Donald J. Trump. Foto: ACLU
Los intentos del presidente Trump para restituir presuntamente la confianza de los estadunidenses en el sistema electoral recibieron una respuesta negativa de los funcionarios estatales que manejan este sistema. Se negaron a cumplir con una petición enviada recién en una carta de la Comisión para la Integridad Electoral, creada recientemente por Trump luego de sus infundados alegatos de que 5 millones de votos fueron fraudulentos en la elección que lo llevo a la Casa Blanca. Información que ha sido desestimada con pruebas de las autoridades federales del registro electoral.
De la redacción
Como hemos reportado en otras ocasiones en este mismo espacio, los ataques del presidente Trump contra las minorías, principalmente latinos, aunque también negros y blancos pobres, han cobrado relevancia en el ámbito electoral también, lo que se traduce además, en “un ataque a nuestra democracia”, dice un comunicado de la Unión Estadunidense de Derechos Civiles, ACLU.
Pero Anthony D. Romero, director ejecutivo de ACLU, afirma en el referido comunicado que “lucharemos contra estos ataques con todo lo que tenemos, tanto en los tribunales como en las calles”.
Es por eso, apunta Romero, “que nuestro equipo legal presentó una querella legal demandando transparencia y responsabilidad de la fraudulenta Comisión de Integridad Electoral de Trump. Por lo que los miembros de ACLU como usted ya están organizando a sus comunidades para oponerse a este intento de supresión del voto a nivel nacional”.
La misiva de ACLU se refiere a la reciente creación de la administración Trump, de la referida comisión para la integridad del voto, que en realidad busca suprimir el sufragio de las minorías, como reportamos oportunamente aquí: un organismo a modo que busca alejar de las urnas al elector presumiblemente demócrata, a través artilugios legaloides de intimidación, como exigir a la hora de votar una credencial de elector con fotografía oficial, o en algunos lugares comprobación de ciudadanía, y hasta el amañado rediseño de líneas distritales, entre otros.
En el artículo citado reproducíamos una declaración de Justin Levitt, profesor de la Escuela de Leyes Loyola, quien declaró en su oportunidad: “Es tremendamente irresponsable que una entidad federal pida toda esta información sin antes discutir cómo se utilizará y si reunirla para esos propósitos es una buena idea”. Levitt ha estudiado por años la incidencia de fraude electoral a profundidad y no ha encontrado prácticamente ninguna incidencia, dice la fuente.
kris Kobach el vicepresidente de dicha comisión electoral de Trump y al mismo tiempo Secretario de Estado de Kansas, es autor de leyes antinmigrantes como la SB 1070 de Arizona, conocida también como ‘enséñame tus papeles’, y de la HB 56, de Alabama; se sabe también que ha estado ligado a grupos supremacistas blancos, como el Ku Klux Klan, entre otros. Su alegato se basa en seis casos de personas que en el pasado se registraron en dos distritos, en una misma elección, de los que sólo un caso resultó culpable. Esto, de un universo de unos mil millones de votos revisados en los últimos 10 o 15 años.
Por tal razón Anthony romero llama la atención de los habitantes de Estados Unidos que podrían ser víctimas de la confusión por la falta de claridad –por decir lo menos- de las políticas que emanan de la Casa Blanca:
“Permítanme ser claro: la comisión de Trump es una farsa. No tiene nada que ver con la protección de la integridad de nuestras elecciones. Se trata de sentar las bases para las devastadoras medidas de supresión de votantes que seguramente se dirigirán a las comunidades minoritarias y de bajos ingresos”, sostuvo.
Agrega: “Su apoyo es la razón por la que ACLU tiene el poder para luchar contra estos intentos de privar de derechos a los votantes -tanto a nivel federal como estatal. En este momento, estamos liderando el camino y litigando 14 casos de derecho al voto en 11 estados. Y seguimos la pista marcando muy de cerca a más de 15 leyes destinadas a restringir su derecho al voto”.
Como se recordará, para garantizar supuestamente la integridad del voto Kobach pide a los estados que a más tardar el 14 de julio entreguen toda la información disponible públicamente sobre sus votantes; incluyendo nombres, direcciones, fechas de nacimiento, antecedentes penales, estado militar, filiación política y los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social.
Por eso Anthony romero sostiene que “Sabemos lo que se necesita para ganar. Gracias a nuestra resistencia, la comisión de Trump ya no ha podido acceder a su información personal – y la información personal de cientos de millones de votantes- con un poderoso reproche de los gobiernos estatales.
Porque dicha como habrá de recordarse también, que pretendió –sin éxito- sustentar los infundados alegatos de Trump sobre los 5 millones de votos que según él fueron fraudulentos y emitidos por indocumentados en la elección que lo llevo a la Casa Blanca, fue rotundamente rechazada por los Departamentos de Estado de casi todos las entidades federativas del país, incluido el estado de Kansas, donde el propio Kobach es ¡su Secretario de Estado!
Pero la lucha está lejos de terminar, dice sin embargo la ACLU. “Nos va a llevar a todos -día a día- derrotar la agenda odiosa, xenófoba, misógina y antidemocrática de Trump y sus compinches, como Jeff Sessions y Kris Kobach” advierte Romero.
Todos juntos, concluye, “podemos impedir que Trump y su falsa comisión debiliten la integridad de nuestra democracia al bloquear su acceso a las urnas”■
