Uno de los miles de anuncios de agencias de fianzas monetarias para libertad condicional que plagan los vecindarios de la gente de bajos recursos económicos en Estados Unidos. Foto: https://ideas.ted.co.
De la Redacción
La industria de las fianzas monetarias, que permiten a los acusados de un delito esperar en libertad condicional mientras llega el día de juicio se ha convertido en una prioridad para los defensores de los derechos civiles, por estar basada en la disparidad racial, y porque desnuda la existencia de un sistema de justicia penal hipócrita o dual: uno que funciona para ricos, y otro que castigas a los pobres y a las personas de color, de quienes hace principalmente sus multimillonarias ganancias.
El Centro Legal para la Pobreza del Sur (SPLC) y la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) de Georgia presentaron una demanda federal -Torres Soto v. Barr- en el Tribunal para el Distrito Medio de Georgia, en contra de la administración Trump su sistema de fianzas en efectivo, porque “discrimina a las personas detenidas en las prisiones de Inmigración de Georgia, sólo por su situación financiera”, dice un comunicado del SPLC despachado desde Atlanta.
Como es sabido, el gobierno federal detiene a miles de personas cada mes, “incluidos solicitantes de asilo, residentes permanentes legales y víctimas de trata humana”, en el Centro de Detención del Condado de Irwin y en el Centro de Detención Stewart, en Georgia. Muchas de estas personas, dice SPLC, son acusadas de violaciones de la Ley de Inmigración, y detenidas en espera de la deportación, aún habiendo sido declaradas elegibles para su liberación.
Sin embargo, dichas personas siguen detenidas únicamente porque carecen de los recursos financieros para comprar una fianza y obtener su libertad, «en violación de sus derechos al el debido proceso y a la igualdad de protección en virtud de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.
Esta práctica de detenciones, basada en el poder adquisitivo del individuo, “no sólo es inconstitucional, sino que también obstaculiza significativamente la capacidad de una persona para defender su caso y apoyar a su familia», señala Ivy Wang, abogada principal del SPLC.
En la demanda, presentada por SPLC y ACLU Georgia, Torres-Soto es uno de los demandantes. Él es padre y esposo con cuatro hijos (tres de ellos ciudadanos), y fue detenido en diciembre por un accidente de tránsito. Luego fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Irwin, donde ha “languidecido” 5 meses a la espera de una audiencia judicial.
Y es que “el juez de Inmigración se negó a establecer la fianza, de 18 mil dólares, para su liberación”. Sin embargo, durante una audiencia con el juez, éste “no explicó por qué la fianza era tan alta ni preguntó si Torres-Soto podría pagarla”. El acusado, dice la fuente, había estado trabajando horas extras como operador de maquinaria de una empresa manufacturera para poder llegar a fin de mes.
«Me esfuerzo mucho para mantener a mi familia, pero casi nunca es suficiente», dijo Torres-Soto en su oportunidad. “Cuando fui detenido por ICE, nuestra situación empeoró… Nadie debe ser privado de su libertad sólo porque no tiene dinero para salir. Mi familia y yo no merecemos este tratamiento».
En la práctica, es inconsitucional que las personas detenidas o acusadas de un delito no grave ni violento, por lo que «deberían ser puestas en libertad de manera segura con el pago de una fianza en efectivo».
Pero en el caso de Torres-Soto, “los funcionarios federales de Inmigración se niegan a tomar en cuenta la capacidad de un individuo para pagar cuando se establece su fianza, y como resultado, muchos individuos languidecen en duras instalaciones penitenciarias durante meses mientras su caso esté pendiente”.
Sean J. Young es el director legal de la ACLU en Georgia. En el comunicado afirma que “… la riqueza de una persona nunca debe decidir su libertad, pero eso es exactamente lo que está sucediendo en Georgia y en todo el país».
El Procurador General de Estados Unidos, William Barr es uno de los acusados del caso ‘Torres-Soto v. Barr’, además de otros funcionarios de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración; el Departamento de Seguridad Nacional; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y el Centro de Detención del Condado de Irwin.
«La Constitución no permite que el gobierno encierre a una persona sólo porque carece de recursos financieros. Nuestra demanda busca terminar con la práctica ilegal del gobierno de encarcelar a las personas únicamente porque no tienen el dinero para pagar la fianza y comprar su libertad», dijo Michael Tan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU■
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