De la redacción
El clima de persecución a los inmigrfantes que se vive en Estados Unidos bajo la administración Trump pone a los hijos de inmigrantes de bajos ingresos económicos en la penosa situación de poder pasar hambre, a pesar de ser ciudadanos de Estados Unidos.Y es que sin importar el estatus migratorio de sus padres, con sólo haber nacido en este país son elegibles a la cobertura de salud y a cupones de alimento, beneficios que por ley les corresponden, dice un reporte de newsservice.org.
Algunas organizaciones sociales piensan que la dureza de las políticas migratorias de esta administración, dirigidas con precision hacia la comunidad inmigrante, aun tratándose de los menores intentan -con éxito- intimidar a las ciudades e instituciones que deciden adoptar políticas de santuario. Es decir, que limitan la cooperación de sus departamentos policiales con agentes federales de migración, ICE, la Patrulla Fronteriza y otros.
Pues bien, el temor a las redadas y deportaciones (40 mil inmigrantes con y sin antecedentes criminales han sido deportados en la era Trump, un aumento de casi el 40 por ciento a partir de enero), está impidiendo que algunas familias accedan a esos programas benéficos.
De acuerdo con la fuente, el encargado de la línea telefónica directa de los recursos alimentarios en la organización Hunger Free Colorado, Javier Roacho sostiene que el clima político actual está afectando a las familias en todo el estado.
«La gente tiene miedo de solicitar, la gente quiere optar por no recibir Medicaid ni el programa de cupones de alimentos, debido al temor de que van a ser blanco del gobierno», dijo Roacho.
Agregó: «Los niños están perdiendo la comida y vamos a tener niños que se van a ir a la cama con hambre, y a la escuela con hambre».
Una narrativa de terror muy similar la encontramos en otras partes del país, como reportamos esta semana aquí a propósito de la situación que están viviendo los inmigrantes en Texas con la promulgación de la ley SB 4.
En 2015, casi uno de cada diez receptores de cupones de alimentos eran ciudadanos estadunidenses que vivían con no ciudadanos, dice el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, quien sin embargo señala que “hasta el momento no se han modificado las leyes como para poner en riesgo a los padres de familia”.
Advierte que también con el cierre de las escuelas durante las vacaciones de verano muchos niños perderán el acceso a las comidas y a los servicios de enfermería de la escuela. No obstante Roacho señala que la capacidad de las escuelas públicas para paliar el hambre de los hijos de familias inmigrantes de bajos recursos son limitados.
“El resto depende de nosotros», dijo, «conseguir a nuestros hijos lo que necesitan, asegurarse de que si les sucede algo los podemos llevar a la sala de emergencias o al hospital sin vacilar, o sin pensar en lo que va a suceder» más tarde con la factura de pago.
Roacho afirma que según su experiencia la deportación es uno de los temas que ronda con persistencia entre las familias inmigrantes que no reciben ayuda para sus hijos por parte del gobierno o de las iglesias, donde suelen sentirse a salvo.
La economía de Colorado, dice, también podría tener un impacto «si no hay acceso al dinero que se podría gastarse en las tiendas de comestibles locales, -con los cupones de alimento por ejemplo-, y tiene que ser devuelto a las arcas del gobierno federal, concluye el operador telefónico.