Las personas que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México se sientan ilegalmente en el centro de procesamiento central de la Patrulla Fronteriza y Aduanas de EE. UU. En McAllen, Texas. Los niños fueron retirados de sus padres en el centro en mayo y junio, como parte del esfuerzo de «Cero tolerancia» del presidente Trump . Foto: AFP / Getty Images.
De la redacción
Una coalición de 18 Fiscales estatales confronta la propuesta de la administración Trump relativa a los niños inmigrantes detenidos por el gobierno federal. La coalición condena una regla propuesta para eludir el Acuerdo de Conciliación Flores, que brinda importantes protecciones a los niños migrantes detenidos. El documento con los comentarios de la coalición siguió a una demanda multiestatal presentada por Fiscales Generales de la coalición.
Pasadas las elecciones ha quedado claro el uso faccioso que esta administración federal dio al tema de la migración, y aunque movilizó efectivamente a su base más dura, esto tuvo al mismo tiempo un efecto contrario en la otra parte de la sociedad en Estados Unidos, que repudió en las urnas la crueldad encarnada en las imágenes de los niños arrancados de los brazos de sus padres y madres en la frontera, la persecución, la deportación de un sector humano importante que de paso provee mano de obra barata y en fin, y que ya es parte del tejido social.
Y entonces, uno se pregunta, ¿y qué pasó con los niños encarcelados tras ser detenidos en la frontera?
Hasta el la noche del martes, día de la elección, los tribunales federales han servido como el único control contra los esfuerzos generalizados del presidente Trump de acabar con la migración indocumentada y estrangular la inmigración legal.
Sin embargo, ahora con la toma de poder de los demócratas de la Cámara de Representantes, se investigarán las medidas más controvertidas del presidente en los últimos dos años; sus esfuerzos actuales de represión serán examinados más de cerca; y los demócratas usarán este control recién adquirido para frenar los futuros planes de Trump contra la inmigración.
La coalición de 18 Fiscales estatales envió un documento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), expresando una gran preocupación por las regulaciones propuestas por la administración federal que reducen las protecciones de los niños recluidos en centros de detención para migrantes, dice un comunicado de la Fiscalía de Nueva York, que encabeza una demanda de la coalición.
Como resultado de un acuerdo previo que resultó precisamente de la demanda multiestatal sometida a una corte federal en junio de 2018, la coalición impugna la política “inconstitucional” del gobierno de Trump para separar familias.
Y es que la administración Trump está buscando reemplazar dichas protecciones del Acuerdo Flores con nuevas regulaciones que contienen menos ventajas para los niños migrantes.
Las protecciones que demandan los fiscales estatales están contenidas en el Acuerdo de Conciliación Flores, y deben otorgar a todos los niños migrantes e inmigrantes el derecho a ser liberados de la detención; porque establece estándares para sus condiciones de confinamiento, y proporciona una evaluación y supervisión significativas de su cuidado mientras están en custodia.
“Quitar las protecciones a estos niños es ignorar su salud, su seguridad y su bienestar básicos”, dijo la Fiscal General de Nueva York, Barbara Underwood. “Estos niños ya han sufrido daños irreparables por la detención y la separación de sus familias. No nos mantendremos al margen mientras la administración de Trump continúa socavando los derechos más fundamentales de los niños”, puntualiza Underwood en un comunicado.
Estos son los puntos más significativos de la carta con las opiniones que los fiscales estatales a las autoridades federales del ramo:
- Describen cómo la regla propuesta contradice las protecciones importantes garantizadas por el Acuerdo de Conciliación Flores, incluida la presunción de que todos los niños son elegibles para su liberación hacia la comunidad;
- Abordan las preocupaciones constitucionales con la detención indefinida de niños;
- Llaman la atención sobre la evidencia que muestra que la detención no es un impedimento para la inmigración;
- Resaltan cómo la norma propuesta por el gobierno socava la concesión de licencias estatales para la colocación residencial de niños, que es un poder policial fundamental que tradicionalmente pertenece a los Estados; y
- Discuten la amplia evidencia de daño duradero a los niños desde el momento de la detención.
