Ciudades que alguna vez se han declarado Santuario. Foto: www.perrysworld.com

De la redacción

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco, California, William H. Orrick III congeló indefinidamente la ordenanza nacional del presidente Trump para retener fondos federales destinados a los gobiernos e instituciones municipales que se niegan a cooperar plenamente con los agentes de inmigración. Nombrado por el presidente Obama, el juez Orrick III dijo que la orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de enero, dirigida a las llamadas ciudades y condados santuario, que brindan refugio a los inmigrantes indocumentados, ¡es inconstitucional!

Se trata de la primera prueba legal de la orden de Trump destinada a intimidar a ciudades y condados de todo el país, para infundirles el temor de perder enormes cantidades de fondos federales, estimó el juez.

«La Constitución confiere los poderes del gasto público al Congreso, no al Presidente, por lo que la orden ejecutiva –de Trump- no puede constitucionalmente colocar nuevas condiciones en la asignación de fondos federales», escribió Orrick, citado por el periódico Los Angeles Times (LAT).

Orrick sostiene además que el presidente había sobrepasado sus poderes con dicha orden ejecutiva de enero sobre la inmigración, atando miles de millones de dólares en fondos federales a la aplicación de la ley de inmigración. Y dejó en claro que sólo el Congreso podría poner tales condiciones en el gasto.

El fallo del martes provino de demandas por parte de San Francisco y el condado de Santa Clara, California, que impugnaron la orden ejecutiva de Trump. Entre otras de las reclamaciones, las demandas argumentaron que dicha orden ejecutiva violó la Enmienda 10 de la Constitución, que protege a los estados de la interferencia del gobierno federal.

La Administración Trump había argumentado que los condados carecían de autoridad permanente o legal para impugnar dicha orden, porque aún no habían sufrido ningún daño. Pero Orrick dijo, según el LAT, que se necesita un precepto preliminar para prevenir disturbios en el proceso presupuestario de los condados.

«La orden ha causado incertidumbre presupuestaria amenazando con privar a los condados de cientos de millones de dólares en subvenciones federales que respaldan los servicios básicos», dijo el juez de San Francisco a la fuente. Tales como los destinados por los departamentos de policía a atajar serios crímenes que atentan verdaderamente contra la integridad de los miembros de la comunidad.

«Si hay dudas sobre el alcance de la orden, el presidente y el fiscal general –Jeff Sessions- las han borrado con sus comentarios públicos», cita las palabras del juez Orrick The New York Times (NYT).

El presidente Trump criticó a los jueces que han fallado en su contra, y ayer por la noche la Casa Blanca emitió un comunicado diciendo: «Una vez más, un solo juez de distrito -esta vez en San Francisco- ha ignorado la ley federal de inmigración para establecer una nueva política migratoria para todo el país».

Pero Orrick hizo hincapié en que su decisión no impedirá que los funcionarios federales designen a los municipios locales como santuarios o impongan las condiciones existentes sobre el dinero de la subvención.

Por otro lado, el fallo del tribunal federal de San Francisco, señala la fuente, “rechazó rotundamente una oferta de último momento por parte de un abogado del Departamento de Justicia para minimizar la importancia y el alcance de la orden de Trump”.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que la administración seguirá la ley «con respecto a la regulación de las jurisdicciones santuario y aplicará las condiciones de concesión existentes».

El alcalde de San Francisco, Ed Lee, afirmó que la ciudad seguiría siendo una jurisdicción santuario. Lo mismo que han hecho otros alcalde y fiscales estatales, como en Nueva York.

“Si el gobierno federal cree que un criminal grave debe ser detenido, puede obtener una orden judicial… La ciudad siempre los ha honrado, dijo Lee al LAT. Y agregó: «Sabemos que las ciudades santuarios son lugares más seguros, saludables y productivos para vivir».

Dave Cortese, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara, declaró por su parte que «la política del miedo acaba de sufrir un gran revés».

Millones de personas en todo el país, sostuvo, «pueden seguir recibiendo atención médica esencial, ir a la escuela y permanecer como miembros activos de sus comunidades sin temor a que sus gobiernos locales se vean obligados a trabajar en su contra».

Con esto, San Francisco se convirtió en la primera ciudad en demandar a la administración Trump por la orden ejecutiva de enero, argumentando que la disposición de dicha orden para cortar el financiamiento a las jurisdicciones santuario era inconstitucional. Desde entonces, al menos otros cinco gobiernos locales han demandado, incluyendo a Seattle, Richmond, CA, y dos ciudades en Massachusetts; así como otros han jurado hacerlo si la administración se mueve para seguir adelante con la orden ejecutiva.

Sin embargo, frente a la perspectiva de perder millones de fondos cruciales y de un enfrentamiento con la Oficina Oval, múltiples jurisdicciones ya se han retirado de las políticas de estilo santuario desde que  Trump fue elegido, concluye el Times■