De La Redacción
El Fiscal General de la Nación, Eric Holder y el secretario del Departamento de Educación, Arne Duncan giraron instrucciones a los distritos escolares del país para asegurar la igualdad de acceso de todos los niños a las escuelas públicas, sin importar su estatus migratorio, dice un comunicado de la Casa Blanca.
El evento es significativo porque es una expresión contemporánea, digamos instantánea –ocurrió ayer-, de la sostenida lucha por los derechos civiles de las minorías en este país, lucha que se remonta a mediados del siglo pasado. Se trata de una defensa de los principios constitucionales fundamentales, como la cláusula de igualdad de protección, de la Decimocuarta Enmienda, que refleja los valores de las leyes fundamentales, como la Ley de Derechos Civiles de 1964, dice el Fiscal General en un comunicado de prensa.
Como se sabrá, en 1964 la Corte Suprema emitió un fallo histórico -en el caso de Plyler vs Doe- porque la legislación vigente negaba educación a los niños en base a sus estatus migratorio, lo que «no concuerda con las concepciones fundamentales de la justicia”, declaró en esta ocasión Eric Holder.
La histórica decisión de la Suprema en “Plyler vs Doe” ha venido impulsado los esfuerzos nacionales para garantizar el acceso a la educación pública para todos los niños en Estados Unidos -sin tener en cuenta no sólo factores de raza, color y origen nacional-, y ahora con este nuevo anuncio, sin tener en cuenta tampoco la situación migratoria de un niño, o de los padres de ese niño. Porque hay distritos escolares con políticas de admisión que piden todavía documentos como licencias de conducir a los padres de los niños a la hora de inscribir a sus hijos en la escuela, lo que contradice las referidas leyes y atenta contra una inscripción a la escuela más robusta en la nación. Por eso el anuncio del fiscal va acompañado de una guía que ayudará a los distritos en la tarea de abrir las puertas de la educación a todos los niños. ¡A todos!
El asunto trasciende porque en la actualidad los niños de familias mixtas, con miembros dentro de un mismo hogar con distintos estatus migratorios, están sufriendo una serie de ataques, comenzando con la expulsión y separación de sus seres queridos. El Fiscal General declara que esta vez dicha práctica de pedir documentos como la licencia de conducir a los padres de los niños es ilegal, y que habrá sanciones para quien viole las normas.
Como cabe suponer, durante décadas uno de los grandes problemas para corregir la inequidad en el acceso a la educación pública en Estados Unidos ha sido no la falta de una ley que sancione a los distritos escolares si no cumplen con ella o no brindan acceso equitativo a la educción a todos los niños, sino la falta de mecanismos para vigilar eficientemente y con esto jalar a cuentas a dichos distritos cuando estos no cumplen con su responsabilidad histórica.
En 2011, dice un despacho del Departamento de Justicia, esta dependencia judicial y el Departamento de Educación (Doe) emitieron una guía diseñada para ayudar a las escuelas a entender sus responsabilidades bajo la ley de derechos civiles Plyler, y la ley federal de manera más general. En los tres años subsecuentes, “se ha trabajado con decenas de distritos escolares para asegurarse de que están cumpliendo con sus obligaciones en virtud del derecho constitucional y federal”, sostiene el Fiscal.
Dicha guía incluye una carta de orientación a los estados y los distritos escolares, que enfatiza la necesidad de flexibilizar la aceptación de documentos que demuestran la edad del niño, con ejemplos específicos del tipo de documentos que no podrán exigir: la licencia de conducir de los padres, emitida por el estado, cuando esto impida la inscripción a un estudiante debido a la situación migratoria de sus padres.
Pero la situación de la marginación de los niños de las minorías al acceso a la educación ha estado marcada por altibajos. Holder sostiene que “Sin embargo, hemos continuado escuchando informes preocupantes de acciones -tomadas por los distritos escolares de todo el país- que tendrán un efecto escalofriante en la matrícula estudiantil; porque levantan barreras para los niños indocumentados y los niños de familias inmigrantes que tratan de recibir la educación pública a la que tienen derecho constitucional”.
El anuncio de Horlder fue acompañado de una nueva guía actualizada otra vez para ayudar a los distritos escolares en las escuelas públicas, desde el Kinder hasta finalizar el 12avo grado, a garantizar los procesos de inscripción, de manera que sean consistentes con la ley y hagan cumplir a las autoridades del ramo con su obligación de proporcionar a todos los niños la igualdad de acceso a la educación. Y hoy dichas dependencias federales están actualizando esas guías de orientación, con ejemplos de prácticas de inscripción permisibles, así como ejemplos de los tipos de información que no se pueden utilizar como base para negar una entrada del estudiante a la escuela (léase, el estatus migratorio), reiteró la Casa Blanca.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración, que por décadas ha mantenido una orientación firme para ayudar a los administradores de escuelas a proteger el acceso de los niños a la educación pública, saludó la medida. Su directora ejecutiva, Marielena Hincapié declaró en un comunicado que se trata de «Una guía actualizada que hoy proporciona la claridad tan necesaria desde hace mucho tiempo para garantizar que todos los niños, sin importar dónde ellos o sus padres hayan nacido, pueden inscribirse y asistir a las escuelas públicas. Aplaudimos al gobierno de Obama por la intensificación de los esfuerzos para prevenir que los distritos escolares violen el espíritu de Plyler contra Doe, la decisión de la Corte Suprema que protege este importante derecho a una educación, del Kinder al 12vo grado’.
Pero Hincapié acotó: «Sin embargo, esta guía será eficaz sólo si es conocida por todos los administradores de las escuelas y se utiliza realmente. Los Departamentos de Educación y Justicia debe participar en todo lo necesario que se halle al alcance para prevenir que los distritos escolares continúen las prácticas preocupantes de la adopción de políticas que sólo sirven para cerrar puertas de la escuela a los hijos de los inmigrantes”.
La lucha continúa, dicen las partes.
