Trabajadores inmigrantes contra la deportación frente a la Casa Blanca. Foto: Cortesía.
Tras el reciente anuncio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de poner fin al polémico Título 42, fuertes presiones políticas se han desatado contra la administración Biden por parte incluso de funcionarios y legisladores demócras para que el mandatario haga cumplir el anuncio de los CDC. Ahora, tres fiscales estatales republicanos deman legalmente al gobierno federal para que evite la derogación de dicha medida.
Marco Vinicio González
Como se sabe tal vez, en días recientes el Centro para el Contron y la Prevención de Fermedades, CDC, emitió una determinación de Salud Pública para terminar con la Orden del polémico Título 42, una medida sanitaria que Trump instituyó en marzo de 2020 sin aviso ni comentarios públicos, y que como hemos dicho ha servido a los agentes fronterizos para expulsar a migrantes (centroamericanos, caribeños y africanos principalmente) en busca de asilo, por la vía del fast track.
“Luego de una reevaluación exhaustiva, el Director de los CDC rescinde la Orden bajo el código 42 U.S.C. §§ 265, 268 y 42 C.F.R. § 71.40 (es decir, el ‘Título 42’), que suspende el derecho a introducir inmigrantes en Estados Unidos”, dice la gencia federal en su página web.
En consulta con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el CDC anunció el viernes que dicha orden se implementará el 23 de mayo de 2022, “para permitir que el DHS tenga tiempo de implementar los protocolos de mitigación de COVID-19 apropiados, como la ampliación de un programa para brindar vacunas contra el COVID-19 a los migrantes, a fin de prepararse para la reanudación de la migración regular bajo el Título 8”, del cuerpo de la ley federal de Estados Unidos que se ocupa de la inmigración y la nacionalidad.
(Escuche esta entrevista de Línea Abierta, donde su conductora Chelis López platica con la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto, de la Asociación Estadunidense de Abogados de Inmigración, AILA, sobre el final del Título 42, los pros y contras y las probabilidades de éxito en el proceso de solicitar asilo político, del que queda descartada la pobreza como criterio para otorgar asilo en Estados Unidos):
Hemos publicado desde distintos ángulos acerca del Título 42, acerca de las fuertes presiones de miembros de la actual administración, legisladores demócratas, activistas y defensores de los inmigrantes que han elevado un clamor para poner fin a la referida medida sanitaria, que faculta a los agentes fronterizos para impedir que la mayoría de los migrantes busquen asilo en la frontera entre Estados Unidos y México sin darles oportunidad, como marca la ley, al debido proceso.
Hoy trasciende que tres fiscales generales de tres estados -bajo gobiernos republicanos- como Arizona, Louisiana y Missouri demandaron el lunes a la administración Biden por su intención de poner fin al Título 42, con el argumento de que «no sólo es una mala política, sino que infringe los requisitos de notificación y comentarios». Se les “olvida” que eso fue lo que hicieron ellos precisamente cuando instauraron dicha medida.
Sin embargo, si bien la mayoría de los demócratas y republicanos pueden estar de acuerdo en que ya no existe una justificación de salud pública para continuar con la política del Titulo 42, «los beneficios de derogar o dejar en su lugar el Título 42 no son tan sencillos como afirman los defensores de la seguridad fronteriza o los de los derechos humanos», reporta un artículo de opinión de Político, citado por el Foro Nacional de Inmigración.
Agrega que «los pasos procesales que el Título 42 pasa por alto son críticos para la capacidad de Estados Unidos de atacar las redes de contrabando y desalentar los cruces repetidos… pues no hay tiempo para recopilar inteligencia de los migrantes sobre los contrabandistas cercanos y otras actividades ilegales».
El anuncio de los CDC de rescindir el Título 42 es un paso en la dirección correcta, dice los críticos de la medida. Pero la administración de Biden todavía necesita un plan para hacerlo y, al mismo tiempo, «expandir los canales legales para quienes buscan una vida mejor», concluye esta fuente. Es decir, expandir el número de abogados y jueces de Inmigración que alivianen las montañas de solicitudes rezagadas.
Pero un aumento continuo en las llegadas a la frontera, como ocurre históricamente durante os meses de verano, también requerirá una mayor asistencia humanitaria en la región, afirman algunos.
La abogada principal del proyecto de Derechos Civiles de Texas, Karla Vargas declaró a The Guardian que “Las ONG humanitarias en el terreno se han estado preparando para esto durante dos años, y sin embargo cada vez que el DHS habla de preparación (para un aumento en las llegadas de migrantes a la frontera), tiende a centrarse únicamente en la aplicación. Pero realmente es necesario centrarse más en el procesamiento de estos individuos”¶
