La Corte Suprema solicitó una explicación de la pregunta de ciudadanía del censo de 2020. La gente se movilizó para presionar y evitar la inclusión de la pregunta. Foto: The Conversation.
De la redacción
Como reportamos el miércoles en este espacio informativo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitió un fallo que elimina la inclusión de la pregunta de ciudadanía en los formularios del Censo 2020. El Departamento de Justicia (DOJ) desistió incluso por escrito de esa intensión del gobierno. El censo se imprimirá sin la pregunta, dijo en una lacónica llamada telefónica. Pero a Trump no le gusta que nadie lo contradiga e inmediateamente tuitió que la pregunta se va a imprimirse en el formulario del censo.
Funcionarios del Departamento de Justicia invirtieron el rumbo de los acontecimientos e insistieron en agregar la pregunta de ciudadanía al censo, afirmando que el presidente Trump les ordenó que encontraran un camino.
“Parece totalmente ridículo que nuestro gobierno, y de hecho el país, no puedan hacer una pregunta básica de Ciudadanía en un Censo muy costoso, detallado e importante, en este caso para 2020. He preguntado a los abogados si pueden retrasar el Censo, sin importar cuánto tiempo…”, dijo Trump en un tuit, y se negó a acatar la orden de la Corte Suprema.
A todas luces Trump se niega a aceptar que este país descansa en un sistema de contrapesos políticos y de independencia de las instituciones o ramas del gobierno, que velan para evitar que la presidencia tenga el poder absoluto. Pero sus insistentes tuits no buscan resolver ni muchos menos aclarar el caos que generan, con la única y aviesa intención de decirle a su fanática base de electores: ‘Miren, sigo luchando contra los inmigrantes y cumpliendo mis promesas’, afirman los críticos.
De esta suerte, ayer por la noche el Departamento de Justicia, DOJ, reviró y en una llamada telefónica le dijo al juez de distrito, George J. Hazel, quien había anunciado el retiro de la pregunta, «de una vez por todas», que el plan del gobierno federal había cambiado en el lapso de las últimas 24 horas. Y que ahora creían que “podría haber un camino legalmente disponible» para restaurar dicha pregunta al censo; y que planeaban solicitar ayuda a la Corte Suprema “para agilizar la resolución de los juicios que están bloqueando su camino”.
Los abogados del DOJ le habrían dicho al juez Hazel, que incluso el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, cuyo departamento supervisa la Oficina del Censo, había emitido una declaración separada que aceptaba el resultado de retirar la pregunta.
Como se sabe, la semana pasada el Tribunal Supremo había rechazado la razón declarada de la administración para agregar la pregunta de ciudadanía como inventada. De hecho, demandantes de la administración aportaron pruebas de último momento que llevaron a la corte a declarar que el gobierno fraguaba una conspiración para contar a menos latinos en el censo.
Y es que un estudio de 2015 realizado por el estratega republicano, Thomas B. Hofeller (hoy difunto), explicaba cómo los datos obtenidos con la pregunta de la ciudadanía podrían usarse para excluir a los no ciudadanos de las bases de población utilizada en la redistribución de distritos.
“Los distritos recién dibujados”, escribió Hofeler, “se inclinarían hacia los blancos y republicanos no hispanos y frenarían la representación de hispanos y demócratas”.
Pero grandes contingentes de críticos y defensores de los derechos étnicos y civiles argumentan desde distintos rincones del país que “la pregunta es un esfuerzo mal disfrazado para sesgar los resultados del censo en beneficio del Partido Republicano”, dice por su parte The New York Times.
Con todo, el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., quien escribió el fallo para la mayoría, dejó abierta la posibilidad de que la administración pudiera ofrecer una justificación adecuada.
No obstante, el juez federal Geroge Hazel puso como fecha límite hasta maña viernes (7/5/2019) a las 2 pm, tiempo del Este, para entregar el razonamiento legal del gobierno que justifique su insistencia “arbitraria e inconstitucional” de incluir la pregunta, aunque la fecha límite tradicional para empezar la impresión del censo es el 1 de julio. Y como se atravezaba el 4 de julio, abogados del DOJ pidieron al juz posponer esa fecha haste el lunes, a lo que Hazel respondio con un rotundo y contundente !No!
La Constitución Política de Estados Unidos especifica en el Artículo I, Sección 2, que “todas las PEERSONAS (en mayúsculas) deben ser contadas”. Y no dice, todos los CIUDADANOS.
Por su parte, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, cuya oficina supervisó la demanda del censo que llevó a la decisión de la Corte Suprema la semana pasada, rechazó la declaración de Trump, como «otro intento de sembrar caos y confusión».
En un comunicado de la Fiscalía estatal, James declaró: “La Corte Suprema de Estados Unidos ha hablado, y el propio Departamento de Comercio de Trump ha hablado… Es hora de avanzar para asegurarnos de que se cuente a cada persona en el país».
El secretario Ross pronto tendrá que aclarar el estado del censo públicamente. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijo ayer que el director de la Oficina del Censo, Steven Dillingham, comparecería ante un subcomité el 24 de julio para revisar los preparativos para el conteo de 2020.
Es hora de que la Oficina del Censo se mueva más allá de todas las agendas y distracciones políticas externas y dedique toda su atención a prepararse para el censo de 2020, dijeron los demócratas del Comité de Supervisión■
