De la redacción
Una nueva encuesta nacional de Rasmussen Reports, realizada por teléfono y en línea reveló que sólo el 36 por ciento de los votantes probables en Estados Unidos piensan que este país puede permitirse permanecer en gran medida cerrado por un período indefinido para limitar la propagación del COVID-19. Y cerca de la mitad de los encuestados (46%) dijo no creer que el presidente Trump pueda ir demasiado lejos en sus esfuerzos para derrotar la pandemia. Un 18% respondió que no está seguro.
El Fiscal General de Trump, William Barr está tratando de aprovechar el temor y la confusión que reina entre la población estadunidense a causa de la pandemia del coronavirus, e intenta pedir al Congreso “poderes de emergencia para encarcelar a ciudadanos estadunidenses indefinidamente sin juicio y sin ser acusados de ningún delito”, dice un comunicado de la organización civil Demand Progress.
“Esta es una toma de poder masiva y aterradora, usando la pandemia como una excusa para descartar uno de nuestros derechos constitucionales más básicos: el derecho a no ser encarcelado sin comparecer ante un juez”.
El comunicado advierte que “Podemos detener esto, pero sólo si la reacción pública inicial es grande y fuerte. Una vez que el gobierno reclama este tipo de poderes, es increíblemente difícil recuperarlos”.
Ocultos detrás de la interminable corriente de mentiras y comentarios maliciosos del presidente Trump, “hay acciones que trascienden la comprensión razonable de su autoridad legal”, dice por su parte la publicación The Atlantic.
“Trump desprecia, más que cualquier otra cosa, las limitaciones de los controles y equilibrios de su poder. Sea testigo de su afirmación del derecho a ignorar todas las citaciones del Congreso; su continua negativa a revelar sus declaraciones de impuestos, a pesar del derecho legal del Congreso de asegurarlas; sus acciones específicas para prohibir el testimonio del Congreso por parte de funcionarios del gobierno; y sus ataques personales contra jueces que se atreven a someter los actos de su administración a revisión judicial”.
Después de conocer a Barr durante cuatro décadas, incluido el hecho de haber sido fiscal general adjunto en la administración de George H.W. Bush, Trump sabía que el actual fiscal general era “un feroz defensor del poder presidencial sin control”. Pero los primeros meses de su mandato actual, y en particular su manejo del informe Mueller, sugieren algo muy diferente: que “está usando la oficina que tiene para avanzar en su extraordinario proyecto de por vida, de asignar un poder sin control al presidente”, sostiene la fuente.
Entre tanto, ahora que la firma encuestadora Gallup ha abandonado el campo, Rasmussen Reports dice ser la única firma de opinión pública reconocida a nivel nacional que todavía sigue a diario las calificaciones de aprobación del trabajo de Trump.
Con todo, «algunos lectores se preguntarán ¿cómo llegamos a estas calificaciones de aprobación sobre el trabajo del presidente?».
Es difícil, aunque de alguna manera entendible que el temor y la confusión empujen a la población promedio a irse por lo seguro. De ahí que a pesar de la ineficiencia para dirigir al país y en este momento para enfrentar la crisis del COVID-19 con mentiras y falsas promesas todos los días en sus conferencia de prensa, los índices de aceptación del desempeño del presidente, de acuerdo con la encuesta diaria de seguimiento presidencial Rasmussen Reports muestren que el 48% de los votantes probables de Estados Unidos aprueban el desempeño laboral de Trump. Aunque el 51% lo desaprueba, dice.
Pero volviendo a la movida del fiscal Barr, ha de saberse que a lo largo de la historia los autócratas han utilizado momentos de crisis como la que vivimos para atacar las libertades civiles básicas. Y que “la garantía contra la detención indefinida sin juicio, o habeas corpus, es una las libertades civiles más básicas y piedra angular de la Declaración de Derechos de Estados Unidos”, afirma en el comunicado Demand Progress.
“La idea de que William Barr y Donald Trump reclaman los poderes para encerrar a cualquiera por cualquier motivo, o incuso sin motivo alguno, es francamente aterradora”, advierte.
“Esta es una estratagema clara para que Trump y sus compinches tomen todo el poder que puedan sobre nuestros derechos constitucionalmente garantizados, durante una catástrofe global… Necesitamos detener esta idea en frío. Tendremos que reunir firmas para enviar al Congreso, para informarle que el público no tolerará este ataque a nuestros derechos”. Y lanza a los estadunidenses esta pregunta: “¿Ayudará a defenderse antes de que Trump obtenga el Congreso para ayudarlo a ignorar la Constitución?”.
El lector podrá encontrar en el sitio web de Demand Progress el vehículo para hacer llegar su opinión o petición al Congreso, para detener las intenciones autócratas del presidente Trump y su fiscal Barr■
