En el Día Internacional de la Solidaridad con manifestantes protestan en Chicago por la falta de esclarecimiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Chicago Reporter.

Nueve víctimas de una campaña de espionaje han presentado una denuncia penal ante la fiscalía general de México. Se trata de prominentes periodistas y defensores de derechos humanos, víctimas de crímenes de desaparición ejecutada presumiblemente por el Estado y el narcotráfico, así como activistas y hasta académicos mexicanos y un estadunidense.

De la redacción

Los afectados por el presunto espionaje del gobierno mexicano piden que se realice a la mayor brevedad posible una investigación contra diversas agencias gubernamentales por el uso de un sofisticado programa electrónico ‘espía’ (software, malware, o spyware), conocido como Pegasus, creado por el gobierno de Israel para vigilar los movimientos y comunicaciones de las personas que suelen ser las más críticas de las actividades del Estado Mexicano.

Este spyware es infiltrado clandestinamente en los teléfonos inteligentes para permitir a los espías supervisar toda la actividad que se ejecuta en él, incluyendo llamadas, textos y correos electrónicos, así como movimientos físicos a través de las cámaras de los dispositivos electrónicos usados para la comunicación.

Entre los afectados quienes figuran los abogados que estudian la desaparición aún no resuelta de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014; un líder de una iniciativa para aprobar legislación anticorrupción; y la periodista que descubrió un escándalo que involucró a la familia del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Esta demanda surge en respuesta a los hallazgos de una investigación iniciada por The New York Times y de manera paralela por otras organizaciones mexicanas e internacionales.

En dicha demanda para que se inicien las pesquisas los afectados señalaron que la venta de ese programa espía se hizo bajo la presunta condición de los israelitas para que el spyware fuera usado sólo en casos que involucran actos de terrorismo y otras actividades criminales; pero el malware ha sido usados en cambio para espiar a los referidos afectados, como publicamos oportunamente en este mismo espacio.

Los demandantes dicen que la única manera de garantizar una investigación verdaderamente independiente es traer un equipo internacional de expertos, como lo hizo el gobierno después de que “desaparecieran” los 43 normalistas de Ayhotzinapa. El gobierno, sin embargo, terminó el mandato de ese grupo antes de que su trabajo estuviera completo.

Como se recordará, un panel internacional interdisciplinario de expertos solicitado en la ocasión por el gobierno federal mexicano fue a México para investigar la desaparición de 43 estudiantes que sin embargo no pudo resolver el caso debido a una campaña sostenida de hostigamiento, obstaculización e intimidación contra ellos, hasta que fueron prácticamente expulsados.

Desde entonces, los investigadores dicen haber sufrido ataques cuidadosamente orquestados en los medios de comunicación mexicanos, una negativa del gobierno de México a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, por ejemplo del Ejército Mexicano, e incluso una investigación criminal de represalia contra uno de los funcionarios que los nombró. Para algunos, la conclusión inevitable ha sido que el gobierno simplemente no quiere que los expertos resuelvan el caso.
Tanto el artículo del Times como el informe producidos por un grupo de organizaciones en conjunción con el Laboratorio Ciudadano de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Canadá en Toronto, advirtieron que no había pruebas concluyentes que vincularan el espionaje a agencias gubernamentales específicas en México. De esta suerte, el vocero del gobierno federal mexicano, Daniel Millán negó toda culpabilidad del presidente Peña Nieto ponderándolo como un gobernante respetuoso de las privacidad ciudadana y la libertad de expresión, así como de la ley y el orden.

Pero “la presión sobre el gobierno se intensificó el mes pasado”, dice la fuente, “con el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, un periodista ampliamente respetado que reportó tráfico de drogas en su estado natal, Sinaloa, como también reportamos en este mismo espacio.

En un artículo de opinión publicado por The New York Times en Español, el fundador de la revista digital, Horizontal.mx, Guillermo Osorno denunció que “los resultados de esta semana sólo agregan a la idea de que, en lugar de proteger a la prensa, el gobierno mexicano la ve como un grupo disidente o incluso como un enemigo”.

Sin embargo, concluye la fuente, muchos comentaristas se han visto abrumados por la respuesta temprana del gobierno, “que consideró a algunos como muy defensivos y una reafirmación de la opinión ampliamente extendida de que el gobierno está más interesado en preservar su autoridad que en hacer cumplir el estado de derecho”■