jurídicamente las regulaciones “ilegales” para el Programa de Visas H-2B, impuestas por la administración del ex presidente, George W. Bush, con algunas mínimas modificaciones desde 2008 a la fecha, dice el comunicado. Y es que estas lagunas legales han estado facilitando el tráfico y la explotación de los trabajadores contratados en el extranjero, que se despeñan en industrias como la jardinería, la silvicultura, los mariscos, las ferias y carnavales, los hospitales y la construcción, entre otras.
Una muestra de dicha explotación y abuso contra los trabajadores extranjeros ocurridas durante los últimos años, aunque no la única, cita EPI, son los 14 millones de dólares por daños y perjuicios a cinco trabajadores hindúes con Visa H-2B, otorgados por un jurado de Luisiana recientemente, y que Radio Bilingüe publicó en su oportunidad.
Las nuevas protecciones -Norma Integral Preliminar Definitiva, y Regla Final de Metodología de Salario- de los trabajadores H-2B, pospuestas varias veces por el comité congresional de apropiaciones, y ordenada por los tribunales federales a solicitud de las asociaciones de empleadores, entrará en vigor de inmediato, pero finalizará después de un período de 60 días. Mientras que estas normas imponen nuevas obligaciones sobre los empleadores H-2B, darán lugar a más trabajadores estadunidenses contratados para posiciones abiertas y se espera que evitarán la explotación de los trabajadores H-2B.
Concretamente, otorgan el derecho a una copia del contrato de trabajo en un idioma que el trabajador pueda comprender; garantizan que se pagará por lo menos tres cuartas partes de las horas prometidas en el contrato de trabajo, y el reembolso de los gastos de viaje de entrada a este país, después de un terminar el 50 por ciento del contrato; y el empleador pagará el transporte de ida si el trabajador sigue siendo empleado hasta el final de la orden de trabajo o si el trabajador es despedido antes del final de la orden de trabajo.
Además, ahora se exige a los empleadores H-2B prohibir a los reclutadores internacionales cobrar una tasa por ofrecer un empleo H-2B, que deja a estos trabajadores endeudados y propensos a la explotación laboral. Los empleadores H-2B también tendrán prohibido tomar represalias contra los trabajadores ante la presentación de quejas, consultas con defensores o abogados, o por ejercer cualquiera de sus derechos o protecciones laborales.
“El temor de represalias por parte de un empleador que controla la visa del trabajador H-2B y la capacidad de permanecer en Estados Unidos, y en última instancia, el miedo a la deportación si un trabajador H-2B es despedido por protestar es lo que degrada las normas laborales para los trabajadores H-2B y los empleados estadunidenses que trabajan junto a ellos en ocupaciones similares”, dice EPI, un centro de análisis independiente, no lucrativo, que investiga el impacto de las tendencias y políticas económicas en las personas que trabajan en Estados Unidos■
