Organizaciones pro inmigrantes y religiosas demandan a los gobiernos de México y Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos humanos de inmigrantes centroamericanos. La demanda señala que al deportar a los migrantes masivamente y obstaculizarles el acceso al asilo en territorio mexicano, el Plan Frontera Sur viola tratados internacionales firmados por ambos países. Con los detalles, nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia.
Margarita es una joven guatemalteca de 23 años que con su esposo tenían un negocio de lavado de autos en Guatemala, vivían tranquilos, hasta que los pandilleros los empezaron a extorsionar.
“Pedían mil quetzales semanales…”
Los primeros meses cubrieron la cuota, pero cuando ya no pudieron pagar,
“Pasaron disparando en la casa y en el negocio”
Llenos de temor, Margarita y su esposo decidieron huir a Estados Unidos junto con su nena de un año, un tío de su esposo y dos cuñados, uno de ellos menor de edad. Cuando cruzaron por México, los detuvieron y sin mucho trámite los deportaron a su país. Intentaron nuevamente, los extorsionó la policía mexicana, pero esta vez los dejó seguir. Fueron detenidos de nuevo cuando cruzaron a Estado Unidos. Margarita y su nena salieron libres. Su esposo sigue detenido, y su cuñado ya fue deportado. Margarita tiene un grillete electrónico y un proceso pendiente de asilo.
“No es que seamos delincuentes. ¿Y si cruzar a un país para salvar la vida ya es un delito? pues sí, soy culpable…, pero valoro mi vida, la de mi hija y la de mi familia, y por ello estoy aquí”
Ahorita en los países centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras está sucediendo un nivel de violencia que no hemos visto desde las guerras civiles en los años 80”, dice Carlos Holguín,
Holguín es asesor general del Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional. Dice que justo en el momento en el que más migrantes vienen huyendo de la violencia en Centroamérica, México ha comenzado a hacer más difícil el viaje a través de su territorio.
“Después de julio de 2014, México aumentó por dos veces la cantidad de centroamericanos interceptados y deportados a su territorio nacional”
Este drástico aumento de las deportaciones se da después de que el gobierno de México, con la presión y el dinero de Estados Unidos, lanzó el Plan Frontera Sur, que según explicaron las autoridades protegería a los migrantes. Pero ha resultado todo lo contrario: no les informan de sus derechos ni les respetan el debido proceso legal, señala el abogado Holguín:
“No hay acceso, para organizaciones no gubernamentales, a los detenidos. No pueden de ninguna manera conseguir representación legal. Si piden información sobre los trámites de asilo, les dicen que tienen que traer con ellos pruebas de amenazas que han recibido por parte de las pandillas”
Cuando alguien logra someter una solicitud de asilo en México, continúa Olguín,
“Lo detienen hasta que haya una decisión en sus aplicaciones, es decir que por meses y meses van a tener que quedarse detenidos, en condiciones pésimas en las estaciones migratorias”
Para que cambie esta situación, Holguín, con el respaldo de más de 50 organizaciones de derechos humanos y religiosas, demandó a los gobiernos de México y Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ), con este objetivo:
“La ayuda de los Estados Unidos al Plan Frontera Sur se suspende hasta que la CIDH decida si México está cumpliendo, en términos generales, en proporcionar un debido proceso a solicitantes de asilo del ‘triángulo del norte’ centroamericano”
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“Estados Unidos está incrementando los fondos para militarizar el sistema migratorio de México…”
Ángela Sambrano es una veterana activista pro inmigrante. Ha viajado a observar el cruce de migrantes centroamericanos por México.
“El año pasado -E.U- deportó a más de 177 mil personas a El Salvador, Honduras y Guatemala. México es la patrulla fronteriza de Estados Unidos en la frontera con Guatemala”
La Comisión Interamericana archivó formalmente la demanda y podría tener una audiencia en unos 6 meses.
Los gobiernos de México y Estados Unidos no han respondido formalmente a la demanda.
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