Concilio de Los Alamitos, listos para votar contra SB 54. Foto: Concilio de Los Alamitos.

De la redacción

La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (Aclu) denuncia el cónclave secreto llevado a cabo por un grupo de Sheriffes con la intensión de socavar la Ley SB 54 de California (también conocida como Ley Santuario), que impide a las fuerzas policiales locales cooperar o informar a los agentes federales de Inmigración (ICE), sobre la identidad y situación de un inmigrante encarcelado sin una orden judicial específica. Y en dado caso, esta ley obliga a los alguaciles a declarar el número de veces que cooperaron con ICE durante el año, en una audiencia anual abierta al público.

De cuerdo con información del periódico The Fresno Bee, la Sheriff del condado de Fresno, Margaret Mims estuvo entre los asistentes a dicha reunión, que se efectuó sólo por invitación secreta el año pasado, y “cuyo propósito fue discutir las medidas que los policías pueden tomar para oponerse a la ‘polémica’ ley santuario del estado”, como muestran los documentos obtenidos por Unión Estadunidense de Libertades Civiles, Aclu de California, a través de una solicitud de registros públicos.

En estos documentos mostraron que otros sheriffs del Valle Central también fueron invitados a dicho cónclave secreto. La reunión fue organizada por el Partido Republicano del Condado de Fresno el 7 de mayo, de acuerdo con una copia de la invitación. Entre los oradores de la reunión, dice el Fresno Bee, “se encontraba un director de campo nacional de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadunidense (FAIR), una organización de inmigración antinmigrante etiquetada por el Southern Poverty Law Center / Centro Legal para la Pobreza del Sur (SPLC) como ‘grupo de odio’ y ‘grupo extremista’».

Según el sitio web del SPLC, los líderes de FAIR “tienen vínculos con grupos de supremacistas blancos y eugenistas y han hecho muchas declaraciones racistas. Sus anuncios han sido rechazados debido a su contenido racista».

Es de conocimiento público que la SB 54 representa para algunos, o tal vez muchos sheriffes numerosos desafíos. La Sheriffe Mims, a quien se le pidió una entrevista para el referido artículo periodístico, envió las respuestas por escrito. «Me invitaron junto con otros funcionarios electos a asistir a la reunión», dijo. «El Sr. Vanderhoof me pidió que invitara a los sheriffs de los condados circundantes, lo cual hice por correo electrónico».  Fred Vanderhoof es el presidente del Partido Republicano del Condado de Fresno, quien confirmó a la fuente haber organizado la reunión. Dijo que su grupo se acercó a FAIR.

Un correo electrónico interno del 2 de mayo de 2018 muestra que Mims envió la invitación de la reunión al Sheriff del Condado de Kingsburgo; David Robinson, al Sheriff del Condado de Madera, Jay Varney; al Sheriff del Condado de Tulare, Mike Boudreaux; al Sheriff del Condado de Merced, Vern Warnke y al Sheriff del Condado de Kern, Donny Youngblood.

Por su parte Mims agregó que ella sabía que FAIR iba a participar en la reunión, pero que no sabía que el SPLC había calificado a éste como un grupo de odio. Y cuando se le preguntó que si ella hubiera sabido esto, todavía hubiera asistido a la reunión, y Mims dijo que “tendría que conocer las bases de tal caracterización… El hecho de que alguien no esté de acuerdo con una opinión no convierte a alguien en un grupo de odio», dijo.

Y agregó que ella misma había considerado opciones legales contra la SB 54. “Ninguna ley debería restringir la comunicación entre las autoridades locales y federales…. (la SB 54) interfiere con nuestra capacidad de trabajar juntos para mantener a nuestras comunidades seguras», escribió. «Mi opinión es que la ley debe ser derogada».

El cónclave de sheriffes se organizó para repeler la jurisdicción de la SB 54. Las acciones discutidas en secreto, sin la presencia de la prensa, incluyeron aprobar ordenanzas locales para no cumplir con la ley, “similares a lo que ha hecho la ciudad de Los Alamitos”. Otras sugerencias incluyeron “la presentación de un amicus breve para demandas actuales o futuras”, sobre medidas locales que se oponen a la ley; “como en el Condado de Orange”, o la presentación de una demanda contra el estado, “como lo hizo Huntington Beach”.

Maria Romani, abogada de política de derechos de los inmigrantes de ACLU Foundations de California, dijo al Fresno Bee que algunos de los registros recibidos a través de la solicitud de registros de la organización confirman que hubo comunicación entre FAIR y los funcionarios electos, lo que dijo «es preocupante”.

Añadió que “quedó claro que les importa más servir al programa contra la inmigración de Trump que servir a sus electores”. La noticia de la reunión se produce en medio del reciente escrutinio de la SB 54 por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a raíz de crímenes violentos presuntamente cometidos por inmigrantes indocumentados•