De la redacción
El Procurador General de la nación, Jeff Sessions apunta con el dedo a las ciudades santuario. Foto: www.dailywire.com.
Como se dijo este martes en el programa de Línea Abierta de Radio Bilingüe, la administración Trump despliega una serie de medidas punitivas contra las jurisdicciones denominadas Santuario, es decir aquellas entidades que prohíben a sus departamentos policiales cooperar con los agentes federales de Inmigración en la persecución, detención y retención en las cárceles de los inmigrantes indocumentados, luego de cumplir su sentencia, para su ulterior deportación por la vía del fast track.
Como se ha publicado aquí ampliamente, una de las más agresivas formas de persecución del gobierno federal contra los inmigrantes ha sido recientemente las redadas masivas que incluyen a los comercios y empresas sospechosas de utilizar a trabajadores indocumentados, anunciadas con el eufemismo de “auditorías» o «redadas administrativas”.
De esto, entre otros tópicos relacionados, platicaron ayer en Línea Abierta su conductor habitual, Samuel Orozco, quien es además director de Noticias de Radio Bilingüe, y Laura Murillo, Presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Houston, con sede en esa ciudad de Texas.
Aquí un breve fragmento de la plática:
Pues bien, para ponerle cara al señalamiento de Orozco hoy el Procurador General de la nación, Jeff Sessions se halla en Sacramento, capital de California, para hablar con los oficiales estatales acerca de las medidas de protección que está tomando California como ‘Estado Santuario’.
El Departamento de Justicia (DOJ) pidió a un juez federal que bloquee dichas reglas de las entidades santuario, “que colectivamente dañan la seguridad pública”, dice la demanda del DOJ, lo que viene a echarle más lumbre al fuego de la de por sí dramática guerra de la administración Trump contra lugares con políticas amigables para los inmigrantes ‘sin papeles’, aunque se le pide a la corte que considere sólo a California, estado que se convirtió en «santuario», luego de la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Sin embargo, aunque este ataque se dirige sólo a California, la verdad es que podría tener consecuencias de gran calado para otros lugares del país con políticas similares, por cierto demócratas todos ellos.
«El Departamento de Justicia y la administración Trump van a luchar contra estas políticas injustas e inconstitucionales que se le imponen», dijo Sessions a Los Angeles Times. Dicha demanda, busca invalidar tres leyes de California que supuestamente “obstruyen la ley federal de inmigración”.
Una prohíbe que los empleadores privados en California cooperen voluntariamente con los funcionarios federales de Inmigración e impone multas de hasta 10 mil dólares si el propietario no cumple. Otra impide que las autoridades estatales y locales den información a los funcionarios federales de inmigración sobre cuándo tienen previsto liberar a un inmigrante indocumentado de su custodia. Y la tercera faculta al estado para inspeccionar los centros federales de detención de inmigrantes.
Por su parte el gobernador Jerry Brown llamó a dicha demanda del DOJ un «truco», según la fuente. Pero a diferencia de otros movimientos legales de la administración Trump dirigidos contra los inmigrantes, esta vez California es la que podría decirse que está en “territorio legal inexplorado”.
Otro de los blancos de este ataque es el Fiscal Generalde California, Xavier Becerra, convertidos él y Borwn en francos adversarios porque “han ayudado a dinamizar la oposición” a Trump y a su equipo de mano dura antinmigrante, al prometer “preservar los valores progresistas que creen que California encarna”.
En su edición de hoy The Washington Post señala que el gobernador Brown escribió en Twitter: «En un momento de agitación política sin precedentes, Jeff Sessions ha venido a California para dividir y polarizar aún más a Estados Unidos. Jeff, estas acrobacias políticas pueden ser la norma en Washington, pero no funcionan aquí. ¡¡¡TRISTE!!!»
Y el líder del Senado de California, Kevin de León tuiteó que Sessions estaba demandando a su estado «porque nos negamos a ayudar a la administración Trump a separar a las familias inmigrantes honestas y trabajadoras… A eso yo les digo: ¡Tráiganlo!». Se refiere al caso o demanda.
Y como mencionamos oportunamente, el DOJ está considerando también demandar a la alcalde de Oakland, Libby Shaaf, por “obstrucción de justicia”, al advertir o dar el pitazo a sus gobernados sobre los planes de ICE para realizar una redada que buscaba terminar deportando a 800 inmigrantes indocumentados.
Como se sabrá, durante el año pasado las redadas en las ciudades santuario han destrozado a familias y comunidades inmigrantes, en algunos casos con largas detenciones a pobladores que anteriormente no estaban destinados a la deportación.
Según el semanario inglés, The Guardian, las recientes redadas en el norte de California arrestaron a 232 inmigrantes, lo que no sólo ha sido devastador para muchas familias sino que además “ha infundido miedo a las personas indocumentadas en todo el estado”.
Más de la mitad de las personas arrestadas en el operativo no tenían condenas penales, según datos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dice la fuente. Los abogados defensores de los derechos de los inmigrantes han acusado a ICE de ejercer perfiles raciales con sus «arrestos colaterales» que suceden cuando los agentes están apuntando a individuos específicos y terminan a restando a quienes se encuentran a su paso.
El Departamento de Justicia adelanta pues varias batallas legales relacionadas con las políticas santuario. Mencionamos sólo las dirigidas a California. Una de se halla ahora mismo en apelación, luego de que un juez federal en San Francisco bloqueó la orden ejecutiva de Trump de prohibir el financiamiento a las ciudades santuario.
Otro caso en San Francisco argumenta que los esfuerzos del DOJ para cortar dicho financiamiento se basan en “una interpretación defectuosa de la ley federal de inmigración que atropella el derecho de California de hacer cumplir sus propias leyes como lo considere conveniente”.
El Departamento de justicia también planea solicitar una orden de un juez para bloquear temporalmente al estado y evitar que haga cumplir las tres leyes referidas que protegen a los indocumentados■
