De la redacción
Mientras algunos estados ceden a las políticas antinmigrantes de la administración Trump, California avanza su lucha contra dichas políticas y da un nuevo paso en su defensa contra las deportaciones masivas. Específicamente, restringiendo la comunicación con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), o negándose a proporcionarle las fechas de liberación de los detenidos indocumentados, que ayudan a los agentes de ICE a arrestarlos para su posterior deportación, dice hoy The Huffpost.
Como es sabido, recientemente California se convirtió en un Estado Santuario, reafirmando su autonomía en esta y otras áreas del gobierno. Y es que más de una quinta parte de la población inmigrante no autorizada reside en California. Por eso, dice la fuente, “es un terreno fértil para los oficiales de ICE”. Desde que las autoridades del ramo comenzaron a llevar registros en 2003, “alrededor del 23 por ciento de las referidas detenciones a nivel nacional han sido solicitadas por ICE a las cárceles de California”.
Paralelamente a esto el gobierno de Trump anunció en días recientes que quintuplicará sus esfuerzos o redadas para las deportaciones masivas en centros de trabajos y en los hogares de los inmigrantes indocumentados, así como en la frontera.
Intentos por proteger a esa población no autorizada se han llevado a cabo “en jurisdicciones más pequeñas (condados amistosos con los inmigrantes, como en Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Texas), pero nunca en un estado entero”.
Como se sabrá, muchos estados y condados ya limitan su cooperación con dichas solicitudes de ICE, conocidas como detenciones, por el deseo de proteger a los inmigrantes o porque les preocupa ser demandados legalmente por violar los derechos civiles de los indocumentados.
Por otro lado, las iglesias de Ohio muestran compasión y coraje, y proporcionan santuario para las madres y padres de familias indocumentadas o mixtas propensas a ser deportadas, dice un comunicado de America’s Voice Ohio. Cita que la publicación Akron Beacon Journal, “informa sobre el floreciente movimiento de iglesias santuario en todo el estado, y cómo los líderes locales de fe están intensificando las medidas contra la deportación y las «incursiones silenciosas que están destruyendo a las familias de Ohio”.
Por ejemplo, “Leonor García, madre de cuatro hijos que ha vivido en Estados Unidos veinte años y que enfrentaba la deportación debido al cambio de prioridades en la ley bajo la administración Trump, recibió refugio en una iglesia de Cleveland Heights. En Columbus, Edith Espinal, con una historia similar, vive en un santuario en la Iglesia Menonita Columbus. Una iglesia en Cleveland pide clemencia para Pedro Hernández. O para mantener a Maribel Trujillo en casa con sus hijos; o a Jesús Lara con su familia, en Willard, etcétera. Y hay muchos ejemplos como estos, algunos de ellos publicados oportunamente en estas páginas.
Estos esfuerzos para bloquear las fuerzas de deportación de Trump y tomar una posición tras décadas de inacción del Congreso para aprobar una reforma migratoria integral, se diferencian de las tácticas de las ciudades santuario, donde la policía local retiene información de los funcionarios federales Una iglesia santuario no le oculta nada al gobierno, más bien lo desafía apelando a valores humanos, cristianos, dice el Huffpost.
Aunque se desconoce el número exacto de iglesias santuario en Estados Unidos, el reverendo Noel Anderson del Servicio Mundial de Iglesias informó que “Un mes después de que Trump asumió el cargo, las 400 iglesias que ya estaban dispuestas a ofrecer refugio a los indocumentados ahora se han duplicado a 800”.
No obstante, se sabe de la existencia de 28 iglesias -incluidas dos en Ohio-, que proporcionan refugio, o incluso de muchas otras que no hablan públicamente sobre sus ‘invitados’. Pero el grupo de Anderson estima que “hasta 150 iglesias podrían estar albergando a inmigrantes indocumentados en la actualidad”.
Volviendo a los estados, como ha sucedido en otros temas, por ejemplo acerca del cambio climático o la economía, California se ubica una vez más a la vanguardia a nivel nacional; sin embargo, empuja a la administración federal a asumir medidas más radicales contra la inmigración. No obstante el estado cuenta con el respaldo de un beligerante número de legisladores en las cámaras legislativas de su gobierno, que están constantemente generando leyes ‘antídoto’ a las políticas de Trump.
Con todo, el Huffpost afirma que “ICE dice haber enviado a casi un millón de personas a la deportación”, y que el número de solicitudes a funcionarios locales, pidiéndoles que retrasen la liberación de los referidos inmigrantes encarcelados, para poder ser deportados, “aumentó un 75 por ciento este año”.
Así pues, el gobierno federal ha cuestionado algunas de estas políticas de los estados desde sus fechas de lanzamiento, dice la fuente. Por ejemplo, el fiscal general, Jeff Sessions acusó este mes al condado de Cook y a la ciudad de Chicago, Nueva Orleans, Nueva York y Filadelfia, de violar la ley federal de cooperación. Pero “aún no ha respondido a la nueva ley de California”.
La Suprema Corte de Justicia probablemente tendrá que decidir si políticas como la de California y la del Condado de Cook cruzan la línea y violan la ley federal que exige la cooperación con las autoridades federales en materia de inmigración.
Y establece como fecha límite el 27 de octubre para el Condado de Cook, Nueva York, Filadelfia y otras áreas, para justificar sus políticas. Dependerá entonces si estos estados defienden sus posturas de ‘santuario’ o declinan dicha defensa en favor de la cooperación con el gobierno federal, en cuyo caso el tema concluiría en la Suprema Corte■