Durante una movilización de los estudiantes en el 68. Foto: wikipidia
De La Redacción
Hoy han pasado ya 46 años desde que un episodio oscuro y trágico empañó la historia de México, enlutó a su pueblo y sacudió la conciencia social: el 2 de Octubre de 1968 que, para muchos, es una esa fecha que no se olvida ni se olvidará hasta que se esclarezcan los hechos y se haga justicia castigando a los culpables de ese auténtico crimen de lesa humanidad. Algunos de los más importantes y conspicuos responsables ya murieron, se fueron sin pagar los muertos de esa masacre perpetrada por el Estado con armas de alto poder contra una concentración de estudiantes y sociedad civil desarmados, reunidos pacíficamente en una plaza pública y legendaria de la ciudad de México, Tlatelolco.
Y aunque la cuenta oficial haya sido de 33 personas muertas -¿no serían en todo caso suficientes?-, decretadas en su momento por el entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz y respaldadas por su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, la realidad es que el número verdadero de bajas civiles fue mucho mayor, y lo más probable es que nunca lo vayamos a conocer. El atroz incidente está debida y ampliamente documentado, por lo que no hay necesidad de abundar en él. Con sólo hacer una búsqueda: 2 de octubre del 68, un océano de tinta y pixeles aparece.
Lo que hay que señalar hoy -en cambio-, es cómo a más de seis décadas de distancia la oscura noche de la violencia no se termina por disipar, y se reitera la noción de que la historia se repite o es al menos circular; porque todavía hoy familiares y estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa continúan reclamando justicia por el asesinato de sus hijos la sema pasada, mientras los responsables del homicidio de esos jóvenes normalistas la madrugada del sábado siguen impunemente a salvo.
Entre los asesinados, en esa ejecución extrajudicial y sumaria cometida primeros por policías uniformados y luego por paramilitares, se menciona a Daniel Solís Gallardo, Yosivani Guerrero, Aldo Gutiérrez Solano y Julio César Mondragón.
Tanto la policía como el ejército o los pramilitares, al servicio del narcotráfico, del Estado mexicano o del terrateniente -es cada vez más difícil delinear estas fronteras-, se hallan involucrados en este crimen de Ayotzinapa, que no es más que un foco rojo más en un país vuelto un polvorín.
El ataque a mansalva contra un grupo de 80 alumnos de la referida escuela normalista, donde varios jóvenes perdieron la vida tras ser ‘rafagueados’ con armas de alto poder, y donde muchos resultaron heridos mientras que cerca de 50 estudiantes -las cifras varían- permanecen aun desaparecidos, constata la inoperancia, por decir lo menos, de las autoridades. Porque se trataba de un conflicto estudiantil, motivado por un reclamo de mejores condiciones para su escuela, que se les salió de las manos -como siempre- a las autoridades mexicanas, que sólo saben responder con plomo a los reclamos populares.
Esto ocurre en un país donde el gobierno en sus tres niveles, municipal, estatal y federal se halla gobernado por personajes con antecedentes violentos y presuntamente criminales. Por si este otro dato agrega algo más al análisis, los jóvenes agredidos en Iguala Guerrero, de la Escuela Normal de Ayotzinapa, por ser estudiantes y jóvenes como los del 2 octubre del 68, además eran muchachos hijos de familias pobres o de muy modestos ingresos, rurales, con rasgos o de plano de ascendencia indígena.
No obstante, en la capital y otros municipios de Guerrero miles estudiantes normalistas, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, campesinos y padres de familia indignados y dolidos, cansados de tanta impunidad han ocupado las principales calles y avenidas para exigir que se le aplique juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, dice a prensa mexicana. Y aunque el presidente de México se deslindó de los hechos y ordenó “una investigación profunda”, como suelen hacer los gobernantes en estos casos lamentablemente tan frecuentes, lo cierto es que Guerrero es el espejo de la muerte donde se mira atónito el pueblo de México.
