De la redacción
El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel explica su enfoque acerca del informe del Departamento de Justicia en los esfuerzos que ya ha comenzado la ciudad para reformar el Departamento de Policía de Chicago. A sulado el jefe dela policía y atrás la exprocuradora de justicia Loretta Lynch. Foto: Chicago Tribune.
Arrecia la guerra desatada por la administración Trump contra las llamadas ciudades santuario, o aquellos gobiernos estatales y locales que se niegan a distraer el gasto público en ayudar a los agentes federales de Inmigración para perseguir, encarcelar y deportar inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la fuerza con que la administración federal persigue y amenaza a estas ciudades al parecer está generando una respuesta proporcional de gobernantes, políticos, iglesias, universidades, instituciones e individuos defensores de los inmigrantes. O sea, la administración Trump parece estar creando a su propio sepulturero.
Esta vez toca defenderse de los ataques xenófobos y racistas de la administración federal a la ciudad de Chicago. Ayer lunes su alcalde, Rahm Emanuel demandó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a su titular Jeff Sessions, por la amenaza de cortar las subvenciones federales que Chicago necesita para combatir el verdadero crimen y para preservar la seguridad de la población. Emanuel calificó la amenaza de Sessions como “un ataque en contra de la seguridad pública y de la conciencia de la ciudad”, reporta hoy The New York Times.
Pero tras la demanda del alcalde Emanuel, horas más tarde Sessions declaró que la violencia callejera en Chicago es sin duda “horrible”; pero agregó que «ninguna cantidad de dinero de los contribuyentes federales ayudará a una ciudad que se niega a ayudar a sus propios residentes».
Este recurrente argumento de la presente administración federal que está siendo utilizado como instrumento de chantaje, para alinear a las ciudades que se resisten a las políticas federales de persecución, ha dado paso a un intercambio de amenazas y respuestas que ha escalado. Y se ha convertido en un pleito de ida y vuelta entre la Casa Blanca y Chicago, sobre la violencia endémica de la ciudad y las pandillas.
«Chicago no dejará que nuestros oficiales de policía se conviertan en peones políticos en un debate», dijo Emanuel, representante de un gobierno municipal demócrata, cuya ciudad recibió 2.3 millones de dólares para el combate a esta violencia urbana el año pasado, dinero proveniente del programa que ahora está bajo ataque, dice la fuente.
Y como a las declaraciones ‘se las lleva el viento’, Emanuel está pidiendo a un juez “que arroje nuevas reglas para del Departamento de Justicia; que dictaminen de manera clara si Chicago no es elegible para solicitar tales subsidios “a menos que la ciudad acepte dar a las autoridades federales de inmigración pleno acceso a sus comisarías y proporcione un aviso de 48 horas antes de liberar a las personas buscadas por los agentes de Inmigración”.
Chicago no es para nada el primer municipio que desafía la línea dura de esta administración contra ciudades santuario. “San Francisco y el condado de Santa Clara, California, obtuvieron una orden en abril contra un esfuerzo federal más amplio para negar fondos federales a los gobiernos locales que limitan su cooperación con las autoridades de inmigración. Seattle y Richmond, California, entre otros, también han demandado”. Pero este litigio llega en un momento complicado para Chicago, que ha luchado con una tasa de homicidios persistentemente alta, afirma el Times. Pues el financiamiento federal es esencial, dicen los funcionarios de Chicago, porque está dirigido a resolver el problema de la delincuencia de la ciudad.
Por si esto fuera poco, la demanda del alcalde Emanuel se suma pues a una ya compleja relación entre Chicago y el Departamento de Justicia. Funcionarios de la ciudad esperan saber si el Procurador Sessions planea hacer cumplir una investigación del Departamento de la Policía de Chicago, completada en los últimos días de la presidencia de Barack Obama, que encontró un patrón de prácticas discriminatorias entre las filas de la uniformada de esa llamada ‘ciudad de los vientos’.
Ayer lunes los líderes de la ciudad dijeron que esperaban una decisión preliminar sobre la demanda antes del 5 de septiembre. Y es que “esta es la fecha límite para solicitar fondos nuevos del programa Edward Byrne Memorial Justice Grant”, que de acuerdo con dicha demanda proporcionó «apoyo crucial» al Departamento de Policía.
El dilema del alcalde Rahm Emanuel consiste en atender la petición de la administración federal para alinearse a sus políticas antinmigrantes, o “escoger entre sus valores fundamentales como ciudad que acoge a sus inmigrantes y defiende los principios fundamentales de una policía comunitaria», concluye la fuente■
