El impacto de la ley anti-aborto de Texas, la SB-8, la más restrictiva de su tipo en el país, está contenida en la solicitud de emergencia que la administración Biden presentó la noche del martes a un juez federal en Austin. Dicha solicitud fue hecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, argumentando que el gobierno federal «protegerá» a las mujeres de Texas que buscan practicarse un aborto, aunque no desafió directamente la nueva ley antiaborto texana.
De la redacción
La solicitud del Departamento de Justcia busca bloquear de inmediato la aplicación de la referida ley SB-8, que como publicamos oportunamente en estas mismas páginas, prohíbe el aborto desde las seis semanas de embarazo y no hace excepciones ni en casos de violación, abuso sexual o incesto. Porque la Corte Suprema se negó a bloquear su aplicación, «afectando grave e irreparablemente la capacidad de las mujeres para ejercer su derecho constitucional al aborto en todo ese estado», según el documento del gobierno, bajo La Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, o FACE, una ley federal de 1994 que garantiza el acceso de entrada a las clínicas que ofrecen servicios de salud reproductiva, incluidas las que ofrecen abortos.
Y es que en Texas sólo las mujeres cn resursos para viajar buscarán clínicas en los estados cercanos, como en Oklahoma, Kansas, Nuevo México y Colorado, que presentaron la solicitud al gobierno para bloquear la SB-8. Pero también estos estados están recibiendo «llamadas de pánico» de pacientes de Texas, “y continúan viendo grandes aumentos en pacientes menores de 18 años, sobrevivientes de agresión sexual, pacientes mayores y casos que involucran anomalías fetales graves».
Esta experiencia también ha sido traumática para médicos y personal de hospitales, dice The Washington Post, «ya que deben decirle a un paciente tras otro que no pueden cuidarlos, a pesar de que, desde el punto de vista médico, deberían poder hacerlo y, de hecho, pasaron por una capacitación médica significativa para brindar la atención médica necesaria que sus pacientes les piden que brinden y tienen derecho a recibir”, dijo a la fuente Melaney Linton, presidenta de Planned Parenthood Gulf Coast. “Básicamente, se ven obligados a infligir traumas a sus pacientes”.
Además, la demanda de Texas permite a los ciudadanos privados presentar querellas civiles contra cualquiera que ayude a una mujer a interrumpir su embarazo. Y está diseñada de manera novedosa por una mayoría conservadora para no evitar que la ley entre en vigor.
Sin embargo, el reconocido jurista de la Escuela de Leyes de Harvard, Laurence Tribe, declaró en un tuit que la SB-8, que otros estados se apresuran a clonar, se puede desafiar fácilmente en los tribunales. “Tiene fallas constitucionales fatales”. Y sostiene que aparte de su ataque a los abortos, protegidos por Roe v. Wade, la notoria mayoría de cinco jueces del tribunal, que incluía a los tres nominados de Donald Trump, sugirió que la Suprema no había encontrado antecedentes previos. Pero es es falso, afirma Tribe.
“A principios del siglo XX la Suprema Corte, en casos que involucran el uso de la tierra y la zonificación, invocamos con éxito el paralelo civil de la Ley del Ku Klux Klan para evitar que el vecino del restaurante Grendel’s Den, en Harvard Square, ejerciera una medida que confirió poder de veto sobre la emisión de cualquier licencia de licor a alguien que viviera en un radio de 500 pies a un establecimiento que venda alcohol. Ese estatuto fue promulgado por el Congreso específicamente para proporcionar un recurso judicial federal a las violaciones de los derechos constitucionales cuando se bloquean los recursos judiciales estatales; como claramente lo es por su estructura la ley del aborto de Texas”.
En otras palabras, ningún particular puede demandar a otra persona o entidad que está protegida por la Constitución. Y en el caso de la ley de marras texana, el denunciante de una persona, por ejemplo, está violando el derecho constitucional de las mujeres y sus aliados porque Roe vs Wade es actualmente la ley vigente deel ramo en todo Estados Unidos, y nadie puede demandar a un proveedor o persona porque dicho desafío «legal» se vuelve inconstitucional, pues el o la demandada obran en función de la Ley Roe vs Wade.
Entre tanto, una docena de otros estados han aprobado prohibiciones similares sobre el aborto a las seis semanas de embarazo, pero los jueces federales impidieron que esas medidas entraran en vigencia precisamente debido a la histórica decisión Roe v. Wade, que garantiza el derecho al aborto antes de la viabilidad, generalmente alrededor de 22 o 24 semanas de embarazo.
«La disposición de la SB8 es privar a las mujeres de sus derechos constitucionales y al mismo tiempo evitar que cualquier tribunal imponga la aplicación de la ley», escribieron los abogados del Departamento de Justicia en la referida solicitud.
Alguos proveedres de abortos dicen que el lenguaje legal de la SB8 no deja claro si las clínicas de aborto en Texas pueden ser demandadas por enviar pacientes fuera del estado. Por eso, cuando miembros del personal de Whole Woman’s Health, por ejemplo, rechazan a las pacientes, las dirigen a un folleto con una lista de clínicas fuera del estado, que brindan servicios de aborto. Y para protegerse, esta organización ha dejado intencionalmente su nombre fuera de dichas listas, dijo Joe Nelson, médico de Whole Woman’s Health■
