Existe una agitación popular en todo el país en favor de extender la fecha del conteo decenal y por hacerse contar. Foto: https://www.kqed.org.

De la redacción

Una jueza federal detuvo la inusitada orden de la administración Trump para poner fin a las operaciones de la Oficina del Censo este 30 de septiembre, cuando estaba programado terminar hasta el 31 de octubre. Por eso la Jueza federal del Tribunal de Distrito del Norte de California, Lucy Koh extendió la audiencia, por lo pronto hasta la semana próxima, para reanudar el careo entre las partes: el gobierno federal contra grupos defensores de los derechos civiles, estados y ciudades.

Como se sabe, la administración Trump ordenó a la Oficina del Censo detener las operaciones de conteo poblacional imponiendo arbitrariamente la fecha límte del 30 de septiembre. Pero la jueza del Tribunal de Distrito del Norte de California, Lucy Koh había pedido a los abogados de la administración federal presentar una serie de documentos legales que justificaran el por qué el gobierno quería acortar un mes el calendario del censo.

Para eso había una audiencia judicial ayer, pero los abogados de Trump incumplieron con la exigencia de la corte. Según expertos, la administración Trump había decretado arbitrariamente acortar el calendario del censo todo un mes para favorecer sus intentos de reelección.

Por un lado, una coalición de grupos de la sociedad civil liderados por la Liga Nacional Urbana, que están desafiando el plan de la administración Trump, buscan también una orden judicial preliminar que permita continuar el conteo hasta el 31 de octubre, la fecha de corte que la administración publicó durante varios meses hasta que abruptamente cambió de opinión en agosto e impuso como fecha límite el 30 de septiembre.

Pero la jueza Koh declaró que la administración violó su directiva, de producir miles de páginas de registros internos y presentarlos este jueves recién pasado en la referida audencia. La jueza calificó entonces de inaceptable el incumplimiento del gobierno, y dio una semana más a la administración Trump para cumplir con la entrega de dichos documentos.

Así que por lo pronto el conteo seguirá vigente hasta nuevo aviso. Y no sólo eso, sino que la jueza dictaminó en su fallo que por ningún motivo se debía despedir a los empleados del Censo que llevan a cabo la operación del conteo puerta por puerta, como estaba planeado, hasta el 31 de octubre.

Está pendiente también otra demanda contra el gobierno de Trump, por parte de una corte de Maryland, y un proyecto legislativo bipartidista para extender el calendario del conteo. Sin embargo, la propuesta de ley no tiene muchas posibilidades de llegar al pleno del Senado, pues el líder de esa cámara, el senador republicano de Kentucky, Mitch McConnel parece no tener apetito por llevar esa propuesta a votación.

Congresista por Texas, Sheila Jackson Lee. Foto: https://jacksonlee.house.gov.

Por su parte, la Senadora estatal demócrata de California, María Elena Durazo aplaudió en Línea Abierta el revés que sufrió la administración Trump con el fallo de la jueza Koh, y alentó a todos a no tener miedo de hacerse contar y conminó a la ciudadanía a acudir a las urnas:

“Este presidente quiere hacer todo lo posible para desanimar, para crear miedo a nuestra comunidad latina, aunque también a todos los votantes estadunidenses. Pero aún estas cortes están a favor de lo que es justo y para conservar la democracia… Fuimos a corte para que no se incluyera –en el formulario del censo- la pregunta de la ciudadanía, y ganamos. No podemos dejar lo que Trump quiere lograr: excluirnos, discriminarnos y salirse con la suya… Es para mí imperdonable, cuando hay tanto de por medio, que no vayamos a tomar unos minutos para contestar 9 preguntas”.

En otro revés sufrido por la administración Trump, un tribunal federal de distrito en Manhattan rechazó hace una semana la orden del presidente para excluir del conteo a los inmigrantes indocumentados. Pero el tribunal descalificó la propuesta de Trump porque dijo que el presidente excedía su autoridad para decidir la distribución de fondos y de la representación política en la Cámara de Representantes. Y señaló que la orden del gobierno federal violó el requisito de la Constitución, que rige al Censo, y que manda que dicha distribución de recursos se haga en base al número total de personas que viven en cada estado, independientemente de su estatus migratorio.

A nombre de Letitia James, titular de la Fiscal General del estado de Nueva York, que estuvo al frente de la demanda de varios estados y ciudades contra el gobierno federal, la Subdirectora de Prensa de la Fiscalía de General de Nueva York, Sofía Quintanar  se refirió en Línea Abierta a las intenciones que prevalecen agazapadas detrás de la orden de Trump para excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo decenal. Y se refirió también a las campañas de desinformación y miedo que caracterizan al titular de la Casa Blanca:

Sofía Quintanar, Subsecretaria de Prensa de la Oficina de la Fiscal General del Estado de Nueva York. Foto: Fiscalía de NY.

“Los pretendidos intentos del presidente Trump de perjudicar y prejuzgar un censo exacto ¡han fracasado! Los tribunales han dictaminado a nuestro favor. El asunto del censo es uno de los más importantes en la sociedad hoy. Y si queremos que el reparto sea justo, es muy importante no permitir que el miedo y la xenofobia infundidos por la Casa Blanca nos impidan ser contados. Urgimos a todos que llenen el censo. ¡Es muy, muy importante!”.

En el Artículo 1 Sección 2 de la Constitución Política de Estados Unidos se especifica claramente que todos los habitantes de este país deben ser contados por el Censo, incluidos los indocumentados, señala Quintanar. “Y el tribunal declaró que el presidente Trump no respetó esos límites del Congreso. Y por eso el memorando presidencial -para frenar el conteo- es una violación».

El referido fallo judicial alcanzó una gran resonancia en el nivel nacional, intervino en el programa de Línea Abierta Samuel Orozco, director de Noticias de Radio Bilingüe.

–Pero, ¿no teme la Procuradora Letitia James que este fallo sea impugnado en cortes de apelación y que la administración se consiga una corte afín, un tribunal favorable a su política? –preguntó Orozco.

“Si la administración Trump quiere tratar de usar el censo como medio político, pues entonces ¡a pelear, ¿no?! Cada vez que hemos luchado contra ellos, todas las veces hemos ganado. Así que si desean apelar, ahí estaremos nosotros para luchar por nuestras comunidades».

Los jueces del tribunal federal en Manhattan que ventilan el caso de los estados y ciudades con la Fiscalía General de Nueva York al frente de la demanda en contra de la administración Trump, sostienen que los méritos por la disputa de las partes ni siquiera son complicados. «Está clara la Constitución», insiste Orozco.

“Y así es. No sólo es una lucha importante, sino que también tenemos la razón, ¿no? No hay nada por qué dudar”, concluyó Sofía Quintanar en representación de la Procuradora James.

Hasta el cierre de esta edición, la orden de restricción temporal contra el gobierno fue extendida hasta el 24 de septiembre, por lo que el conteo poblacional continúa, a menos que la jueza Lucy Koh decida otra cosa. Por el momento, la decisión está en manos de la jueza■