La noche del viernes el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, Luisiana, canceló una audiencia prevista para el lunes, en la que más de 20 proveedores de servicios de aborto esperaban persuadir a un tribunal de distrito federal en Austin para que bloqueara la entrada en vigor del Proyecto de Ley del Senado texano, la SB8.

De la redacción

Proveedores de servicios de aborto presentaron una demanda para revocar la ley SB8 de Texas, bajo el argumento de que es la ley más estricta de la nación y crearía lo que ellos llaman un «plan de caza de recompensas», al permitir que el público en general denuncie a quienes podrían haber violado dicha ley, que prohibiría los abortos después de que se pueda detectar un latido fetal, y antes incluso de que las mujeres sepan que están embarazadas.

El abogado principal del Centro de Derechos Reproductivos, Marc Hearron dijo en un comunicado recogido por The Guardian que «Si esta ley no se bloquea para el 1 de septiembre, el acceso al aborto en Texas se detendrá abruptamente».

Y es que la SB8 efectivamente otorga una «recompensa» de 10 mil dólares a los proveedores de servicios de aborto y a cualquier otra persona que ayude a una mujer a obtener un aborto después de aproximadamente seis semanas de gestación.

Porque la legislación de marras, firmada en mayo por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, prohíbe los abortos después de que se pueda detectar un latido fetal. Es decir, permitiría que los ciudadanos privados demanden a quienes «ayuden e instiguen» a las mujeres a ejercer este derecho constitucional.

Los opositores a dicha ley han advertido que ésta “también podría proporcionar una puerta trasera para atacar otros derechos civiles controvertidos, como el de la posesión de armas o la libertad de expresión”, dijo a la fuente el abogado Hearron.

Según datos de Whole Women’s Health, la medida afectaría alrededor del 90 por ciento de los abortos que ahora se realizan en el estado de Texas. De ahí que los proveedores hayan presentado una moción de emergencia el sábado por la noche pidiendo a la corte de apelaciones que emitiera una suspensión temporal o devolviera el asunto a una corte inferior. Pero la corte del 5º Circuito, quizás el más conservador tribunal de la nación, denegó la solicitud el domingo por la tarde.

De acuerdo con el Texas Tribune, la directora de medios y comunicación del Texas Right to Life, una organización contra el aborto, Kim Schwartz dijo que el grupo estaba «realmente emocionado» por la enorme probabilidad de que el proyecto de ley SB8 entre en vigor este miércoles.

Por su parte, proveedores y partidarios del aborto se han preparado para la SB8 durante meses. Helene Krasnoff, vicepresidenta de litigios y leyes de políticas públicas de Planned Parenthood Federation of America, declaró en su oportunidad que las mujeres de Texas “podrían perder por completo el acceso a los abortos durante un tiempo. Incluso si las clínicas permanecen abiertas, pues la ley podría afectar la mayoría de los abortos que ahora se realizan en Texas”. Y Whole Woman’s Health, que también brinda atención ginecológica para mujeres, dijo en un comunicado de prensa que “el 90% de los abortos que se realizan son después de las seis semanas”.

El periódico especializado en la fuente política en D.C., The Hill afirma que los abogados que representan a 20 proveedores de servicios de aborto tienen la esperanza de que prevalezca su moción. Sin embargo, un indulto en forma de una orden judicial podría llegar sólo unas horas antes de que la ley entre en vigencia, aunqe cualquier retraso tiene el potencial de provocar el caos en el acceso al aborto en Texas.

«Es asombroso, porque lo que está haciendo es delegar a ciudadanos privados para que se conviertan en fiscales de alguna manera», dijo en un informe para la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales, Nina Ginsberg, una abogada de defensa criminal que recientemente examinó cómo “los estados han construido un marco penal para procesar el aborto en caso de que se anule Roe v Wade”.

Si la SB8 tiene éxito, prohibiría aproximadamente el 85% de los abortos, ya que la mayoría de las mujeres no saben que están embarazadas a las seis semanas. Aunque los proponentes describen la SB8 como un proyecto de ley de «latido fetal… es un término engañoso, porque aunque los embriones tienen actividad cardíaca en esta etapa, no tienen corazones en funcionamiento».

Las disposiciones de la SB8, que permiten demandar a cualquier persona, en cualquier lugar e incluso ajena a un evento determinado,  hace de dicha ley algo muy inusual; «tanto como ley de aborto, como en términos de litigio civil en general”, concluyó Ginsberg■