De la redacción
Un juez de Sacramento, California se negó el miércoles a ordenar al Partido Republicano estatal que divulgue información sobre su programa de urnas electorales no autorizadas, un eufemismo para no llamarlas ilegales, rechazando el argumento del Fiscal General, Xavier Becerra y del Secretario de Estado, Alex padilla, ambos demócratas de California, tras una investigación judicial que es esencial para garantizar que las boletas se manejen adecuadamente.
Continuando con nuestra serie especial Hacia el Voto 2020 ponemos foco esta vez en el controvertido tema de los buzones o urnas no autorizadas que los republicanos han despegado en California para recolectar boletas electorales en calles y establecimientos privados, así como en iglesias y en las propias oficinas de campaña de los republicanos. El asunto ha sido discutido durante unas dos semanas en la corte, entre funcionarios demócratas y republicanos. Pero hoy arroja un desenlace preliminar, a 12 días de las elecciones generales 2020 más importantes para Estados Unidos en los últimos tiempos.
Como se recordará, primero fue el retiro de los habituales buzones del correo, esas cajas metálicas en las esquinas de las calles donde la gente ha depositado históricamente su correspondencia, y en este caso que nos ocupa, su boleta o voto por adelantado durante los ciclos electorales. Luego vino la denuncia de las urnas o buzones no autorizados, es decir ilegales, que los republicanos colocaron en calles y establecimientos privados en California para colectar el voto anticipado, que los propios republicanos se negaron a retirar tras haber sido denunciados como fraudulentos.
Y ayer se reveló que el juez David I. Brown dictaminó en Sacramento, California que no hay “daño inmediato o daño irreparable” para el estado, con la negativa del Partido Republicano a cumplir un citatorio judicial “en busca de información sobre los votantes cuyas boletas han sido recolectadas, y con la ubicación de los buzones privados en comunidades de todo el estado”, reporta por su parte Los Angeles Times (L.A.T).
Pero la enorme trascendencia de estas elecciones, en las que el candidato presidencial demócrata, Joe Biden y tantos otros estadunidenses han dicho que se “se juega el alma de esta nación”, la referida maniobra de los republicanos no iba a pasar desapercibida por las autoridades estatales de California.
De esta suerte, el secretario de Estado de California, de filiación demócrata, Alex Padilla, declaró en su oportunidad que el Partido Republicano del estado había acordado que «ya no desplegaría estas urnas sin personal, sin garantía y no oficiales», reporta por su parte la publicación, Político.
Y es que esta práctica había atraído el interés nacional cuando “los principales partidos compiten por escaños en los distritos campos de batalla del Congreso de California”, que los demócratas ganaron en las elecciones intermedias de 2018. Pero los republicanos continúan mientras tanto atacando el sistema electoral del estado, como parte de su amplio abanico de formas de supresión del voto.
No obstante, la decisión del juez Brown no impide que tanto el fiscal General de California, Xavier Becerra, también demócrata, así como el Secretario Padilla regresen a la corte a litigar nuevamente este asunto, que por el momento a dado “una victoria significativa a los funcionarios republicanos que han insistido en que su campaña de recolección de boletas está siguiendo la ley electoral estatal”, dice el L.A.T.
Héctor Barajas, portavoz del Partido Republicano habría dicho en un comunicado que “El Partido Republicano de California continuará ayudando a los californianos a votar de manera segura al continuar recolectando boletas en lugares confiables y entregarlas rápidamente –a las autoridades electorales correspondientes- de acuerdo con la ley”.
En tanto, este año los republicanos optaron por adoptar el proceso de recolección de boletas mediante el uso de sus propias urnas, que se desplegaron sin notificación a los funcionarios electorales. En octubre, por ejemplo, como publicamos en este espacio informativo, “las publicaciones en las redes sociales mostraron algunos de los contenedores con carteles que los marcaban erróneamente como autorizados u oficiales’».
La presentación judicial de Becerra alegó que el esfuerzo del Partido Republicano «causó confusión entre los votantes y provocó quejas de los funcionarios electorales del condado”, alarmados sobre el uso de estas urnas ilegales, “y planteó serias preocupaciones sobre si se estaba observando la cadena de custodia apropiada para las papeletas depositadas» en dichas urnas.
Pero los funcionarios republicanos se negaron a terminar este programa de falsos buzones electorales emplazados en iglesias y negocios privados en los condados de Los Ángeles, Orange y Fresno. Y “se han negado a proporcionar información sobre cuántos buzones privados están en uso o cuántas papeletas se han recolectado”, sostiene la fuente.
Con todo, la ley estatal requiere que esas boletas se entreguen a la oficina electoral del condado dentro del margen de lso primeros tres días posteriores a la recolección■
