Inmigrantes al alba de las reformas legales que afectan sus derechos aprbados por las cortes y el congreso dela nación. Foto: Aclu.
De la redacción
“Es una legislación matizada que abarca los abismos gemelos de la justicia penal y la reforma migratoria, al tiempo que mejora la vida de miles de residentes de Utah”, dice la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU en su página web.
El estado de Utah da un paso adelante en dirección de la reforma al sistema de justicia penal, en su vertiente de inmigración. En una era en que a menudo los legisladores de ese estado de mayoría republicana aprueban proyectos de ley que generan poco impacto, Utah pasa una ley que ayuda a los no ciudadanos a evitar la deportación si son condenados por un delito menor.
Y es que el 25 de marzo el gobernador republicano Gary Herbert promulgó el proyecto de ley que modifica las condenas por delitos menores en Utah, impidiendo que puedan interpretarse como delitos graves con fines de inmigración. Es decir, evita la deportación automáticas por un delito tan simple como el robo de tiendas, por ejemplo. Para ello, el proyecto de ley le resta un día a la sentencia máxima posible, de los delitos menores en Utah, que es de 365 días; y la deja en 364 días, para que el infractor no alcance la pena máxima de 356 días que lo hace vulnerable y candidato a la deportación, dice un comuncado de Aclu.
“Utah no es de ninguna manera el primer estado en promulgar este cambio de política sensato. Ahora nos unimos a estados como Nevada, California y Washington, que han aprobado las llamadas leyes de 364 días, con el objetivo de reducir las consecuencias migratorias de las condenas para los no ciudadanos”, afirma el comunicado.
Pero Utah, sostiene la fuente, “es uno de los pocos estados liderados por los republicanos en hacer este cambio”. Sorprendentemente, agrega, Utah llegó a esta meta anticipándose a Colorado y Nueva York, dos estados que adoptaron protecciones similares en marzo.
Según la Ley federal de Inmigración, un delito menor del estado que conlleva una posible sentencia de un año o más se considera un delito grave para fines de Inmigración. “Esto se traduce en consecuencias devastadoras e involuntarias que despojan automáticamente a los inmigrantes de su estado, incluidos los titulares de tarjetas verdes, refugiados y víctimas de violencia doméstica, y los somete a la deportación obligatoria”.
Aunque en realidad una persona ni siquiera necesita recibir una sentencia completa de 365 días para desencadenar la severa sanción de la deportación, afirma Aclu. La deportación automática se inicia mientras la sentencia máxima permitida sea igual a un año completo o más, “incluso si la sentencia real de la persona fue de 20 días en la cárcel o se suspendió por completo”.
La Aclu aclara que hasta que el Congreso restablezca a los jueces de Inmigración la discreción para imponer penas severas, o para considerar las circunstancias individuales antes de someter a una persona a la deportación, “la única solución es que los estados definan claramente que los delitos menores conllevan una sentencia máxima de 364 días”.
En el caso de este proyecto de ley que reduce la sentencia un día, ambas cámaras lo aprobaron por unanimidad sin resistencia en Utah, señala la Unión de Libertades Civiles. “Una razón podría ser que esta legislación elimina la carga sobresaliente de la deportación obligatoria en los juicios penales de bajo perfil. Los abogados defensores están obligados por la Sexta Enmienda a considerar las posibles consecuencias con Inmigración de una declaración de culpabilidad”.
Aclu afirma también que antes de que se aprobara esta ley, el abogado defensor a veces aconsejaba erróneamente a sus clientes no ciudadanos que aceptaran un acuerdo de culpabilidad por un delito menor, “sin darse cuenta de que las consecuencias de Inmigración podrían desencadenar la expulsión”. Cuando se descubría el error, señala, “las personas desesperadas podrían tratar de reabrir sus casos criminales”.
Pero ahora, con la aprobación de este proyecto de ley “se elimina las consecuencias draconianas de Inmigración, de tales acuerdos de declaración de culpabilidad”, y con esto “se aumenta la transparencia y la imparcialidad” durante el proceso de prueba y declaración de culpabilidad.
A medida que más estados aprueban leyes como la de Utah, para proteger a los no ciudadanos de estas sanciones catastróficas de Inmigración, el mensaje al gobierno federal es que los estados “valoramos la eficiencia, la imparcialidad y el sentido común en nuestros sistemas penales y de inmigración”. Además, el mensaje va también para los miembros no ciudadanos de la comunidad: “la base de nuestro sistema de justicia, la justicia igualitaria bajo la ley, también se aplica para ustedes”.
Por eso, concluye Aclu, “esto es algo que todos los habitantes de Utah pueden apoyar”■
