Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza de Derechas Humanos, una de las organizaciones demandantes contra la medida del presidente Trump Emergencia Nacional. Foto: Red Fronteriza de Derechas Humanos.
De la redacción
En lo que ha sido considerado como una importante victoria legal para el Condado de El Paso, Texas, y para la Red Fronteriza de Derechos Humanos, un tribunal federal en ese estado dictaminó que la proclamación de Emergencia Nacional del presidente Trump fue ilegal, y bloqueó el dinero para el muro fronterizo. Además, Trump amenazó a Guatemala con grabar sus exportaciones e imponer tarfifas a sus remesas. Y los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras firman “gustosos” el Acuerdo de un Tercer País Seguro.
El ámbito judicial se ha visto muy ocupado recientemente en asuntos relacionados con las políticas de inmigración que emanan de la Casa Blanca. De esta suerte, el viernes el juez federal de Texas, David Briones dictaminó que el presidente Trump decretó de manera ilegal un Estado de Emergencia nacional, para tomar del presupuesto de El Pentágono miles de millones de dólares y desviarlos a la construcción de un “innecesario y costoso” muro fronterizo.
Como se recordará, en enero de este año Trump solicitó al Congreso casi 6 mil millones de dólares para construir secciones de una barrera de acero en la frontera suroeste de México con Estados Unidos, que ha prometido desde la campaña presidencial a su base electoral fanáticamente fiel. Y en su oportunidad, el Congreso, dominado por los demócratas sólo aprobó al presidente mil 300 millones de dólares para la seguridad fronteriza.
Fue por esto quizás que el presidente al mes siguiente decretó, ilegalmente según expertos, dicha medida de Emergencia Nacional, “aduciendo una falsa Crisis Humanitaria de seguridad en la frontera”, dice el programa Línea Abierta de Radio Bilingüe. “Y ordenó que el dinero para la construcción de proyectos de El Pentágono se usara en su lugar para el muro”.
Miembros de la organización, Red de Derechos Humanos en la Frontera, BNHR, publicará el informe preliminar de la campaña de documentación de abuso 2019. Los impactantes resultados revelan horribles violaciones de los derechos humanos y civiles por parte de la policía de inmigración en la región fronteriza. Foto: Red Nacional de Derechos Humanos.
El analista Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza de Derechas Humanos, una de las organizaciones demandantes, analizó en Línea Abierta lo que significa el referido fallo judicial, sobre todo para los habitantes de la frontera; por las calamidades que la medidas de seguridad ha introducido en la vida cotidiana de esa zona del suroeste. Y anunció el lanzamiento del proyecto Brazos No Muros el próximo 26 de octubre, un proyecto de resistencia política de la comunidad inmigrante.
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Por otro lado, la administración Trump firmó un acuerdo con Honduras y luego con El Salvador, que permitiría a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo a esos países centroamericanos, en lo que se conoce como el acuerdo de un Tercer País Seguro, entre los gobiernos centroamericanos y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Como se sabe, Honduras es el país con una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Y en Julio Estados Unidos firmó acuerdos también con Guatemala y trascendió que se buscan acuerdos también con Panamá.
De esta suerte, Estados Unidos y El Salvador anunciaron un acuerdo similar, y Línea Abierta de Radio Bilingüe analizó este trascendente asunto para la comunidad inmigrante centroamericana, en medio de una guerra de la administración Trump contra la inmigración, indocumentada y también contra los inmigrantes que viven legalmente en este país, con familias muchas veces con hijos y conyugues ciudadanos.
Foto: Cortesía de Alianza Americas.
Por su parte, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei elevó una queja sobre la falta de información acerca del contenido del referido acuerdo propuesto por Trump, “y no descartó incluso derogarlo”, dice Samuel Orozco, director de Noticias de Radio Bilingüe, en el programa de Línea Abierta que conduce. En declaraciones a la prensa Giammattei afirmó que “mientras no sepamos cómo será el plan de inmigración, quién lo hará, cuánto costará; cuáles son los logros esperados, cuál es el plan de implementación, permaneceremos en la misma posición… simplemente permaneceremos en la misma idea de revocación de dicho acuerdo”, dijo en su oportunidad el presidente guatemalteco.
Como era de esperarse, Trump amenazó a Guatemala con grabar sus exportaciones y sus remesas, lo que se ha constituido en la herramienta favorita del presidente, de convertir en un arma su política arancelaria o sus tarifas. ¿Le suena familiar? Pues claro, es la misma política que Trump aplicó a México para que le detuviera el flujo migratorio centroamericano en la frontera sur mexicana. Es decir, Trump extendió la frontera sur estadunidense hasta el Río Suchiate, que hace frontera con Guatemala.
Si esta medida entra en vigor lo que estaría ocurriendo es que Estados Unidos cierra la puerta a los solicitantes de asilo que provienen de esa región. Los tres países implicados niegan sin embargo ser parte de dicho acuerdo de País Seguro. Un acuerdo en el que dichos países aceptarían a los inmigrantes que Estados Unidos les envíe, siempre que no sean ciudadanos del mismo país.
Para analizar este tema Oscar Chacón, director Alianza Américas, con sede en Chicago, Illinois, que platicó con Línea Abierta desde la ciudad de Washington, DC, donde celebran los 15 años de esta organización de defensa de los derechos de los inmigrantes.
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Oscar Chacón, Director ejecutivo y Cofundador de Alianza Américas, de camisete blanca y mochila a la espalda habla con un grupo de migrantes en un barrio popular de el Salvador. Foto: Cortesía de Alianza Américas.
