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De La Redacción
Para estas mujeres, el acta de nacimiento es el vehículo para obtener la ciudadanía de sus hijos, lo que se traduce en la certeza de que estos tendrán acceso a la educación, a los programas de salud y alimentos del Estado, y en fin, al progreso al que todo ciudadano tiene derechos bajo la Enmienda 14 de la constitución de este país. Y algo muy grave para estas mujeres, dice la fuente, es que sin el acta de nacimiento no pueden bautizar a sus hijos.
Cuando a María Hernández, una inmigrante mexicana indocumentada que acudió a la oficina del Condado en Texas por el acta de nacimiento de su hija recién nacida en un hospital de ese estado y se la negaron, cundió la frustración y la desesperación. Las autoridades argumentaron entonces que las reglas habían cambiado, y que ahora se requería que los padres de los niños nacidos en este país debían mostrar documentos que comprobaran que están viviendo legalmente en este país, reporta The New York Times en su edición del domingo.
María no fue la única mujer indocumentada que vivo esta experiencia, sino que fueron otras dos docenas de mujeres sin documentos legales de residencia que acudieron a las oficinas del Condado por el acta de nacimiento de sus hijos recién nacidos en hospitales de Texas y a las que también les fueron negados con el mismo argumento de las autoridades. Ni siquiera les aceptaban la matrícula consular que les otorga el consulado de México en ese estado, como documento de identificación.
Para estas mujeres, el acta de nacimiento es el vehículo para obtener la ciudadanía de sus hijos, lo que se traduce en la certeza de que estos tendrán acceso a la educación, a los programas de salud y alimentos del Estado, y en fin, al progreso al que todo ciudadano tiene derechos bajo la Enmienda 14 de la constitución de este país. Y algo muy grave para estas mujeres, dice la fuente, es que sin el acta de nacimiento no pueden bautizar a sus hijos.
Pero estas mujeres no se amilanaron y más bien se organizaron y buscaron ayuda legal. Más tarde, el año pasado sometieron una demanda contra el estado de Texas, y el viernes pasado el gobierno Texas llegó a un acuerdo, fuera de tribunales, en el que ampliará los tipos de documentos que los padres pueden presentar, permitiendo que las personas sin estatus migratorio legal puedan obtener certificados para sus hijos de nuevo.
La demanda se basó en otra demanda sometida al gobierno federal en 2015 en al que los padres demandantes argumentaron que los bebés que nacieron en las instalaciones médicas de Texas, no ponían en duda que eran ciudadanos. El estado aceptó entonces que no retaría la ciudadanía de los bebés nacidos en las facilidades médicas del estado, como establece la Enmienda 14 de la Constitución, sino que sólo adecuarían los requisitos de documentos de identificación de los padres.
Efrén Olivares, director legal del Proyecto de Derechos Civiles de la oficina del sur de Texas fue el abogado que defendió a las referidas mujeres. «La conclusión es que había una categoría de personas que estaban siendo excluidas de la obtención de un certificado de nacimiento al que tienen derecho constitucionalmente como ciudadanos nacidos en Estados Unidos sólo a causa de la situación migratoria de los padres”, dijo al Times.
En lo fundamental Texas no hizo cambios a las reglas básicas de certificados de nacimiento, las cuales, alegó Olivares, fue diseñadas para asegurar que los documentos esenciales se emitieron correctamente. Pero el estado acordó aceptar varios documentos de los padres que había empezado a rechazar. Cuando la ola de inmigrantes menores de edad y sin acompañante comenzó a llegar desde América Central e inundar la frontera de Texas con México en 2013, los legisladores cambiaron las reglas referentes a los documentos requeridos para solicitar un acta de nacimiento en ese estado para intentar frenar esa migración.
Al año siguiente, Texas envió tropas de la Guardia Nacional a la frontera, y en 2014 lideró Texas lideró a 26 estados en una demanda federal para poner fin a los programas de inmigración del presidente Obama (DACA y DAPA), que protegen a los inmigrantes indocumentados de la deportación. lo que anima o atrae los cruces ilegales, dijeron las autoridades texanas. Como se recordará, la decisión del Tribunal Supremo quedó en un empate, y esto prácticamente puso fin a esos programas el pasado mes de junio.
Más tarde, cuando Donald Trump atizó el debate sobre los niños migrantes centroamericanos, las autoridad0es de los condados de Texas comenzaron a requerir pasaportes legales y válidos, con una visa vigente otorgada por los consulados de Estado0s Unidos en los países de procedencia de los solicitantes.
El temor creció entonces entre estas madres y padres porque sin la ciudadanía sus hijos no sólo no tendrían acceso a las escuelas ni a los servicios de salud; de hecho, según la fuente, algunos menores no fueron vacunados a tiempo, la preocupación mayor era que en caso de ser deportados, los padres podrían perder a sus hijos por no tener un comprobante para mostrar que eran sus hijos.
Las autoridades argumentaron que los niños no necesitaban el acta de nacimiento para ir a la escuela o recibir cuidados médicos de emergencia. Pero el juez de la Corte del Distrito Oeste de Estados Unidos, al que pertenece Texas, y que escuchó el caso, Robert L. Pitman se mostró por lo menos escéptico ante los argumentos del gobierno texano. Y en octubre pasado emitió un fallo judicial en el que ante el reclamó de Texas, de que un certificado de nacimiento no era un documento vital , simplemente se mostró incrédulo.
Bajo el referido acuerdo, Texas confirmó que los inmigrantes mexicanos y centroamericanos podrán presentar una tarjeta de identificación del votante. En virtud de un cambio reciente los sus ciudadanos de dichos países pueden ahora obtener esas cartas en los consulados de México, El Salvador, Guatemala y Honduras en Estados Unidos.
Texas también ha puesto en marcha un proceso retroactivo de revisión para los padres cuyas solicitudes fueron rechazadas, así como la formación de más de 450 funcionarios del condado que emiten certificados de nacimiento. Y estableció un periodo de 9 meses para monitorear que Texas cumpla con el acuerdo.
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