El periódico La Jornada, como otros medios mexicanos y extranjeros lo han hecho también, narra los convulsos hechos que acabaron con la vida de varios estudiantes normalistas, y que dejaron heridos o muchos más así como a decenas de desaparecidos, que en México puede ser muy bien sinónimo de muerte. Ojala no sea este el caso.
Aquí toamos y reproducimos algunos fragmentos de la narrativa de La Jornada sobre este hecho sangriento, que sin embargo no es el único que está ocurriendo en México en estos precisos momentos.
El responsable de la sección de Opinión de dicho periódico, Luís Hernández Navarro nos entrega este pasaje del suceso:
“A 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala (Guerrero) organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México, los balearon a mansalva. Primero los uniformados, y luego los pistoleros vestidos de civil, les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna. A Julio César Fuentes Mondragón, uno de los normalistas, lo torturaron, le arrancaron los ojos y le desollaron el rostro”.
La imagen se antoja hasta obscena, con un alto grado de perversidad, por la crueldad expresa y el ensañamiento, mismos que harían palidecer de envidia al cuerpo de inteligencia isrraelí. La existencia de distintas agrupaciones, uniformadas o vestidas de civil con la capacidad de disparar armas de alto poder sobre una masa inerme es igualmente perturbante.
Ootro incidente similar, en otro tiempo, pero en la misma zona:
“Durante la represión a esa comunidad estudiantil ejecutada por las policías estatal y federal en diciembre de 2012, dos estudiantes fueron asesinados. Los normalistas habían organizado una marcha para demandar audiencia con el gobernador y plantear solución a problemas que enfrentaba su institución, y la mejora en sus condiciones de estudio en la escuela-internado. Sólo obtuvieron en respuesta disparos de los cuerpos policiacos. No obstante que diversos organismos de derechos humanos acreditaron la legitimidad de la protesta estudiantil y documentaron la ejecución extrajudicial de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, así como otros delitos cometidos por sus agresores”, dice César Navarro Gallegos, profesor investigador del Instituto Mora y coordinador del libro «El secuestro de la educación».
Más tarde, “A principios de junio del año pasado fueron asesinados en Iguala tres activistas que habían sido secuestrados días antes: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez; pertenecían al PRD –que gobierna en la entidad y en el municipio– y a una corriente local llamada Frente de Unidad Popular (FUP) y habían organizado diversas protestas en contra del presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez. Tras la muerte de los activistas, la viuda de uno de ellos señaló al alcalde como responsable intelectual de los crímenes y simpatizantes de las víctimas tomaron el palacio municipal. Abarca Velázquez fue investigado y exonerado por la procuraduría estatal, aunque unos días más tarde la policía municipal fue relevada de sus funciones por la estatal y sometida a exámenes de confianza”.
Pero, ¿de donde sale José Luis Abarca Velázquez?
Hernández Navarro: “… pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a joyero, dueño de la plaza comercial Galería Tamarindos y un acaudalado comerciante. Su fortuna le permitió sufragar en 2011 una costosa campaña electoral en favor del hoy gobernador Ángel Aguirre Rivero y, un año después, financiar la suya propia, repartiendo generosamente despensas a sus simpatizantes”.
Continúa: “Abarca conquistó la candidatura de la alcaldía a golpes de chequera. Después de un efímero jaloneo interno, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no tuvo empacho alguno en incorporarlo a sus listas, a pesar de su reputación como amigo de algunos de los más importantes malosos de la región. De inmediato se sumó a las filas de Nueva Izquierda”.
Navarro Gallegos:
“Lo ocurrido en Iguala reitera la existencia de una persecución sistemática hacia las movilizaciones sociales, comunitarias, magisteriales, populares y estudiantiles en la entidad guerrerense, gobernada bajo la franquicia de un partido que todavía se proclama de izquierda (PRD). Los homicidios de dirigentes campesinos, activistas sociales, opositores políticos y el encarcelamiento de múltiples líderes de movimientos en resistencia son una constante. Una nueva versión de guerra sucia padecida en otros tiempos por la población sureña: Ayotzinapa es un absurdo y dramático ejemplo de esa violencia”.
