De la redacción

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Aprovechando el frenético ruido que causan la comparecencia en el Congreso de Mark Zuckerberg, el jefe ejecutivo de Facebook, los planes que anunció hoy la Casa Blanca “están listos ya para bombardear a Siria”, los avance del Fiscal Especial, Robert Mueller, que desataron la furia del presidente con la redada del lunes en la oficina de su abogado personal, Trump firmó ayer martes una orden executiva para forzar a las personas de bajos ingresos que reciben estampillas de alimentos, Medicaid y subsidios para vivienda de bajo costo, a unirse a la fuerza de trabajo o de lo contrario perder estos beneficios. La orden lleva el pomposo nombre de “Reduciendo la Pobreza en América”.

Como se recordará, cuando surgió por primera vez la reeferida amenaza de Trump, el tema fue abordado oportunamente en el programa de Línea Abierta de Radio Bilingüe, donde se señalaba que entre los pobres que sufrirían las consecuencias de esta amenaza se hallan muchos “inmigrantes que reciban créditos fiscales para las familias trabajadoras con hijos, o subsidios de seguros de salud y otros beneficios no monetarios”. Se señalaba que lo que estaba haciendo Trump era “ampliar la definición de carga pública”. Y esto es precisamente lo que hizo ayer por la noche el inquilino de la Casa Blanca a la sombra de todas estas distracciones o cortinas de humo fabricadas artificialmente por él mismo.

El presidente giró una orden a todos los departamentos del gabinete, que les da “90 días para producir planes que impongan requisitos de trabajo a receptores de ayuda sin discapacidad y bloqueen la recepción de ayuda a inmigrantes no elegibles, al tiempo que elaboren una lista de cambios normativos recomendados», para sacar a los beneficiarios de las listas de la ayuda pública, dice hoy The New York Times.

Pero resulta que el presidente desconoce la realidad social, afirman los defensores de los pobres. Ignora por ejemplo que la mayoría de los adultos sanos que aún no tienen trabajo “se enfrentan a obstáculos que incluyen problemas mentales, antecedentes penales que impiden a los empleadores contratarlos y complicadas situaciones familiares”. Como la de aquellos que no tienen dinero para pagar a quien le cuide a sus familiares enfermos, o de muy avanzada edad, así como a sus hijos muy pequeños y tienen que cuidarlos ellos mismos. También están quienes se hallan en programas de entrenamiento o que simplemente dedican parte de su tiempo a buscar empleo, en una economía con tasas importantes de desempleo.

En tanto, a principios de este año, “el Departamento de Salud y Servicios Humanos otorgó una exención a Arkansas, para que requiera que los beneficiarios de Medicaid obtengan empleos, participen en capacitación laboral o realicen búsquedas laborales al menos 80 horas por mes”. Y el Departamento de Agricultura ya está presionando a los estados para que impongan requisitos de trabajo en el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, el programa conocido anteriormente como cupones de alimentos.

Así mismo, un estudio de 2017 del Instituto de Políticas e Innovación de la Salud, de la Universidad de Michigan sobre el programa Medicaid de ese estado, descubrió que “las tres cuartas partes de los inscritos en el programa ya estaban trabajando o estaban físicamente incapacitados para hacerlo. Otro 12 por ciento eran personas que probablemente estarían exentas, incluidos ancianos y estudiantes”.

La fuente agrega que varios asesores sostienen que “Trump no está preocupado, o quizás desconoce, la distinción entre la asistencia en efectivo y otros programas de protección social… Él llama a todos ellos «bienestar público» (welfare).

La palabra ‘bienestar’, “políticamente cargada y a menudo peyorativa especialmente entre los partidarios conservadores del presidente, históricamente se ha utilizado para describir los programas de asistencia en efectivo, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas”.

Y como se advirtió en Línea Abierta, esta administración intenta cambiar el léxico y la definición de bienestar público convirtiendo todo tipo de ayuda en “carga pública”. Condenar la ayuda alimentaria y el Medicaid, afectará no sólo a los inmigrantes, sino principalmente a muchos de sus seguidores o electores. Estos programas son considerados incluso por muchos legisladores conservadores como “una red de seguridad necesaria para las familias y las personas en los márgenes económicos sin sin tener culpa por eso”, sostiene el Times.

Hasta el propio el jefe de asesores del presidente en política doméstica, Andrew Bremberg dijo a la fuente que “los pagos de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas a personas pobres se están acercando a mínimos históricos”■