Marco Vinicio González
Las elecciones intermedias de Georgia de 2022 elegirán este 8 de noviembre principalmente 14 escaños del Congreso de Estados Unidos y la nueva Legislatura estatal, con el control del Senado federal en juego. Pero esto ocurre en medio de un clima político enrarecido, entre otras cosas porque Acción del Centro Legal de Campaña (CLCA) y Common Cause Georgia sometieron en un tribunal federal en Atlanta una demanda contra la Comisión Federal de Elecciones (FEC), agencia federal cuya única responsabilidad es supervisar la integridad de las campañas políticas.
La demanda fue sometida el lunes a la corte federal para el Distrito de Columbia, y alega que la FEC desestimó en agosto una queja presentada en marzo de 2021 por CLCA y Common Cause Georgia contra True the Vote y el Partido Republicano de Georgia, porque presuntamente violaron la ley de financiamiento de campañas a través de una coordinación ilegal durante la segunda vuelta en 2021 para el Senado, cuyo control se juega el 8 de noviembre.
De acuerdo con Common Cause, “La ley de financiación de campañas trata los gastos coordinados como contribuciones en especie y prohíbe a grupos como True the Vote hacer contribuciones a los comités de los partidos políticos”.
Al parecer, la Oficina del Asesor Jurídico de la FEC habría revisado la denuncia y recomendado abrir una investigación sobre las alegadas violaciones a dicha ley, “incluido el alcance de las contribuciones ilegales no reveladas, resultantes de dichas actividades coordinadas».
Pero la FEC, compuesta por seis miembros, tres de ellos republicanos, «no tomó medidas después de que los comisionados votaron 3 a 2 sobre la queja», quedándose cortos ante los cuatro votos necesarios para seguir adelante.
La directora ejecutiva de Causa Común Georgia, Aunna Dennis dijo en un comunicado que “los tres comisionados republicanos de la FEC rechazaron esa recomendación», y se necesitan 4 votos para darle curso a la queja, «y no defendieron a cientos de miles de votantes de Georgia al dejar que True the Vote se librara de toda responsabilidad en sus intentos ilegales de socavar los votos de la gente en 2021”.
Y es que no responsabilizar a los actores políticos por sus abusos a la ley de financiamiento de campañas daña los objetivos de anticorrupción y transparencia para los que se diseñaron las leyes, dice la Directora de Litigios de Financiamiento de Campañas en CLC Action, Megan McAllen.
E instó al tribunal federal a reconocer que haber desestimado la demanda “fue contrario a la ley”, por lo que le pidió al tribunal federal enviar el caso nuevamente a la FEC para que la agencia pueda hacer su trabajo.
En el comunicado Common Cause señala que existe “un patrón de fallas de la FEC para responsabilizar a los malhechores”, que ha resultado en “una explosión del gasto político… que está cada vez más manipulado a favor de intereses especiales”.
A través de esta demanda, CLCA y Common Cause Georgia buscan obligar a la agencia a hacer cumplir las leyes de financiación de campañas existente•