De La Redacción
Estados Unidos pasa por una crisis de su sistema de educación, y en muchos aspectos esta crisis se agudiza en el estudiantado de bajos ingresos o de las minorías. El país intenta remediar este problema y se plantea diversos programas federales y locales para lograrlo, como el de que Ningún Niño se Quede Atrás, y sin embargo existen diversas las lagunas donde ‘el bote hace agua’.
En el tema de la educación pública como un derecho constitucional para todos los habitantes de este país, por ejemplo, el Estado de Nuevo México está siendo cuestionado en tribunales. A través de la demanda que el Fondo México Americano para la Defensa y Legal y la Educación, MALDEF sometió contra el estado de Nuevo México, bajo el argumento de que se están violando los derechos de los niños y se está poniendo a riesgo su futuro, dice un comunicado del Centro Legal para la Educación (Education Law Center), se persigue en dicha entidad remediar una situación que tiene muy preocupado a los padres de familia y a organizaciones que abogan en favor de la educación.
La Demanda, ‘Louise Martínez vs Estado de Nuevo México’, sostiene que «Cada estado tiene la obligación de preparar a todos los estudiantes para tener éxito en el futuro, y Nuevo México no está cumpliendo con esta obligación, respecto a demasiados de sus hijos y futuros líderes», declaró Thomas A. Sáenz, presidente de MALDEF, y Abogado General: «Los tribunales deben actuar para traer la justicia y la equidad al sistema educativo de Nueva México».
Los padres de familia en la demanda, así como organizaciones aliadas que los apoyan retan al Estado de Nuevo México “por negar un derecho constitucionales a los niños de esa entidad”.
En la demanda se afirma que dicho derecho de los niños a recibir educación ha sido violado por una serie de obstáculos arbitrarios creados por el Estado, que incluyen sistemas de evaluación docente poco transparentes e irresponsables, que impulsan maestros y líderes de las escuelas para que los estudiantes de bajos ingresos se inscriban de manera desproporcionada al programa de aprendizaje del inglés (English Learner).
Los demandantes se quejan también de “el financiamiento arbitrario e inadecuado para dicho programa de inmersión en el inglés para los estudiantes en desventaja económica, así como la incapacidad del Estado para ampliar los programas de pre-kinder, con el fin de asegurar que todos los estudiantes en situación de riesgo puedan acceder a esos programas”.
Además, los demandantes alegan que la omisión del Estado para apoyar y aplicar plenamente la Ley de Educación Indígena, la Ley de Educación Hispana y la Ley de Educación Multicultural Bilingüe, priva a los estudiantes de los programas culturales esenciales para una educación lo suficientemente necesaria, en virtud de la Constitución de Nuevo México.
Por eso es que los padres que están en dicha demanda y las organizaciones aliadas “impugnan la negativa del Estado a brindar el derecho constitucional que corresponde a sus hijos, para acceder a las oportunidades de educación que necesitan para tener éxito en el aula”, sostiene David Hinojosa, abogado de Maldef: “Es hora de que los tribunales intervengan y pongan fin a este patrón atroz de proxenetismo político y abandono, que sólo perjudica a los niños».
El documento del Centro Legal para la Educación señala que Maldef comenzó su investigación hace un par de años, después de sus debates sobre la brecha crónica en los logros del aprovechamiento académico, con varios grupos locales y estatales de la comunidad, incluyendo al Grupo de Trabajo de Educación Hispana, así como los líderes locales y los padres de familia en Nuevo México.
Dichas lagunas en el aprovechamiento incluyen cantidades porcentuales de más de 20 puntos en los exámenes estandarizados del Estado, con menos de la mitad de los niños y estudiantes de la minoría en riesgo, ganando calificaciones de «competente» en sus pruebas. Tras la investigación sustancial, y otra sesión legislativa fallida, los padres de los niños pidieron a Maldef entonces demandar al Estado de Nuevo México.
Louise Martínez, quien representa a los padres de dicha demanda, declaró: «Fui a la misma escuela que mi hija va, y nada ha cambiado. La escuela tiene una clasificación F, las aulas están superpobladas, los niños necesitan apoyo, y la violencia es alta. Mis hijos y todos los niños de Nuevo México merecen algo mejor. Mañana es demasiado tarde, tenemos que cambiar el sistema educativo de Nuevo México, ¡ahora!».
Para contactar el enlace de prensa del grupo Education Justice, puede hacerlo dirigiéndose a la siguiente dirección:
Molly A. Hunter.
Director, Education Justice
mhunter@edlawcenter.org<mailto:mhunter@edlawcenter.org>
973- 624-1815 x19
www.edlawcenter.org
