De La Redacción
Cuarenta y siete años después se desconoce aún quién exactamente dio las órdenes para disparar sobre los estudiantes reunidos en Tlatelolco… Al parecer, el fuego ha devorado todos los documentos de aquella matanza pues no aparecen en los archivos oficiales. Díaz Ordaz ya murió, pero su sucesor, Luís Echevarría Álvarez, entonces secretario de Gobernación, dice no saber nada; aunque se le señala de haber sido parcialmente responsable, y hace poco fue absuelto tras un juicio prolongado y costoso que no condujo a nada, salvo a constatar que lo único cierto en México parece ser la impunidad. Sólo ciertos documentos de la CIA, el FBI, la Casa Blanca y el Pentágono, parecen arrojar algo de luz sobre el asunto.
Hoy dos de octubre México vuelve a supurar por la vieja herida en la memoria colectiva de los mexicanos, porque se recuerda la ‘Matanza de Tlatelolco’ en 1968. Como se sabe, el 2 de Octubre de 1968 se congregaron casi 50 mil estudiantes principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Plaza de Tlatelolco, conocida también como la Plaza de las Tres Culturas. Allí, elementos del Ejército Mexicano los acribillaron, cuando se hallaban en una reunión pública para definir una serie de demandas al gobierno federal mexicano, relativas al mejoramiento de la vida académica y política de los universitarios. En dicho mitin los estudiantes cayeron en una emboscada, pues de todas las calles convergentes aparecieron las fuerzas del ejército rodeando la plaza. Se disparó una bengala al cielo, y el fuego cruzado comenzó desde los altos edificios que rodean a esa plaza, desatando el horror y la muerte. El Dos de Octubre No se olvida.
Sin embargo, se desconoce con precisión el número de muertos en aquella agresión a los estudiantes por parte de militares y paramilitares, como los miembros del tristemente célebre Batallón Olimpia. Este número es difícil de precisar ante la persistente negación del gobierno mexicano, a 47 años de distancia, para informar sobre ese fatídico suceso, y la terquedad de las autoridades en declarar que las bajas no rebasaron más de 50. Sin embargo, y pese a las referidas dificultades, investigadores que se han ocupado del tema afirman que los muertos fueron por lo menos entre 300 y 400, y más de mil resultaron heridos de gravedad. Se quemó gran parte de los cadáveres y los heridos fueron llevados a hospitales militares para ocultar la verdad.
Los estudiantes de la UNAM se organizaron entonces y crearon el Consejo Nacional de Huelga, que en su momento generó un pliego petitorio con las demandas de los estudiantes al gobierno, que en síntesis se resumen en los siguientes puntos: 1) libertad a los presos políticos, 2) destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiola y del teniente coronel Armando Frías. 3) extinción del cuerpo de granaderos. 4) Derogación de los artículos 145 y 145 bis del código penal (delito de disolución social), 5) indemnización a las familias de los muertos y a los heridos víctimas de las agresiones en los actos represivos iniciados el viernes 26 de julio (del ‘68), con unos mil detenidos. 6) deslinde de las responsabilidades de los actos de represión y vandalismo realizados por las autoridades a través de los policías, los granaderos y el ejército.
Cuarenta y siete años después se desconoce aún quién exactamente dio las órdenes para disparar sobre los estudiantes reunidos en Tlatelolco. Pero lo que se sabe es que el presidente mexicano en aquellos momentos, Gustavo Díaz Ordaz, quien posteriormente se responsabilizó del hecho histórico, habría pedido la presencia militar en la plaza. Sin embargo, de acuerdo con investigaciones posteriores fue el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas quien ordenó el fuego. Al parecer, el fuego ha devorado todos los documentos de aquella matanza pues no aparecen en los archivos oficiales. Díaz Ordaz ya murió, pero su sucesor, Luís Echevarría Álvarez, entonces secretario de Gobernación, dice no saber nada; aunque se le señala de haber sido parcialmente responsable, y hace poco fue absuelto tras un juicio prolongado y costoso que no condujo a nada, salvo a constatar que lo único cierto en México parece ser la impunidad. Sólo ciertos documentos de la CIA, el FBI, la Casa Blanca y el Pentágono, parecen arrojar algo de luz sobre el asunto. Y porque este es uno de los acontecimientos del cual la mayoría de los mexicanos está enterado, se le considera como el caso de impunidad por excelencia.
