De la redacción

En un dispensario de marihuana. Foto: www.priceshall.com

El Procurador General de la nación, Jeff Sessions, ordenó rescindir una política federal de la era Obama (2013) que se conoce como el «memorándum Cole», que daba refugio legal a la venta de marihuana en California y otros cinco estados que permitieron la yerba con fines recreativos. Dicho memorándum había proporcionado claridad no sólo a las empresas y usuarios de marihuana, sino también a las agencias de aplicación de las leyes estatales y locales, que ahora podrían encontrarse trabajando en contra de sus contrapartes federales. Ahora, “pone en riesgo a miles de negocios de marihuana que operan legalmente bajo las leyes estatales”. No cabe duda que este anuncio del Departamento de Justicia es un golpe bajo dirigido específicamente al incipiente mercado de marihuana recreativa que florece en varios estados. Uno de ellos, California.

El Procurador General de la nación, Jeff Sessions anunció en un comunicado, cita Los Angeles Times, que «La misión del Departamento de Justicia es hacer cumplir las leyes de Estados Unidos… la política de la era de Obama que dirigía a los fiscales federales para no atacar a las empresas estatales de marihuana, ‘socava el estado de derecho’ y la capacidad de nuestros socios locales, estatales, tribales y federales para el cumplimiento de la ley”. Vale anotar que una ley aprobada por el Congreso limita estrictamente que el gobierno federal interfiera con las ventas de marihuana medicinal.

Sin embargo el Buró de Control de Cannabis del estado de California que “comenzó este lunes a procesar cientos de solicitudes para empresas que buscan cultivar, transportar y vender marihuana legalmente”, declaró que “no hubo signos de desaceleración” en el procesamiento de solicitudes después del anuncio de Sessions.

La fuente añade que la decisión de Sessions desató “una reacción bipartidista de los legisladores de los estados donde ahora se vende legalmente la marihuana a cualquier adulto que quiera comprarla”. Y que también enfrentaron la reacción de un sector de la banca privada que trabaja con el dinero de las enormes ganancias de esta industria. De hecho, “un alto funcionario del Departamento de Justicia que informó a periodistas bajo condición de anonimato, dijo: ‘Está claro… que ciertas actividades bancarias relacionadas con la marihuana están en contra de la ley federal’».

Líderes de esta industria esperaban que la industria de la marihuana en California generara hasta 7 mil millones de dólares con el tiempo, aunque admitieron que el anuncio del Departamento de Justicia “probablemente enfriará a potenciales inversionistas en el mercado de marihuana del estado”, predijeron.

En tanto, críticos de la nueva directiva del Departamento de Justicia acusan que la medida del gobierno federal “ha provocado un aumento vertiginoso de las tasas de encarcelamiento en el país, predominantemente entre las poblaciones de estadunidenses negra y latina”. Y sostienen que “las detenciones y el encarcelamiento que han resultado de esas políticas de drogas, ha despojado incluso a los encarcelados de su derecho a votar”, reporta por su parte el semanario inglés, The Independent.

El año pasado, continúa la fuente, “Sessions envió un memorándum a fiscales federales que rechazan una política diferente de la era Obama, que les permitió buscar sentencias más ligeras para delincuentes sospechosos en ciertas circunstancias, incluidas las infracciones por drogas”.

Además, diversos grupos de derechos civiles coinciden con los críticos de la administración. Por ejemplo, la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que “los enjuiciamientos federales tendrán de todas maneras un impacto desproporcionado y desastroso en la gente de color, que usa marihuana en tasas similares a las de los blancos, pero que históricamente han sido mucho más propensos a ser procesados por ello”.

Agrega que entre 2001 y 2010 “hubo aproximadamente ocho millones de arrestos por marihuana”, según cálculos de un estudio que maneja Aclu… “lo que representaba aproximadamente un colapso cada 37 segundos”. Ese nivel de aplicación de la ley federal contra las drogas “resultó en un gasto de 3 mil 600 millones de dólares al año, dedicado a la vigilancia de la droga”.

El fiscal general de Estados Unidos “acaba de entregar un extravagante regalo navideño a los cárteles de la droga. Al atacar la voluntad del pueblo estadunidense, que abrumadoramente apoya la legalización de la marihuana”, dijo al periódico inglés la representante republicana de California, Dana Rohrbacher.

Al atacar la voluntad del pueblo estadunidense, “Jeff Sessions ha mostrado su preferencia por permitir que todo el comercio de marihuana tenga lugar en el mercado negro, lo que inevitablemente traerá el aumento de la violencia que erróneamente se atribuye a la marihuana».

Por su parte, el Times sostiene que la administración de Obama implementó su política –de respeto a la autonomía estatal- en respuesta a la legalización de la marihuana recreativa en Colorado y el estado de Washington. “Esas reglas impidieron que los fiscales federales se enfocaran en negocios de marihuana que operan legalmente bajo la ley estatal y permitieron que el comercio recreativo de cannabis floreciera en los estados donde los votantes legalizaron la yerba”.

La legalización de la marihuana es más popular que nunca, sostiene la fuente, basada en una encuesta reciente de la firma Gallup, en la que señala que el 64% de los estadunidenses favorece la legalización, y además “cuenta con respaldo mayoritario en todos los partidos, incluso entre los republicanos por primera vez en la historia”, indica el sondeo.

Los grupos que se oponen a la legalización no esperan revertir las leyes vigentes hoy en diversos estados, sino frenar su crecimiento, cuando menos volverlo más lento. El LA Times indica que algunos opositores coincidieron en señalar en que “es poco probable que el Departamento de Justicia cierre la industria de las marihuana comercial”. Pero dieron la bienvenida, dice la fuente, a la posibilidad de “crear nuevos problemas para ello”.

Y cita a Kevin A. Sabet, jefe del grupo anti-legalización llamado Smart Approaches to Marijuana, que expresó su esperanza de que el cambio de política «frene al menos un poco el crecimiento de la Big Marijuana y detenga la infusión masiva de dinero para financiar dulces, galletas, helados y otros alimentos comestibles para los niños”. Y advirtió de estos peligros a inversionista, banquero, financistas».

Sarah Armstrong, directora de asuntos industriales para Americans for Safe Access, que aboga por el acceso legal al cannabis para uso terapéutico y de investigación, dijo a Los Angeles Times que el anuncio del Departamento de Justicia fue «realmente muy perturbador y aterrador para los pacientes que no saben, cuando entran por la puerta a un dispensario, si va a haber un ataque». Incluso una ofensiva exclusiva sobre la marihuana recreativa podría poner en peligro a los usuarios médicos, dijo Armstrong, “porque muchos dispensarios atenderán tanto a pacientes como a otros clientes”■