De la redacción

Protestan Nueva York donde se somete una demanda de 16 Estados contra el gobierno federal por la derogación de DACA. Foto: New York Law Journal.

Mientras la responsabilidad de haber puesto fin al programa de acción diferida, DACA, y de resolver este peliagudo asunto rebota entre la Casa Blanca y el Congreso, 16 fiscales estatales liderados por los estados de Nueva York, Massachusetts y Washington, sometieron una demanda contra la administración federal en la Corte del Distrito Este en Brooklyn. Los argumentos que sustenta la demanda son simples: La decisión de terminar el exitoso programa “viola el derecho al debido proceso… afecta a los residentes, las instituciones y a la economía de los Estados; y viola la cláusula de igual protección por discriminar contra los mexicanos, que representan el 78 por ciento de los -casi 800 mil- recipientes de DACA”.

El Fiscal General de Nueva York, donde viven 42 mil dacamentados, Eric Schneiderman encabezó una coalición de 16 fiscales generales en la presentación de una demanda en una corte federal de Nueva york. Los 16 fiscales generales, aparte de Nueva York, corresponden a los estados de Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Massachusetts, Nuevo México, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

En un comunicado de prensa, Schneiderman declara que «La inmigración es la fuente de vida del Estado de Nueva York. La decisión de la administración Trump de poner fin a DACA es cruel, inhumana y devastadora para los 42 mil neoyorquinos que han podido salir de las sombras y vivir una vida plena como resultado del programa… Estos ‘soñadores’ cumplen las reglas. Trabajan duro y pagan impuestos. Estados Unidos es el único hogar que han conocido y merecen quedarse aquí y seguir contribuyendo a nuestra gran nación».

Utilizando a Nueva York como un ejemplo individual de los daños causados a los Estados por poner fin a DACA, Schneiderman sostiene que el fin de este exitoso programa causará un gran daño económico a Nueva York, y que dicha acción está impulsada por el sesgo anti-mexicano personal del presidente Trump.

“Los Fiscales Generales no han dudado en actuar para proteger a aquellos a quienes servimos, y estoy comprometido a seguir usando todas las herramientas legales y constitucionales para proteger a los neoyorquinos… Es por eso que estamos llevando a la administración de Trump a los tribunales, para proteger a los soñadores y a los empleadores que dependen de ellos”, dice Schneiderman.

El Centro para el Progreso Estadunidense, basado en un estudio del Instituto de Política Tributaria y Económica afirma que “el 97 por ciento de los beneficiarios de DACA están empleados o van a la escuela. Nada más en Nueva York, dice, pagan 140 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales”.

Por otro lado, de acuerdo con un análisis económico del Instituto Cato, “rescatar a DACA costaría –sólo- a la economía de Nueva York más de 38 mil millones de dólares en la próxima década”.

A esta demanda se suman también una serie de declaraciones de empresas, instituciones académicas, gobiernos locales, beneficiarios de DACA y otros afectados por la decisión de la administración Trump de poner fin al programa.

Para leer la demanda abra este enlace: COMPLAINT FOR DECLARATORY AND INJUNCTIVE RELIEF

Entre otras cosas, la demanda establece que los beneficiarios de DACA son empleados por varias empresas y agencias estatales y municipales, que se benefician de sus habilidades y productividad. «Contribuyen significativamente a los ingresos y bases tributarias estatales y locales». Y a consecuencia del fin de DACA, «aproximadamente mil 400 dacamentados perderán su autorización de trabajo y pondrían perder sus empleos a partir de que cada uno de sus permisos comience a expirar».

En otro apartado de la demanda dice que más del 78% ciento de los dacamentados son de origen mexicano, o sea “más del doble del porcentaje de las personas de origen mexicano de la población total de los Estados Unidos nacida en el extranjero (29%)”.

El fin de DACA es la culminación de los propósitos de Trump, declarados desde el arranque de su campaña por la presidencia, continúa la demanda. “Ya sea que lo crea personalmente, o haga declaraciones para apaciguar a una parte de sus seguidores, o una combinación de ambas cosas, termina por castigar y menospreciar a México y a las personas con raíces mexicanas».

De hecho la Fiscalía General de Nueva York dio a conocer recientemente una guía denominada Orientación Legal Para Las Jurisdicciones «Santuario», donde señala que “Las Políticas De Deportación Del Presidente Trump No Cambian El Derecho De Los Gobiernos Locales De Proteger A Las Comunidades Inmigrantes”. Por lo menos 9 localidades de Nueva York ya han estado usando esta guía para proteger los derechos de todos los neoyorquinos, independientemente de las nuevas prácticas federales en torno a la inmigración. Y más tarde publicó una actualización a la guía de procurador Eric Schneiderman.

Por último, la fiscalía General de Nueva York advierte que “Las personas que han confiado en DACA son ahora más vulnerables a la remoción que antes de que el programa se iniciara, ya que entregaron información sensible al gobierno federal en sus solicitudes”, y deplora que “A pesar de las reiteradas promesas del gobierno federal de que no utilizaría esa información para llevar a cabo medidas coercitivas, el memorando no explica cómo el gobierno mantendrá dicha información segura, ni ofrece garantías de que los agentes de Inmigración no utilizarán dicha información” para deportar a los dacamentados y eventualmente a sus familiares indocumentados.

Para conocer el contenido completo del comunicado de la Fiscalía General de Nueva York, abra este enlace: Schneiderman demanda para proteger a los Soñadores y preservar DACA