Menores centroamericanos detenidos en la frontera. Foto: Periódico La Opinión.
De la redacción
En un intento por contribuir a aliviar la situación de muchos de los más de dos millones de inmigrantes indocumentados que viven en California el gobernador Jerry Brown asignó una partida de 15 millones de dólares a su proyecto de presupuesto, designada a la defensa legal de los inmigrantes indocumentados que enfrenten un proceso de deportación, reporta el periódico Los Angeles Times (LAT).
La nueva partida presupuestaria de 15 millones de dólares contemplada en el proyecto de presupuesto del gobierno estatal de California ampliará los servicios legales para quienes buscan ciudadanía, defensa jurídica o enfrentan la deportación, para los interesados en adquirir algún estatus migratorio legal. Además, se suma a los tres millones de dólares asignados para un programa que favorece a inmigrantes menores que llegaron a este país no acompañados, en el marco de una iniciativa de ayuda al inmigrante conocida como “One California”.
Sacramento, capital de California, aprobó también fondos para la defensa legal a indocumentados afectados por las políticas de la Casa Blanca, y Los Ángeles asignó otos 10 millones de dólares para el mismo propósito. También Santa Clara, San Francisco y Oakland han sido ciudades que asignaron recursos públicos para garantizar la representación legal de los indocumentados en apuros legales, dice por su parte el periódico de Los Ángeles, La Opinión. Algunos ven esto como un signo de compromiso del Estado, asignar dinero en el presupuesto para la defensa legal de los indocumentados.
Analistas políticos señalan al LAT que sin embargo faltaría elevar al dobe de su tamaño dichas partidas presupuestarias para ehcar a andar las nuevas inciciativas que se contemplan para financiar entrenamientos a defensores y defensoras legales, materiales escitos, tutoriales y asistencia técnica para defensores públicos del Condado sobre las consecuencias legales para los inmigrantes que terminaran con una convicción criminal.
Opositores a la media señalan que el gobierno del estado está pagando con dinero del contribuyente para beneficiar a ofensores de la ley de migración, cuando el Estado enfrenta inminentes recortes de fondos federales por sus posiciones respecto a las políticas de las ciudades santuario.
Laura Polstein, un abogada ejecutiva de inmigración en el Centro Legal de la Raza, señala que el nuevo dinero alojado en el presupuesto estatal para dar alivio legal a los inmigrantes indocumentados es un cambio en las reglas del juego, para los abogados de inmigración que luchan por proporcionar una representación legal adecuada.
Y Maya Ingram, una defensora legislativa de la Unión Americana de Libertades Civiles de California, sostuvo también a la fuente que su organización se sentía alentada por ver al estado de California tomar las medidas largamente esperadas para nivelar el campo de juego.
“El gobierno federal ha inclinado la balanza de la justicia contra los inmigrantes que luchan por permanecer en sus comunidades, por trabajar y contribuir con el estado, condenándolos a atener que navegar solos el laberinto legal de los procedimientos de deportación», denunció Ingram.
Desde su nacimiento en 2014 para enfrentar la crisis de los menores llegados solos a la frontera México-Estados Unidos, este fondo para la ayuda legal de los inmigrantes indocumentados que pueden enfrentar la deportación ha crecido de tres a más de 30 millones de dólares.