No obstante hoy otro atropello similar gana terreno en la memoria colectiva de los mexicanos: El asesinato de 6 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y la desaparición de 43 de sus normalistas, con un saldo aledaño de unos 30 heridos, algunos de gravedad- también de esa misma normal rural. El hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.
En una elocuente reflexión hoy el articulista José Cueli escribe al respecto: “Hay sucesos como Ayotzinapa que por el impacto que ejercen sobre nosotros paralizan la capacidad reflexiva, impresionan y lastiman al yo desorganizándolo. Lo que conduce a experimentar los afectos y sensaciones más extremos: horror, terror, impotencia, indefensión, confusión extrema y sufrimiento en aumento, síntesis de lo que llamamos crueldad. Al no existir la posibilidad de recuperarse de la intensidad del primer impacto y los sucesivos, resulta imposible instaurar la capacidad reflexiva, el juicio crítico, la racionalidad”.
Con todo, los padres y madres y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa, guiados por sus asesores jurídicos de Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos e Indígenas de la Montaña (Guerrero), rehúsan dejar de ejercer dicha capacidad reflexiva, el juicio crítico y la racionalidad.
Están dispuestos a enfrentar los grandes retos que se avecinan ante la postura inflexible del presidente de la república (Enrique Peña Nieto), de no dar marcha atrás a su ‘verdad histórica’. El hecho de que el ejecutivo federal no haya querido reconocer de manera autocrítica las graves fallas de la investigación oficial y el gran montaje realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el basurero de Cocula (la ‘verdad histórica’ del ex procurador, Murillo Karam), para los padres y madres de familia les quedó claro que los principales obstáculos que enfrentan para esclarecer los hechos y llegar a la verdad están dentro del aparato gubernamental.
Como se sabe, y como hemos divulgado oportunamente en este espacio, la versión oficial sobre los hechos durante ‘la Noche de Iguala’, que insiste en reiterar el asesinato de los 43 normalistas y su cremación en un basurero de Cocula, en los alrededores de Iguala, Guerrero, ha quedado esclarecida y derrumbada con la investigación parcial realizada por el grupo de forenses argentinos y posteriormente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy los mexicanos en México y en muchas ciudades del exterior se preparan para conmemorar la efeméride por excelencia, grabada con sangre en la memoria colectiva, que a la matanza del 68 suma esta nueva afrenta de Ayotzinapa. Como todos los años, decenas de miles inundarán las calles de la ciudad de México y otras ciudades para rechazar un destino marcado por la impunidad de sus gobernantes, con dos lemas vueltos bandera de lucha: La matanza de Tlatelolco, o “El 68, ¡no se olvida!”, y “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, en referencia a los 43 normalistas de Ayotzinapa; así como exigir el esclarecimiento de unos 26 mil mexicanos desaparecidos aproximadamente durante la última década.
Se antoja bastante difícil vencer el patrón de impunidad con que actúa el gobierno de México ante sus crímenes de Estado. Tal parece ser la norma histórica. Pero aunque como dice Cueli, es difícil vencer los afectos y sensaciones más extremos: el horror, el terror, la impotencia, la indefensión, la confusión extrema y el sufrimiento en aumento, como síntesis de lo que llamamos crueldad, la entereza de los familiares de los 43 de Ayotzinapa, y la persistente búsqueda de la verdad histórica sobre los crímenes del Estado mexicano, no parece que el pueblo mexicano va a cesar en su búsqueda de la verdad. Y ante la imposibilidad de penetrar los archivos y cuarteles del Ejército Mexicano, en el caso de Ayotzinapa las facilidades y archivos del Batallón 27 en Iguala, Guerrero, tal vez lo más sensato sea llevar la investigación sobre estos sangrientos hechos a los archivos de la CIA, el FBI, la Casa Blanca y el Pentágono■