El duro terreno de Texas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Foto: brookingsinstitution.edu.

De la redacción

 El proyecto del muro fronterizo de Trump se ha vuelto paradójicamente contra algunos congresistas demócratas. Porque su construcción afectaría terrenos expropiados bajo la declaración de emergencia nacional o bajo la figura constitucional del ‘dominio eminente’, es decir cuando la adquisición de bienes inmuebles privados se realiza mediante una indemnización para completar un proyecto público necesario, como una carretera o en este caso el muro de Trump, que atraviesan distritos electorales dominados por demócratas.

Texas cuenta con una gran extensión de terrenos a lo largo de la frontera con México, que se vería necesariamente enajenada por el gobierno federal con la hipotética construcción del muro fronterizo con México. Los propietarios de esas tierras están expresando ya su descontento. Y han hecho del representante demócrata de Laredo, Henry Cuellar, el blanco de sus ataques por la forma como históricamente este congresista que los representa ha votado respecto a la construcción de otras vallas o muros fronterizos, dice The McAllen Monitor.

El Foro Nacional de Inmigración sostiene que familias terratenientes como las de Rey Anzaldua y su primo Fred Cavazos, que son constituyentes de Cuellar y propietarios de esos terrenos desde 1760, enfrentan la posible enajenación de sus propiedades. O la familia de Nayda Álvarez, otra de las constituyentes de Cuellar, quien “podría perder el hogar donde cría a sus hijos», según un comunicado de prensa del Sierra Club.

El viernes el McCallen Monitor relató una de estas manifestaciones de descontento. «Lo que estaba programado para un encuentro con los medios y un congresista local se tornó polémico cuando los terratenientes locales y aquellos que se expresan contra el muro manifestaron su descontento contra Cuellar”, por sus reiterados votos en favor de pasados muros fronterizos en esa zona.

Frente a la histórica capilla de La Lomita, en el poblado de Misión, Texas, dice la fuente, “el Representante Cuellar, el alcalde de esa ciudad, Armando O’Caña, el senador estatal Juan “Chuy” Hinojosa y el Juez del Condado de Hidalgo, Richard Cortez intentaron dialogar con manifestantes en contra del muro y terratenientes de los condados de Hidalgo y Starr, quienes dijeron que se sentían “ignorados por el congresista en las últimas negociaciones sobre seguridad fronteriza en la región”.

Cuellar se hallaba en una gira por cuatro lugares del Valle del Río Grande: Bentsen-Rio Grande Valley State Park, el Centro Nacional de Mariposas y el Refugio Nacional de Santa Ana. “Estos hábitats, todos ubicados en el Condado de Hidalgo, están protegidos temporalmente por un proyecto de ley de gastos relacionado con la seguridad fronteriza”. Miembros del Lower Sierra, del Valle del Río Grande, responsabilizaron a Cuellar por jugar «a ambos lados».

Los muros fronterizos y la zona enajenada bajo la figura del dominio eminente «habrían destruido la capilla de La Lomita, considerada una herencia religioso cultural, y habrían infligido también el mismo daño a las tierras privadas y los refugios de vida silvestre», dice el comunicado.

«En 2018 y 2019, el representante Cuellar votó para otorgarle al presidente Trump casi 3 mil millones de dólares para construir muros fronterizos, incluyendo milla tras milla que atravesaría su propio distrito».

En marzo de 2018 el Congreso aprobó el proyecto de ley general de mil 600 millones de dólares para la construcción de 25 millas de muro en el Condado de Hidalgo, y 8 millas en el Condado de Starr. Pero al parecer, “el lenguaje mencionado en el proyecto de ley indica que el financiamiento no se puede ejercer en estos lugares sensibles al medio ambiente”.
El juez de distrito, Randy Crane, señala la fuente, desestimó a principios de este mes una demanda entre el gobierno y la diócesis católica, propietaria de las tierras de La Lomita. Esta demanda estaba relacionada con la solicitud del gobierno de acceder a la propiedad de La Lomita para fines de inspección.

Sin embargo, “dado que el proyecto de ley de gastos se aprobó con un lenguaje que estipula que no se pueden erigir barreras físicas en La Lomita, el gobierno no se opuso a la desestimación de la demanda”, pero el abogado del gobierno en esta negociación, John A. Smith III dijo al tribunal que el gobierno podría demandar en el futuro “con el propósito de inspeccionar la construcción de una ruta de patrullaje en La Lomita, que ayudaría a los agentes de la Patrulla Fronteriza”, aunque admitió que “No habría muro”.

Pero la declaración de emergencia nacional del presidente “puede deshacer el lenguaje asegurado por Cuellar durante la negociación de la ley de gastos, dejando a las áreas protegidas bajo una nube de incertidumbre”, una vez que la posible validez de la emergencia de Trump se decida en tribunales.

Cavazos teme que su propiedad y la de otros terratenientes en ambos condados a lo largo del Río Grande no se salven de la construcción del muro, y refirió al McCallen Monitor que Cuellar no los escucha.

Anzaldua y sus abogados comparecieron ante el tribunal en febrero, en “una audiencia de estado relacionada con la demanda presentada en noviembre de 2018 por el gobierno contra Cavazos (primo de Anzaldua), para acceder a más de 27 acres de tierra cerca del río.

Una audiencia de estado está programada para mayo, donde se actualizaría cualquier plan futuro del gobierno, dice el Monitor■