La semana siguiente que el presidente Trump visitó California y atizó las llamas del debate sobre las políticas santuario del estado, dos gobiernos municipales vecinos se manifestaron oficialmente sobre el asunto, aunque cada una en sentido contrario. Una votó por no obedecer la ley que declara a California estado santuario, la otra ratifica y amplía las protecciones de santuario para el inmigrante. Rubén Tapia estuvo en ambas sesiones y reporta sobre estas diametralmente opuestas resoluciones municipales.
Se escucha sonido de una votación…
Con cuatro votos a favor uno en contra, el Concejo Municipal de Los Alamitos, California, decide no aplicar la Ley Santuario que desde este mes de enero limita la colaboración de la policía con los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), siempre y cuando no presenten una orden judicial. La propuesta fue presentada por el concejal Warren Kusumoto, un ingeniero con raíces japonesas que rechaza la ley porque, asegura, contradice la constitución federal.
El único voto en contra fue del concejal Mark Chirco quien argumentó que no podían decidir cuáles leyes acatar y cuáles no; que ya había un litigio en marcha del gobierno federal contra California, y que no tenían dinero para defenderse en caso de que el estado los demande.
Por su parte, el alcalde Troy Edgar, antes de someter a votación, logro que sus colegas apoyaran la demanda del procurador Jeff Sessions contra California, y alentó que otras ciudades siguieran el ejemplo.
Se escucha sonido del ambiente…
Tres horas antes más de 150 personas colman la capacidad del local, que sólo tiene espacio para 60 personas.
Debaten a gritos dos bandos opuestos. Después frente a los concejales, durante más de 2 horas, decenas de residentes de esta tranquila ciudad de más de 10 mil habitantes en su mayoría blancos de clase media, y un 20 por ciento de latinos, conocida por su tranquilidad y excelentes escuelas, hablaron a favor y en contra de la propuesta.
Pero muchos de los que se apoyaron a los concejales eran en su mayoría activistas blancos mayores de 50 años simpatizantes de Trump, que llegaron de ciudades conservadoras de la región. Sin embargo, más del 60% de los testimonios de los residentes locales, no apoyaron la ordenanza. Incluso durante los testimonios una joven estudiante que nació en Los Alamitos, los amenazó con hacer campaña para sacarlos de su puesto en la próxima elección.
“Quiero recordarles que toma como 3 mil votos para un puesto en el concilio y yo los conseguiré«, dijo la estudiante.
A resientes latinos como Luz Beltrán Acevedo, una empleada de una compañía telefónica, con dos hijas menores de edad y un año y medio de vivir en Los Alamitos, le molestó que sus autoridades no les hayan consultado antes.
“Apenas hoy me enteré y no está bien… Cuando pasó la moción, los simpatizantes de las políticas de Trump los llamaron ‘patriotas”
Se oye la consiga ¡USA!..
Por su parte el Senador Kevin de León, autor de la ley SB 54, conocida como Ley Santuario, mediante un comunicado lamentó la decisión y les recordó que podrían estar sujetos a una costosa demanda. La ordenanza aprobada para tomar efecto será puesta a votación nuevamente a mediados de abril.
Los Alamitos, colinda con la ciudad costera de Long Beach. La semana anterior, durante una audiencia de su gobierno local la historia fue muy diferente.
Se escucha sonido de votación…
Sus 8 concejales presentes -uno no asistió- votaron 6 a 2 en favor del Acta de Valores, que ratifica y amplia las protecciones de la ley santuario de California. Pero antes, durante más de 3 hora decenas de personas de diferentes religiones, familiares de sobrevivientes del holocausto judío, académicos, organizaciones legales, inmigrantes con familiares originarios de África y Asia y familias migrantes divididas por las redadas, hablaron en favor de esta ordenanza municipal presentada por la concejala con raíces mexicanas, Lena González.
El Acta de Valores ratifica la SB 54 pero además amplia la no colaboración de sus empleados municipales con ICE. También pedían eliminar la colaboración con ICE cuando detuvieran a inmigrantes que en el pasado cometieron delitos serios, pero que ya pagaron su condena y rehicieron sus vidas. Aunque puedan ser sujetos a deportación si comenten algún delito menor o son detenidos incidentalmente por la policía local. Estas excepciones son conocidas como carve- outs y son parte de la SB 54.
Consignas: ¡No carve-outs!
Aprobada la ordenanza, acordaron retomar la discusión y además buscarán la formación de un fondo de 200 mil dólares para ayudar a las familias migrantes a cubrir los costos legales.
Para Salvador Sarmiento de la Red Nacional de Jornaleros es una victoria a medias:
“Como las ciudades tiene que seguir rechazando las políticas de deportación, es significativo que se está dando esa conversación. Sin embargo todavía hay temor de parte de algunos oficiales locales en asegurar que no estamos aceptando los pretextos para seguir colaborando con la migra”
Long Beach, tiene más de 400 mil habitantes; 4 de cada 10 son inmigrantes y el 20% son indocumentados. También tiene una población de más de 60 mil camboyanos, la más grande de este país asiático en Estados Unidos, y más de mil 500 tiene órdenes de deportación, según una activista local.
En cuatro semanas, estas dos ciudades volverán a ser noticia. Ya se verá si Los Alamitos ratifica su decisión de ser la primera ciudad que desafía la política estatal santuario de California. Y si Long Beach aprueba una ordenanza municipal más favorable a los inmigrantes que la misma Ley Santuario del estado.