Mujer de una familia migrante besa aun bebé en la línea fronteriza a done llegaron muchos centroamericanos a pedir asilo en la frontera de San Ysidro, California y Tijuana. Foto: WNPR.
De la redacción
Radio Bilingue abordó este martes en la Edición de Inmigración de Línea Abierta un caso de “coordinación tramposa” entre las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargadas de otorgar asilo y ejecutar las remociones de los inmigrantes indocumentados que buscan la protección de la ley porque su vida o su integridad física corre peligro en sus países de origen.
Ariadna Rentería, Directora Ejecutiva y abogada de inmigración para servicios legales para el inmigrante de la Costa Central de California, y en esta entrevista con Samuel Orozco en Línea Abierta nos acompaña desde Watsonville.
Escuche:
En la demanda, ‘Damus V. Nielsen’, sometida por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, D.C contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) como acusados, se desafía la detención arbitraria de los solicitantes de asilo que huyen de la persecución, la tortura o la muerte en sus países de origen.
Se afirma que funcionarios a cargo de naturalizar a inmigrantes se han estado “coordinando” con agentes de deportación para tenderles “trampas” y arrestar a indocumentados que están casados con ciudadanos de Estados Unidos, cuando se presentan a entrevistas de legalización.
Y es que DHS, a través de la rama a cargo de ejecutar las políticas de inmigración, asilo, y remociones de personas que intentan ingresar a Estados Unidos, ignora no solo sus propias reglas sino también los fallos judiciales de las cortes federales en su contra.
ACLU afirma que todos los demandantes en este caso han aprobado evaluaciones de miedo creíbles, lo que significa que “un oficial de asilo de Estados Unidos ha determinado que su temor a la persecución es creíble”, y que por tanto tiene “una posibilidad significativa de recibir asilo completo”.
En marzo, cuando la demanda colectiva fue sometida, había más de mil solicitantes de asilo encerrados tan sólo en 5 oficinas de campo de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Detroit, que cubre Michigan y Ohio, El Paso que cubre Nuevo México y el Oeste de Texas), Los Ángeles, CA, Newark – New Jersey), y Filadelfia, que abarca Pennsylvania.
Entonces, ACLU hizo notar que la tasa de casos a los que se les otorga libertad condicional se desplomó “del 95 por ciento en 2013, a ¡casi cero! desde que el presidente Trump asumió el cargo”.
Los inmigrantes se habían presentado a los oficiales de Inmigración, pasaron las evaluaciones y se aceptó que tenían solicitudes de asilo creíbles. Posteriormente ICE denegó sus solicitudes de libertad condicional humanitaria o la liberación de la detención; a pesar de que cada solicitante de asilo presentaba evidencia de que no significaban de ninguna manera un “riesgo o peligro para la comunidad”.
Pero además, el juez encontró que las prácticas de ICE “violan la Constitución, infringen las leyes de inmigración de Estados Unidos, y el derecho internacional”. Y que van en contra de la política o reglas internas escrita por el propio DHS.
En su página web ACLU agrega que en este caso la Quinta Enmienda “prohíbe que el gobierno prive a cualquier persona, independientemente de su ciudadanía, de su libertad sin el debido proceso legal”; y que requiere una razón válida para poner a una persona tras las rejas. También, ordena “que existan procedimientos significativos para garantizar que la detención realmente cumpla con esos objetivos”.
ACLU denunció al gobierno porque en base a documentos que incluyen “declaraciones juradas y correspondencia de funcionarios federales”, muestra qué tanto se han estado coordinando los funcionarios del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) con sus contrapartes de ICE, para facilitar arrestos de solicitantes de trámites migratorios en las diversas oficinas de USCIS.
En sus argumentos, ACLU define como una «trampa» de deportación a dicha coordinación, porque “viola los derechos constitucionales de inmigrantes que están siguiendo las reglas para convertirse en residentes legales”.
Y es que las regulaciones del DHS, creadas durante la pasada administración, “permiten que los inmigrantes con conyugues ciudadanos estadunidenses permanezcan en el país mientras piden la residencia legal, incluso si existe una orden para su deportación”, reporta Prensa Asociada (AP).
Matthew Segal, director legal de la ACLU en Massachusetts, dijo por ejemplo que el gobierno creó el proceso para que los aspirantes a inmigrantes puedan conseguir una ‘tarjeta verde’. Y acota: «El gobierno no puede crear el proceso y luego arrestar a la gente que sigue ese proceso».
Pero el gobierno niega las acusaciones de “coordinación inapropiada” entre las dos agencias y sostiene que son “infundadas”. Que la referida coordinación es “legal y legítima”, sin dar más detalles porque, dice que es un caso que se litiga actualmente.
Como se sabe, no es este el único caso de “coordinación” entre las agencias de DHS. ICE también atrapa inmigrantes que sigue sus casos de remoción en cortes federales a donde asisten a reportarse periódicamente como les manda la ley. Lo mismo hace en las escuelas y lugares donde sabe que los inmigrantes irán forzosamente. Y existe coordinación también entre el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y ICE, como hemos documentado oportunamente en estas páginas.
Andrew Graham, un funcionario del ICE en Boston declaró a AP que ICE trabaja con USCIS para programar entrevistas de tal manera que sus agentes “puedan estar presentes para realizar arrestos… Estamos en el negocio de la deportación y es nuestro trabajo localizarlos y arrestarlos”, dijo■
