Estudiantes de un colegio de privado de California. Foto: Los Angeles Times

No obstante, en la demanda presentada ante el Tribunal Federal del Distrito en Washington, DC, los estados consideran que “la razón de la Secretaria para ordenar el retraso –o sea, la demanda de las escuelas privadas de California-, es un ‘mero pretexto’ para derogar y reemplazar las reglas que ya estaban finalizadas”. Porque los estados están tratando de restaurar esas reglas, como hemos visto en la prensa, y la actual administración continúa desmantelando el legado de Obama pero sin reemplazarlo con protecciones legales y reales para la sociedad civil. ¿Suena familiar?

De la redacción

A mediados del mes pasado la Secretaria de Educación del gobierno de Trump desafió una póliza de la administración Obama que buscaba a partir de este primero de julio borrar la deuda estudiantil de préstamos federales a estudiantes que fueron engañados por Colegios fraudulentos.

Vale recordar que coincidentemente uno de estos colegios fraudulentos fue la “Universidad” Trump, según demostró el arreglo extrajudicial en el que el hoy mandatario tuvo que pagar entonces 25 millones de dólares para poner fin a una demanda de estudiantes defraudados por el referido colegio de negocios de Trump.

De esta suerte, fiscales generales demócratas de 18 estados y del Distrito de Columbia presentaron una demanda este jueves contra el Departamento de Educación y su secretaria, Betsy DeVos, desafiando su intención de “congelar nuevas reglas para borrar la deuda de préstamos federales de los estudiantes que fueron engañados por Colegios que actuaban fraudulentamente”, dice The New York Times.
Dichas reglas, conocidas como defensa del prestatario, fueron finalizadas en octubre por el gobierno de Obama después de años de negociación y revisión. Pero “se había previsto que entraran en vigor el 1 de julio de este año. Sin embargo, después de que el presidente Trump asumiera el cargo, “fue suspendido el reinicio de dicha regulación citando una demanda federal presentada en mayo por una asociación de colegios con fines de lucro en California, que buscaba bloquear esas reglas”.

Es «un proceso confuso e injusto para los estudiantes y las escuelas», dijo DeVos en su oportunidad, y anunció que establecería “un nuevo comité de toma de decisiones para reconsiderar el asunto desde cero”.

Por su parte la portavoz del Departamento de Educación, Liz Hill criticó la demanda de los estados calificándola de «sesgada ideológicamente». En cambio defendió la demanda de los colegios privados de California, asegurando, según ella, que «hace cargos serios y creíbles» de instituciones que serían afectadas por las nuevas reglas”.
No obstante, en la demanda presentada ante el Tribunal Federal del Distrito en Washington, DC, los estados consideran que “la razón de la Secretaria para ordenar el retraso –o sea, la demanda de las escuelas privadas de California-, es un ‘mero pretexto’ para derogar y reemplazar las reglas que ya estaban finalizadas”. Porque los estados están tratando de restaurar esas reglas, como hemos visto en la prensa, y la actual administración continúa desmantelando el legado de Obama pero sin reemplazarlo con protecciones legales y reales para la sociedad civil. ¿Suena familiar?

Paralelamente, dos estudiantes prestatarios, del colegio privado New England Institute of Art, en Brookline, Massachusetts, “demandaron también el jueves al Departamento de Educación en la misma corte federal por la demora en la entrada en vigor de dichas reglas. Fueron defraudados en 2015, en realidad por la empresa matriz, Education Management Corporation, que se comprometió entonces a pagar 95 millones de dólares “para resolver una demanda del gobierno que acusa a esta empresa de hacer pagos ilegales a los reclutadores”.

La fiscal general de Massachusetts, que lideró la coalición multiestatal, Maura Healey piensa que es un secreto a voces la consistente unión de intereses entre la Secretaria del ramo y los directivos de escuelas privadas en la nación, desde el primer día en que echó a andar su gestión “contra estudiantes y familias que se ahogan en préstamos estudiantiles inasequibles», dijo. «Su decisión de cancelar las protecciones vitales para estudiantes y contribuyentes es una traición a la responsabilidad de su oficina, y una violación de la ley federal», acusó Healey.
El asunto no es menor y tiene más bien un carácter de urgencia. Por ejemplo, sólo uno de los colapsos de una de las dos mayores y gigantescas cadenas de colegios privados o con fines de lucro –conocidos en México como ‘universidades patito’-, como el Corinthian Colleges que se llevó entre las patas a unos 15 mil estudiantes de una de estas escuelas fraudulentas que los dejan colgados de la brocha, endeudados y sin grados académicos que los validen como profesionales en el mercado de la fuerza laboral.

Y es que una de las leyes federales sobre esta materia que actualmente está vigente, afirma el Times, “permite a los prestatarios solicitar el perdón de préstamos si –demuestran que- asistían a una escuela que los engañaba o quebrantaba las leyes estatales de protección al consumidor”.

Rara vez utilizado este recurso legal, la calma en que permanecía dicha ley fue sacudida abrumadoramente por el número de solicitantes que súbitamente apelaron a ella, “después de la ola de fracasos académicos de los colegios con fines de lucro”.