Lo cierto es que la guerra sucia nunca ha cesado en Guerrero, cuna de célebres resistencias como las protagonizadas por dos legendarios maestros rurales, precisamente de esa Escuela Normal de Ayotzinapa: Genáro Vázquez y Lúcio Cabañas. El recientemente desaparecido escritor mexicano, Carlos Montemayor plasmó con maestría este dantesco panorama que sufrieron principalmente campesinos e indígenas en el estado de Guerrero hace 60 años, en su novela “La guerra en el Paraíso”, que es una clara referencia a la guerra sucia que convulsionó el hemisferio a mediados del sigo 20.
Por el momento se sabe que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto ha ordenado una investigación a fondo para deslindar responsabilidades, y que se presentarán cargos contra 22 efectivos policiacos; que en los hechos hubo 6 muertos, 25 heridos y 57 desaparecidos, por más que este número de desaparecidos se ha intentado manipular desde el gobierno.
Hay otro tanto de heridos de ese asalto a los estudiantes, mientras que padres de 43 normalistas desaparecidos exigen hoy su presentación con vida. La tarde de antes de ayer fue sepultado Julio César Ramírez Nava, identificado en el forense por sus padres y compañeros de la Normal de Ayotzinapa.
Existe consenso entre comunicadores mexicanos sobre la responsabilidad que recae bajo el grupo armado conocido como la maña, que el alcalde José Luis Abarca Velázquez no controla porque simplemente no lo obedecen a él, según dijo él mismo en la crónica de ayer de Arturo Cano:
“El alcalde tiene razón. Él nunca pudo ordenar a la policía municipal atacar a los normalistas por un motivo simple: Él no los manda’. Lo dice, mirando a un lado y otro, e incluso a su espalda aunque está contra la pared. Un ex funcionario municipal de Iguala, completa: ‘‘Aquí manda la maña, más de la mitad de los agentes de la municipal están bajo las órdenes del grupo armado, al que llaman cuando se sienten en problemas, como pasó el viernes con los normalistas’’.
“Los testimonios de los normalistas indican que fueron ahí a botear y que tras un incidente con guardaespaldas de la esposa del alcalde se fueron a buscar los camiones para regresar a Ayotzinapa. ‘‘La esposa del presidente se enojó porque le iban a echar a perder su fiesta y ordenó que los echaran. Uno de sus guaruras disparó al aire’’, cuenta un empleado del ayuntamiento.
Prosigue: “José Luis Abarca pide licencia ‘hasta por 30 días’ para ‘facilitar’ las investigaciones sobre los asesinatos y las desapariciones, en una sesión de cabildo marcada por el homenaje que le rinden los regidores –con dos excepciones– por el reparto de culpas (los gobiernos federal y estatal no actuaron, acusan él y los regidores que le son afines) y por los aplausos tras el ‘hasta luego’ con el que se despide el edil”.
“A José Luis Abarca lo protegen personajes muy poderosos en el gobierno y el Congreso del estado. Cuando la regidora de Desarrollo Rural, Sofía Lorena Mendoza, promovió revocación del mandato del alcalde, acusándolo de ser responsable del asesinato de los tres dirigentes de la Unión Popular, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, lo apoyó. Al igual que Abarca, Ortega es parte de Nueva Izquierda. ¿Seguirá el PRD protegiendo a José Luis Abarca?, concluye Cano.
Así las cosas, conmemorar hoy el 2 de octubre deja sin duda un sabor amargo en la boca. Pero arroja sin embargo alguna esperanza la movilización callejera, la organización social, la denuncia puntual y la voluntad de sobreponerse a la violencia institucional que sigue marcando la gente de Guerrero.
